Luego de que la Fiscalía radicara la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Mario Montoya Uribe por su presunta responsabilidad en el asesinato de civiles –reportados como resultados operacionales exitosos entre 2007 y 2008–, el Tribunal Superior de Bogotá estableció la fecha para dicha audiencia.
Según se conoció, esta se realizará el 25 de agosto a las 9 de la mañana y fue establecida por el magistrado Fabio David Bernal Suárez. Junto con la fecha se ordenó a la Defensoría del Pueblo asignar un abogado que actúe como representante de víctimas en el proceso.
Cabe señalar que al exgeneral se le atribuyeron 104 casos de ejecuciones extrajudiciales durante ese año. Se conoce que dichos casos fueron motivados por una política que daba beneficios a los oficiales por cada “baja” en combate. No obstante, en noviembre de 2007 ante las denuncias de varias oenegés sobre las posibles ejecuciones cometidas por miembros de la institución, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, se vio obligado a emitir una directiva en la cual priorizaba las desmovilizaciones y las capturas por encima de las bajas en combate.
El exoficial, quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es procesado por casos de ‘falsos positivos’ y la imputación se realizará luego de que el fiscal general Francisco Barbosa emitiera una circular que viabilizó avanzar en esos procesos. Anteriormente, la Fiscalía ya había pedido audiencia para realizar la imputación, pero esa diligencia quedó suspendida tras el paso del caso del general Montoya a la JEP.
La escandalosa noticia continuó haciendo eco, en especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde el tribunal de justicia transicional imputó a otros 15 militares. Ante los hechos, el fiscal Francisco Barbosa reveló a SEMANA que Montoya, quien ve como símbolo de esa política militar, sería imputado por 104 falsos positivos.
“Mire, en las diligencias de muchos de esos crímenes aparecían personas vestidas donde ni siquiera los impactos de bala cruzaban la ropa. Encontramos víctimas en estos expedientes que tenían dos zapatos derechos o dos izquierdos en los pies. Los análisis médico forenses fueron muy claros. Eso no es Colombia”, aseguró el fiscal general a SEMANA.
Cabe señalar que Barbosa señaló que la investigación que se le está haciendo a Montoya es de años; además, explicó lo que encontró la entidad que él dirige. “En el año 2006 se empezaron a presentar unas denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces. Y de forma inmediata se expidió, por parte del comandante general de las Fuerzas Militares, la Directiva 300-28, de noviembre de 2007. Sin embargo, después de esa directiva, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales, en la medida en que el general Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció esta directiva”, aseguró.
Barbosa relata que Montoya “fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones. Esto, además, está respaldado con que todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército en aquel tiempo y todos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Quiero decirlo con claridad: yo no estoy como fiscal general haciéndoles un juicio a las Fuerzas Militares. Pero las ovejas negras tienen que ser separadas rápidamente de lo que ha significado un cuerpo decente para una nación como la colombiana”.
Por otro lado, es preciso señalar que la defensa de Montoya dijo que la Fiscalía no podría hacer imputación de cargos y que una colisión de competencias tendría que ser resuelta por la Corte Constitucional. Además, señaló que el fiscal no puede desconocer la Ley Estatutaria que dice que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales que impliquen la afectación de derechos para los que se encuentran sometidos a la JEP.