María Gladys Pacheco está indignada. Su casa humilde es una de las cerca de cien soluciones de vivienda que el Distrito subsidió con recursos cercanos a los 1.000 millones de pesos. Está indignada porque si bien, con bombos y platillos, recibió la vivienda, esta estructura demostró poco a poco que no reúne las condiciones de habitabilidad mínimas. En su baño, por ejemplo, la regadera quedó instalada en un sitio insólito. Si se imagina el rectángulo del área de ducha, el montaje se hizo en una de las paredes más anchas, en vez de alguna de las angostas (que es lo usual). Así, el baño diario es una experiencia, al menos, incómoda por el poco espacio para moverse. Ahora, en la cocina, la llave del lavaplatos no sirve y, donde debería ir una escalera, solo hay un hueco. El mesón de la cocina se dobló y la humedad sobresale en algunas paredes. En esa casa, la señora Pacheco tiene un taller de costura justo en el lugar donde debería quedar la sala. Es decir, vive entre la estrechez y los daños. Esta es solo una pequeña muestra de un sinnúmero de irregularidades en la construcción de las viviendas del conjunto Rincón de Bolonia, una urbanización situada en el extremo suroriental de Bogotá en donde no existe transporte público, los colegios quedan a más de 40 minutos a pie y las vías están sin terminar. A esta obra le puso la lupa la Personería de Bogotá, que advierte que la Administración Distrital no ha hecho el seguimiento adecuado para darle una solución a las anomalías o para evitar más daños. Desde 2013, la Secretaría de Hábitat entregó 16 millones de pesos a cada grupo familiar, todos conformados por personas humildes, con la idea de proveerles vivienda digna. Los dineros fueron girados a CG Constructores, una empresa creada en 1988 en Manizales con una larga trayectoria. En su página web aparece que han levantado más de 4.000 unidades de vivienda. El organismo de control ha recibido decenas de quejas y ha hecho advertencias al constructor y al Distrito para que corrijan las deficiencias. Pero lo que más tiene alarmada a la Personería es que la Secretaría de Hábitat entregue los millonarios recursos sin un control exhaustivo. “Las entidades distritales, encargadas de hacer seguimiento, han confirmado de muchas formas las deficiencias constructivas. Pero ninguna hace nada”, dice un funcionario del ente. Periodistas de Semana.com fueron hasta el lugar. Tal y como aparece en los informes de la Personería en las viviendas subsidiadas se evidencian fisuras y humedades, las vías y andenes no están terminados y en los terrenos de los alrededores -área de montaña- se evidencian desprendimientos de tierra. Representantes de la comunidad aseguran que además de las fallas no construyeron obras complementarias como parques y espacios aptos para la circulación de personas. Allí, hasta las calles son reducidas. Otra irregularidad Pero hay más. La constructora, contrariando la recomendación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no ubicó el tanque de almacenamiento de agua potable en la parte más alta de la urbanización, a fin de distribuir por gravedad y de manera más eficiente el líquido. Lo instaló en la parte baja, lo que obliga a los vecinos a pagar el costoso mantenimiento de las bombas. Con un elemento adicional: es gente de escasos recursos. A esto se suma que el permiso de habitabilidad de la Secretaría de Hábitat no fue expedido. No obstante, el constructor de la urbanización entregó la mayoría de las viviendas hace dos años. Tampoco la Alcaldía de Usme le otorgó al constructor el permiso de ocupación. “En las entidades distritales hay falta de experiencia, ineptitud y falta de coordinación. No es posible que en estos entes no se hagan los ajustes necesarios”, dijo el personero Ricardo Cañón. El alto funcionario considera que la Secretaria de Hábitat no solo debe entregar los subsidios, también debe cumplir su papel de veedora en cada proyecto. “No hay dolientes en este tipo de obras donde se comprometen los recursos públicos”, afirmó. A pesar de ello, en la Secretaría del Hábitat sostienen que han efectuado control técnico al proyecto. Minimizan el impacto de las denuncias bajo el argumento según el cual no son 93 casas sino 82 y que todo se ajusta a la norma. El subdirector de Recursos Públicos de la Secretaría de Hábitat, Juan Sebastián Ortiz, tiene la certeza de que los dineros se están invirtiendo bien. “Nosotros solo vamos desembolsando contra el avance de obra que nos va mostrando el constructor”, dice, al tiempo que resalta que la obra cuenta con un interventor (ingeniero) y un supervisor que hacen seguimiento del proyecto. ¿Qué dice la constructora? En diálogo con Semana.com el representante legal de CG Constructores, Martín Gómez, reconoció parte de los errores y dijo que varios de ellos estaban siendo corregidos. Además señaló que las especificaciones de las casas cumplen la norma urbanística y que esta, de todas maneras, debe modificarse porque está desactualizada frente a las nuevas reglas de construcción. Sobre los señalamientos de la Personería dijo que el ente hablaba sobre temas técnicos sin ningún conocimiento. Una respuesta del todo sorprendente. Rechaza que el ente de control los culpe por las irregularidades y suelta prenda sobre algo increíble: que su empresa cambió las dimensiones de las viviendas de 3,20 metros de frente por 11 metros de fondo a 3,20 por 7 metros. Es decir, redujeron los espacios para poder construir más casas, en detrimento del espacio habitacional. Sin embargo, Gómez asegura que los vecinos estuvieron de acuerdo con esta reducción. Y, con todas estas irregularidades, aflora un dato aún más sorprendente que todos los anteriores: el Gobierno le giró a esta constructora 15.000 millones de pesos como anticipo para edificar otras 988 soluciones de vivienda gratuita, financiadas por el gobierno nacional. Es el mundo al revés. Normal 0 21 false false false ES-CO X-NONE X-NONE