Sobrevivir. Esa es la palabra a la que se aferran cada día los indígenas wayúu en La Guajira. No tienen agua, alimentos, transporte y menos un servicio de salud digno, pero aun así viven una lucha constante por tener un futuro o, por lo menos, un día más de existencia.Aunque la situación no es desconocida para el país, nada parece cambiar e, incluso, estaría peor. En las siete semanas que lleva el 2016, han fallecido siete menores en clínicas de Barranquilla y La Guajira.La situación tiene en alerta al país. Desde el fin de semana pasado, la Red de Veedurías, la Armada Nacional y la Gobernación empezaron a trasladar a algunos pequeños de las rancherías a las clínicas de Ríohacha con el objetivo de hacerles valoraciones y conocer sus estados de salud.Primero, evaluaron siete niños que la Gobernación trasladó desde Manaure. El resultado fue uno: todos tenían problemas asociados a la desnutrición.Luego siguió un grupo de 16 menores. La evaluación, dada a conocer por la Red de Veedurías, fue que todos tenían retraso en talla y un alto riesgo de desnutrición. Según esa organización, los factores para que los pequeños estén en esa situación, se deben, entre otros, a la “falta de oportunidad para acceder a los servicios de salud: hospitales a cuatro horas”.Por último, este lunes la Gobernación trasladó 10 niños y sus madres al Hospital Nuestra Señora de los Remedios de la capital de ese departamento. Estos 33 menores, en total, que han sido atendidos en tan solo un par de días, son la muestra de lo que ocurre en una de las regiones más olvidadas y saqueadas del país.Ante el caos, las autoridades han buscado soluciones momentáneas que calmen un poco la tragedia que se vive en la península. La Gobernación y la Armada han trasladado 50 toneladas de comida y han llevado algunas brigadas de salud a las rancherías de los indígenas. El ICBF y el Ministerio de Salud activaron una línea telefónica que funcionará las 24 horas para atender las necesidades de agua, nutrición y salud de los wayúu.“La lucha contra la desnutrición en La Guajira es y seguirá siendo una prioridad. Aun cuando las muertes por este motivo en menores de cinco años se redujeron de 48 a 38 entre 2014 y 2015 (21 % menos), los esfuerzos y las inversiones del Gobierno se mantendrán hasta cuando esta cifra sea igual a cero”, aseguró el viernes pasado el viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz Gómez.Sin embargo, para muchos, estas medidas son parciales y no solucionan de raíz los problemas que vive esta comunidad.“Las autoridades pueden decir que las cosas están mejorando, pero más allá de la respuesta que pueda dar una persona, la realidad habla por sí sola. La crisis afecta a toda la población, las personas de la tercera de edad también se están muriendo. No hay animales, no hay vegetación. No hay nada. Ni siquiera entra la señal de celular, por eso no entiendo cómo activan una línea telefónica”, manifestó Carolina Sáchica Moreno, abogada de los indígenas wayúu ante la CIDH, a Semana.com.Ella es la mujer que expuso la situación de esta comunidad ante la Comisión y que logró que el pasado 17 de diciembre del 2015 la CIDH instara al Estado colombiano a tomar medidas urgentes de protección para los niños de La Guajira y ordenó que se les garantizara el agua, los alimentos y los servicios de salud.Sin embargo, han pasado más de 40 días y el Gobierno -según dice- no toma medidas estructurales, sino coyunturales. “¿Cómo pretenden llegar a la población si ni siquiera tienen un censo? Así no se puede impactar allá”, manifestó.Y ahora la situación es más complicada. Desde que empezó la crisis fronteriza con Venezuela en agosto del año pasado, las condiciones en las que estaban los indígenas que viven en la Alta Guajira, como sucede en Castilletes, se agravaron.La razón es una: las distancias. Mientras los habitantes de Nazaret (en la zona alta) se podían tardar hasta Uribia unas 12 horas en llegar, a La Guajira venezolana podían llegar en un par de horas, por eso ellos acudían más a los alimentos y atención del país vecino.Los wayúu, ¿tienen responsabilidad?En mayo del año pasado, cuando la directora del ICBF reportó la muerte de tres niños wayúu en Uribia y Manaure, aseguró que, al parecer, las familias no permitieron que los menores fueran llevados a un centro asistencial.“Hemos encontrado niños que a pesar de estar afiliados a una EPS no reciben atención médica porque sus padres no permiten que les garanticemos atención en salud”, anotó. No son pocos los que han asegurado que los indígenas wayúu son los que no han permitido que las EPS los atiendan. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Decenas de indígenas de la comunidad wayúu viajaron desde Bahía Portete hasta Ríohacha el pasado dos de febrero para clamar atención del Gobierno. Eso, mientras cientos de habitantes, políticos y altos funcionarios celebraban el día de la Virgen de los Remedios, en las que, paradójicamente, se derrocha agua como costumbre.¿Qué pedían? Que el Estado respondiera por sus necesidades básicas, como agua, educación, salud. Si los wayúu no necesitaran atención, los padres de los niños que murieron la semana pasada, no habrían salido de sus rancherías para viajar hasta Barranquilla con el único objetivo de que los médicos hicieran ingentes esfuerzos para salvar a sus hijos.“En parte el ICBF ha responsabilizado a los wayúu de lo que ocurre. Dicen que los indígenas no permiten ser atendidos por las EPS o que los grandes se comen los alimentos de los niños, pero no es así (…) Las imágenes que se muestran a veces en los medios, en donde se ve que las madres no dejan que los médicos se lleven a sus hijos, están descontextualizadas. Ha sucedido que funcionarios del Estado ven a los niños y de inmediato se los quieren llevar, y para una mamá no es fácil”, manifestó Sáchica.Para ella, el problema es que se intentan tomar medidas para solucionar la crisis sin conocer las dinámicas y la cultura de la comunidad. “Cuando las brigadas o campañas son concertadas con los líderes de los wayúu, ellos hacen filas para ser atendidos. Pero a la fuerza y a las malas, es difícil”, recalcó.Mientras las autoridades buscan posibles soluciones para detener el drama que se vive en La Guajira, los indígenas wayúu siguen aferrándose a la vida. Lo cierto es que queda pendiente ver cómo el Gobierno acatará la orden de la CIDH y acabará, de manera estructural, con la agonía de este pueblo.