Hace unos días se ordenó un allanamiento. Estaba firmado por el magistrado y presidente de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Misael Fernando Rodríguez.
El objetivo era ubicar, extraer o incautar todo lo que huela a corrupción y que pudiera estar en los cajones, clósets, equipos o escritorios de María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, según la investigación por corrupción en la UNGRD, habría sido encomendada para hacer seguimiento a la entrega de contratos a dedo, por 92.000 millones de pesos, a congresistas de la Comisión de Crédito Público para que aprobaran los empréstitos que necesitaba el Gobierno de la banca internacional.
De acuerdo con fuentes del proceso, más de diez funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y de la Policía, enviados por el magistrado Rodríguez, llegaron hasta la vivienda de la mamá de la exasesora y llamaron a la puerta con la orden de allanamiento. Tres mujeres estaban en la casa: María Alejandra, su mamá y su tía.
En una casa del norte de Bogotá, donde la mayoría de muebles, equipos de cómputo, documentos son de propiedad de la mamá de Benavides, los investigadores incautaron todo lo que se podría advertir como prueba en las investigaciones contra los congresistas y la exfuncionaria, que resultaron enredados en el escándalo de la UNGRD.
Algunos testigos revelaron que a la diligencia de allanamiento los investigadores y funcionarios de Policía llegaron con armas de largo alcance, un hecho que llamó la atención cuando se sabía que quienes estaban en la casa eran la exasesora y dos adultas mayores. Las fuentes consultadas por SEMANA aseguraron que en la diligencia de allanamiento participó el propio magistrado Rodríguez.
El togado lo negó, como también negó el número de uniformados y el uso de las armas. Sin embargo, quienes lo conocen y saben de su trayectoria, señalan que es normal su participación en los actos de investigación. El magistrado fue investigador del CTI, conoce de procedimientos, recuperación de pruebas, allanamientos. “No envía razones, cumple sus propias órdenes”, contaron funcionarios que recuerdan su paso por la Fiscalía.
Curiosamente, días después del allanamiento, a los celulares de María Alejandra Benavides, su mamá, su tía y su abogado, llegó, de manera simultánea, una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp. La advertencia explicaba el riesgo de declarar, de convertirse en testigo, aunque ella y su defensa han guardado silencio frente al escándalo.
“María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el hpta de su abogado van a entender que hablar no paga. Brille para ellos la luz perpetua. Hptas”. Así fue la amenaza que les llegó y que motivó una denuncia en la Fiscalía, con los detalles y una solicitud adicional de medidas de protección para garantizar la vida de la exasesora del ministro Bonilla.
“Se aclara que María Alejandra Benavides aún ejerce su derecho de guardar silencio y se rechazan de manera enfática las amenazas a la vida de mi poderdante, sus familiares y en mi contra, como su apoderado, con el fin de cercenar los derechos y garantías judiciales”, dijo el abogado Jaime Andrés López en un comunicado.
Quienes conocen el proceso, en el capítulo de los aforados mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, saben que la clave de las supuestas reuniones y los compromisos corruptos con los congresistas está en la declaración o la versión que puede entregar María Alejandra.
Ella, como estrategia de defensa, se acogió al derecho de guardar silencio, pero la posibilidad de convertirse en testigo no está descartada. Está asustada, tiene los reflectores de la justicia encima que reclaman respuestas. ¿Recibió la orden? ¿Sabía que los contratos eran acuerdos corruptos?