El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación, ante un juez penal del circuito de Bogotá, de presuntamente estar implicado en actos de corrupción en la administración de la Justicia. Según el ente investigador, lo señalan de haber participado en la entrega de dineros a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía, a través de un comunicado, indicó que: “Labores de policía judicial evidenciaron que el exmagistrado, ya retirado del cargo, habría impartido instrucciones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor de los congresistas para que, con acciones ilegales, resultaran beneficiados sus clientes”.
Según lo indicado en el texto, Ricaurte Gómez está comprometido con los delitos de cohecho por dar u ofrecer, pues para el momento Moreno Rivera era defensor de los representantes a la Cámara Argénis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, quienes también están investigados penalmente por delitos de parapolítica, corrupción y bandas criminales.
La acusación fue dada a conocer por la Fiscalía en su cuenta de Twitter, en la que también publicó el comunicado, luego de realizarse la audiencia contra el exmagistrado de la Corte, ante los hechos que se presentaron entre 2015 y 2016 cuando Ricaurte Gómez habría instruido a Moreno Rivera “para que contactara al magistrado auxiliar, Camilo Andrés Ruiz, quien tenía a su cargo la tramitación de las investigaciones al interior del despacho del magistrado, Gustavo Malo Fernández”.
“La Fiscalía determinó que el objetivo de dicho acercamiento era manipular el proceso penal contra los dirigentes políticos y evitar su captura”, remarca el comunicado.
En las labores de investigación fueron recolectados testimonios que determinaron que el exmagistrado habría autorizado el pago de millonarias sumas a Ruiz, a través del abogado Moreno Rivera, " dinero que habría sido entregado por los congresistas Velásquez Ramírez y Córdoba Manyoma para impedir la apertura de una investigación formal” evitando así que las autoridades procedieran a su detención.
Además, el ente acusador determinó que Ricaurte Gómez habría solicitado “reestructurar los honorarios” duplicando las sumas acordadas inicialmente de 380 y 800 millones de pesos.
Ante la dificultad de avanzar en las investigaciones, la Fiscalía también afirmó que las indagaciones preliminares contra los congresistas se demoraron dos años.
Expresidente de la Corte Suprema, condenado por el cartel de la toga, seguirá excluido de por vida de la profesión de abogado
El pasado 9 de junio el Consejo de Estado le rechazó la tutela al expresidente de la Corte Suprema de Justicia quien seguirá excluido de por vida de la profesión de abogado y con la que buscaba tumbar el fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que le impuso la máxima sanción por su participación en el cartel de la toga.
Por medio de una acción de tutela, Ricaurte había pedido la protección de sus derechos al debido proceso y trabajo. Sin embargo, sus argumentos no fueron de recibo por parte del Consejo de Estado, que concluyó en un fallo de 31 páginas conocido en primicia por SEMANA.
“Si bien la sanción impuesta al tutelante le impide ejercer como abogado, la Sala no encuentra que quebrante directamente la Constitución Política, por cuanto quedó demostrado que en los hechos reprochados no atendió el mandato según el cual la profesión del derecho deje ejercerse con el propósito de velar por el bienestar de la comunidad y garantizar los fines del Estado”, precisa.
En el análisis jurídico se determinó que está más que probada la participación de Ricaurte en estos hechos de corrupción. Después de salir de las altas cortes aprovechó su contactos para crear una empresa criminal que cobraba altas sumas de dinero a aforados constitucionales para mover sus influencias en la Corte Suprema y que los casos fueran archivados o se dilataran.