Al restaurante de la escuela María Auxiliadora, una endeble casita de madera construida hace cuatro años por la misma comunidad, le sobrevinieron las siete plagas de Egipto. La cocina está que se cae; las sillas se las comió la polilla; el tanque de almacenamiento de agua está roto y, por si fuera poco, a la manipuladora de alimentos en todo el año no le han pagado un peso por sus servicios. Cuarenta y cinco niños, de entre 5 y 12 años de edad, que cursan la primaria en la vereda Caño Nuevo, del municipio de Unguía, en el Chocó, llegaron de vacaciones este lunes una vez más a comer acurrucados sobre la tierra pelada, como ha sucedido desde hace unos años para acá. Gladis Miranda, una vecina de la vereda, ha venido haciendo llamados a la Alcaldía, a la Gobernación del Chocó y al Ministerio de Educación, pero sus quejas se las ha llevado el viento. Nadie la escucha. Caño Nuevo es un pequeño poblado que pertenece al corregimiento Santa María la Nueva. Desde el casco urbano de Unguía, hasta la escuela, una moto se puede demorar más o menos una hora bordeando la trocha. El agua para cocinar en el restaurante literalmente cae del cielo. Pero cuando no llueve, en bestia llegan las cantinas con agua que sacan de un caño adyacente al río Cuti, en un recorrido que se demora unos 20 minutos aproximadamente. O sea, agua potable tampoco hay. La personera de Unguía, Yoelci Murillo, ha hecho varias denuncias al respecto. Según ella, en la escuelita María Auxiliadora se unen todos los males que sufren las otras 13 instituciones similares del municipio. “A ninguna de las manipuladoras de las escuelas les han pagado este año. Y lo peor es que no se sabe si les harán el contrato por 100 mil pesos mensuales o por 200 mil. Eso es muy triste, porque además de no ser un salario digno, no es el pago que obliga la ley”, dice. A finales del mes de abril, la misma Yoelci mostró fotografías y evidencias de que a estos mismos restaurantes escolares la comida estaba llegando descompuesta. Una responsabilidad que está en manos de la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social (Fungescol), firma que suscribió el pasado 9 de abril un contrato con la Gobernación del Chocó, por 4.863 millones de pesos. El objeto del contrato es implementar el programa de alimentación escolar en todo el departamento, incluyendo, por su puesto, las instituciones de Unguía. Yolanda Mosquera, secretaria de Integración Social del Chocó, en un primer momento negó que los alimentos hubiesen llegado en estado de descomposición a las escuelas pero, luego de hacer varias visitas, reconoció que las bodegas de almacenamiento con las que contaba Fungescol estaban en mal estado. “Los rectores nos dijeron que la comida se había dañado pero porque el operador había dado demasiados volúmenes de alimento que se dañaron en la unidad de servicios, pero que una vez llamaron al operador habían reemplazado los alimentos”, dijo. Luego del escándalo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que declaraba que los estudiantes no habían tenido contacto con productos putrefactos. “Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación se hizo un requerimiento al operador para dar una pronta respuesta, presentar sus acciones de mejora y garantizar el cumplimiento del mismo. El operador asumió su responsabilidad y de inmediato reemplazó los alimentos”. A raíz de que la situación se hizo pública, las legumbres, al menos en Unguía, han estado llegando en mejor condición. Sin embargo, Óscar Tejada Mena, el rector de la escuelita María Auxiliadora, le dijo a Semana.com que las condiciones en las que se preparan y sirven los alimentos son precarias. “La comida estaba llegando mala. Solo después de que se conoció la situación en los medios de comunicación ha mejorado un poco. En María Auxiliadora no hay menaje ni ollas para cocinar. El 80 % de las 11 escuelas nuestras tienen el mismo problema. Y por eso es que le hemos insistido a la Secretaría de Educación que interceda por soluciones”. Los reclamos del rector tienen sentido si se tiene en cuenta que, en uno de los apartados del contrato entre la Gobernación y Fungescol, se obliga al operador a: “adelantar y/o gestionar con el establecimiento educativo, y la entidad territorial la adquisición de equipos, instrumentos y menaje faltante o por reposición, de acuerdo con los lineamientos Técnicos Administrativos PAE”. Líneas más adelante dice: “reportar por escrito fallas o daños en la infraestructura física que afecten o pongan en riesgo la prestación del servicio”. Pero tanto el Ministerio de Educación como la Gobernación tienen responsabilidades en cuanto a los espacios en los que se presta el servicio de alimentación. Según el convenio No. 874, suscrito entre las ambas entidades, por un valor de 11.263 millones de pesos, la Gobernación está obligada a: “Compra de alimentos, contratación de personal para la preparación de los alimentos, transporte de alimentos, menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar, construcción y mejoramiento de infraestructuras destinadas a la provisión del servicio de alimentación escolar, así como interventoría, monitoreo y control en la prestación del servicio”. Es decir, todo lo que no hay en la escuelita María Auxiliadora, donde los niños, que no saben ni tienen por qué saber de contratos ni de millonarios convenios, se sientan todos los días a comer sobre la tierra.