No es el lugar más cómodo, ni el más agradable, ni tampoco el más seguro. Sin embargo, las 25 familias que armaron una vida dentro del Hospital San Juan de Dios, en el centro de Bogotá, no quieren irse. Edelmira Arias Carranza, de 58 años, es una de ellas. En 1990 ingresó a trabajar como funcionaria de servicios generales en el que era considerado el complejo hospitalario más grande de América Latina. Cada mañana, a su llegada, llenaba un cuaderno con su registro de entrada y salida. Con escobas, trapeadores, limpiones y desinfectantes, recorría los largos pasillos limpiando los pasos que otros iban dejando. Sin embargo, la dicha de trabajar en ese lugar -considerado Patrimonio Cultural- llegó hasta septiembre del 2001, fecha en que el Hospital San Juan de Dios cerró sus puertas. Muchos no entendían qué pasaba, pues –según cuentan- nunca les llegó una carta de despido, ni los indemnizaron, ni tampoco les explicaron por qué se cerraba el hospital. Fueron muchos años de trabajo que los funcionarios no pensaban dejar ir en un chasquido de dedos. Fue así como algunos siguieron yendo a trabajar y –para llamar aún más la atención- también llevaron sus corotos y armaron sus casas en las distintas salas médicas. Teresa Díaz laboró 18 años como auxiliar en la central de esterilización mientras funcionaba el hospital, y ahora lleva 14 años más viviendo en una de las antiguas salas de prótesis. Basta entrar un poco a su improvisada residencia para sentir el frío del olvido y la humedad que atraviesa las paredes. Teresa lleva 32 años ligada a este hospital. En ese tiempo tuvo dos hijos y un par de nietos que se crían en medio de cachivaches viejos. En la casa de Edelmira la situación es similar. No tiene habitaciones, sino consultorios. En su casa no hay muebles o un sofá para que sus invitados se sienten en la sala, sólo tiene dos largas hileras de sillas azules de hospital. Al caminar por el San Juan de Dios es inevitable no prestar atención a sus paredes carcomidas, al olor a encierro y a los objetos médicos arrinconados en las esquinas. Aunque parezca extraño, este lugar frío y lúgubre es el que 25 familias no quieren dejar así como así. Sin embargo, el adiós parece un hecho. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en la recta final de su administración y no quiere irse del Palacio Liévano sin dejar avanzado el proyecto de renovación y reapertura del Hospital San Juan de Dios. Petro está tan decidido a continuar con el plan, que este miércoles anunció sorpresivamente que empezaría un proceso de expropiación de este complejo hospitalario. Y para lograrlo, cada una de las personas que viven ahí debe irse. Aunque no es su obligación, el Distrito piensa reubicarlos dándoles una vivienda en la localidad de San Cristóbal. Sin embargo, a los residentes del San Juan de Dios no les parece suficiente y quieren que se les paguen los salarios de los 15 años que llevan viviendo ahí, además de pensión y seguridad social y que los indemnicen por daños y perjuicios. Aunque el fallo de la Corte Constitucional SU-484 de 2008 asegura que estas personas no tienen relación con el hospital desde el 2001, para ellos esa sentencia no existe y siguen trabajando. El Distrito está llegando a unos acuerdos con los residentes y aunque no será fácil, tendrán que salir de ahí para que la administración continúe remodelando cada uno de los espacios, como ya lo hizo con el laboratorio de biología, el inmunológico y el jardín infantil. ¿De quién es el hospital? El anuncio de la expropiación del Hospital San Juan de Dios cogió por sorpresa no sólo a los residentes, sino también al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien aseguró que él no fue notificado de la decisión que tomó el alcalde Gustavo Petro. Para Vélez, los inconvenientes se avecinan. El Distrito ya intentó comprar estos predios, sin embargo, nunca se pudo hacer el traspaso a su nombre porque –según la Superintendencia- no se ha definido quiénes son los propietarios del terreno. Según las escrituras originales, el complejo hospitalario pertenece a la Fundación San Juan de Dios –que está en proceso de liquidación-. Sin embargo, parece ser que ahora la Gobernación de Cundinamarca también podría ser dueña. Como aún no se define quién o quiénes son los dueños del hospital, el alcalde optó por expropiar. Ahora, el superintendente será el encargado de registrar el traspaso de esta propiedad al Distrito. El nuevo problema es que algunos temen que no se apruebe el registro, sin embargo, la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, asegura que por tratarse de un acto administrativo, Vélez no puede negarse. “Estoy segura de que el superintendente hará un estudio serio de los títulos y determinará que la propiedad está en cabeza de la fundación en liquidación”, manifestó Zamora. Mientras se resuelve quién es el verdadero dueño del predio y el Distrito continúa con su proceso de expropiación, las 25 familias que viven allí, en penosas condiciones, se niegan a abandonar lo que consideran suyo.