Era abril de 2021 y la campaña por la presidencia estaba al rojo vivo, en ese momento el candidato Sergio Fajardo recibió un golpe demoledor, el fiscal Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Su intención de ser presidente se veía golpeada y desde entonces, junto con María Eugenia Escobar, su secretaria de Hacienda, emprendieron una cruzada para demostrar su inocencia, tarea que empieza dar frutos: la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria, pero el proceso penal sigue, aunque su defensa espera que también desaparezca ese fantasma.
En realidad, la bomba que les explotó en las manos a Fajardo y su equipo de la Secretaría de Hacienda hace dos años viene de mucho tiempo atrás, cuando era gobernador de Antioquia; en diciembre de 2013 decidieron firmar, con la asesoría de Findeter, un contrato de sustitución de deuda, que en la práctica significaba englobar lo que debía la Gobernación y pagarlo en un solo crédito con intereses muy bajos, un negocio muy favorable.
El ofrecimiento del crédito lo hizo la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y al gobernador Fajardo y a su secretaria Escobar les sonó la idea. Finalmente, se tramitó por 77 millones de dólares con CorpBanca. Todo marchaba sobre ruedas y parecía un negocio redondo, pero lo que no se esperaba era el aumento de la deuda por cuenta de la subida del precio del dólar.
El pago se hacía en pesos, pero la deuda se adquirió en dólares, y aunque por esos años la moneda estaba estable, en 2015 se disparó y de los 1.850 pesos que costaba al momento del acuerdo, escaló a casi 2.500 pesos. Por eso, para la Fiscalía, se podía probar que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, ni existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.
Sin embargo, pruebas recientes y la decisión de la Procuraduría han determinado que, junto con Findeter, el departamento de Antioquia llevó un trámite contractual ajustado a la norma. Un proceso de hace varios años, que casualmente despertó cuando Fajardo era candidato a la presidencia, pero que ha dado muchas vueltas.
Fajardo cumplió su periodo como mandatario de Antioquia y lo sucedió Luis Pérez; fue su secretario de Hacienda, Adolfo León Palacios, quien basado en un informe de la Contraloría señaló a Fajardo como el gobernador que había endeudado al departamento por el crédito en dólares. El asunto parecía haber parado ahí pero llegó a la Fiscalía.
Lo tomó el nada célebre fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, uno de los articuladores del escándalo más grande que haya enfrentado la rama judicial conocido como el cartel de la toga, en medio del cual magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de fuertes sumas de dinero, torcieron los procesos contra altos funcionarios para que no terminaran condenados. Con Moreno no pasó nada, pero en 2021 el caso reventó.
La decisión de la Procuraduría
Lejos de la contienda electoral regional que está despegando, a Fajardo y su equipo el panorama les ha empezado a aclarar. La Procuraduría cerró la investigación contra él, su secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, y su subsecretaria, Laura María Álvarez. Entre los argumentos para terminar con el proceso “se acreditó que el Comité Financiero y Tesorería Departamental, en agosto 2013, analizó los riesgos del negocio y en razón a la estabilidad en la tasa de cambio que en los últimos años no había sobrepasado los 2.000 pesos (así se registraba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo), sumado a la confianza que proporcionaba la línea de crédito Findeter, recomendó empezar la operación sin cobertura. La determinación sería objeto de revisión y se revaluaría en cada vigencia ante la necesidad de tomar la cobertura si había cambios en inesperados en el valor del dólar”.
La decisión de no realizar cobertura a la operación no fue irresponsable, sino estudiada. Además, en ese momento, con la reducción de la tasa de interés, la Gobernación tuvo un ahorro cercano a los 1.335 millones de pesos.
Pero hubo un factor que fue determinante para que la Procuraduría cerrara la investigación contra Fajardo, Escobar y Álvarez. Las entidades involucradas en el millonario contrato certificaron, con documentos, que la actuación de los funcionarios estuvo acorde con la ley y no fue una decisión acelerada que afectó las finanzas del departamento.
Así lo certificó el Ministerio de Hacienda, en un documento firmado por la coordinadora del grupo de asuntos legales, Claudia Marcela Gómez, y entregado el 12 de diciembre del año pasado. En él, reiteran que se trató de un crédito público interno en dólares y descartan de tajo la necesidad de celebrar una operación de cobertura cambiaria. También lo hizo la Gobernación de Antioquia en un concepto de la subsecretaria de Hacienda, Diana Patricia Salazar, entregado en noviembre pasado, en el que ratifican que el pago del crédito fue debitado en pesos y que se tomaron todas las precauciones.
La financiera estatal Findeter, que fue la que en principio asesoró y aprobó el negocio a la secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar, también aclaró que no se trató de un acto deliberado para afectar las finanzas de Antioquia, por el contrario, fue una operación en la que se cumplieron los requisitos y se estudiaron los riesgos. Aclaran que, en este negocio, el banco CorpBanca era el intermediario y el deudor de Findeter.
El lío penal
Aunque la decisión de la Procuraduría les da un respiro a Fajardo y a su equipo de la Secretaría de Hacienda, este lío de 77 millones de dólares le sigue generando dolores de cabeza, y no es para menos: la Fiscalía avanza en el proceso penal en el que todo puede ocurrir, incluso una condena, pero espera que acojan sus argumentos y también sea cerrado.
El exgobernador Fajardo y su entonces secretaria Escobar le pedirán al fiscal general que convoque un comité técnico para que, revisadas las nuevas pruebas, los fiscales delegados pidan preclusión de los procesos.
El argumento es que “las propias entidades del Estado, recientemente, han confirmado que la operación de crédito firmada por la Gobernación de Antioquia cumplió todos requisitos legales”.
En este escenario, señala la defensa, cabe preguntarse si la Fiscalía debe insistir en ir a juicio o pedir la preclusión y cerrar el caso para “evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia”. A lo que se suma la relatoría de Naciones Unidas, que solicitó al Estado colombiano hacer una revisión exhaustiva de los procedimientos contra Fajardo.
Esta carta que se juega el exgobernador y quienes formaron parte de su equipo económico no está planteada como un cruce de argumentos con el fiscal Francisco Barbosa. Por el contrario, busca recoger los argumentos de la Fiscalía.
Justamente, con base en un “informe de investigador de campo”, de la misma Fiscalía, en el que se buscaba establecer si el millonario acuerdo se trataba de un crédito nuevo o de una sustitución de deuda interna, se evaluaron aspectos técnicos como el contrato, la normatividad del marco fiscal de mediano plazo, contexto internacional económico para la fecha del acuerdo y variables de préstamos existentes. El documento concluye que “se trató de un préstamo de sustitución de deuda, dado que no se incrementaría la deuda del departamento por efecto de esta operación en particular”.
Y agrega el estudio de la Fiscalía que “al analizar toda la documentación se pudo observar que los recursos recibidos por concepto de la sustitución, es decir los 77 millones de dólares, fueron utilizados para hacer pagos anticipados a las deudas sustituidas con los bancos BBVA y Bancolombia; dado lo anterior, no se incrementó el endeudamiento neto del departamento”.
El abogado Mauricio Pava, quien defiende los intereses de Fajardo en la Corte y del equipo de la Secretaría en el Juzgado Penal de Medellín, señaló que “la Fiscalía tiene el deber de investigar y ya lo hizo. Pedir preclusión no es reconocer un error, es hacer justicia con base en nuevas pruebas. La Fiscalía tiene la oportunidad de convertirse en la autoridad que acogió las medidas de garantía y protección que para este caso le fueran solicitadas al Gobierno nacional, por parte de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Abogados y Magistrados de Naciones Unidas”.