Uno de los delitos que aún está grabado en la retina de los colombianos, y que causó un profundo dolor a miles de familias en el país, fue el secuestro perpetrado por la extinta guerrilla de las Farc. Al respecto, y durante décadas, las víctimas han pedido que esos hechos no queden impunes.
Pues bien, recientemente, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) recomendó que la sanción para los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc ronde los cinco a ocho años.
“El rol de cada uno variará según el proyecto asignado, ya que es muy posible que para alcanzar la ejecución de sanciones de cinco a ocho años se deban desarrollar varios proyectos que deberán ser delimitados y financiados anualmente, por lo que la delimitación a detalle por parte de los roles de cada compareciente resulta infructuosa”, señala uno de los apartes de la resolución.
Y agrega el documento: “En el mismo sentido, las restricciones a libertades y derechos también corresponderán a cada proyecto en particular, materializadas en el establecimiento de horarios, lugares de residencia y de restricción de la circulación para los comparecientes”.
“Esta variación corresponde también a la naturaleza del proyecto planteado, que contempla eventualmente la participación de todos los comparecientes seleccionados en el Caso No. 01, y en la medida que continúe la imputación y remisión de máximos responsables se podrán, probablemente, formular proyectos de distinta índole para ser adelantados de manera colectiva”, advierte la sala de la JEP.
En el análisis del caso se indicó que frente a la duración de la sanción, trascendió que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas recomendó que sea de ocho años para todos salvo para Rodrigo Granda, para quien calcula que debería ser de cinco años de sanción “por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción”, se expresa en el documento.
También deja clara la postura de esa sala: “En cuanto al contenido de la sanción, la Sala recomienda que todos trabajen en los proyectos señalados como Acción Integral contra Minas y Búsqueda de Personas Desaparecidas en los territorios donde fueron comandantes de Bloque, con roles, tareas, horarios y resultados que puedan ser medidos y tasados por la Sección, en las condiciones que indica la ley”.
“Este trabajo debe realizarse de manera tal que permita el afianzamiento de los procesos de reincorporación y arraigo de cada compareciente con su familia y comunidad de origen. En lo que respecta al proyecto Sumapaz, parece especialmente adecuado para quienes residen en Bogotá y tienen las condiciones físicas, debiendo el Tribunal estimar la compatibilidad de este proyecto con la participación en política de los congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo Torres”, dice la resolución.
Y anota: “Merece una consideración especial los problemas de salud de Milton Toncel, por su edad avanzada, y Jaime Parra por los problemas de salud ya descritos. Por último, se sugiere que los comparecientes que aceptaron la imputación por responsabilidad de mando en casos de violencia sexual realicen actividades del proyecto transversal de Memoria y memorialización”.
¿Qué pasó con la verdad y la reparación?
Ni verdad ni reparación. Esto es lo que la representación de militares víctimas del conflicto armado, en cabeza de la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado (MilVícitmas) considera que es el resumen de los aportes por parte del secretariado Farc y otros exguerrilleros en temas claves como secuestro.
Dicha organización presentó ante la Jurisdicción Especial de Paz un documento con observaciones a los proyectos de sanción presentados por los comparecientes en el marco del macro caso 01 “toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad”. Los reparos más significativos expuestos ante la JEP buscan llamar la atención sobre la “ausencia de responsabilidad por parte de los máximos responsables y el precario sentido reparador y restaurador de las iniciativas”, advierten en el documento.
En uno de los apartes, con relación al proyecto denominado “Búsqueda de personas dadas por desaparecidas”, señala MilVícitmas que “la iniciativa no parte desde el reconocimiento de responsabilidad por parte del secretariado de las ex-Farc, quienes en la formulación de la iniciativa hacen alusión a desapariciones forzadas cometidas por diversos actores del conflicto armado, eludiendo su responsabilidad con las víctimas del caso 01″.
Finalmente, advirtieron hace varias semanas que uno de los compromisos de los comparecientes “es el aporte de verdad plena y exhaustiva a través de mecanismos como la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, por lo que más que un trabajo o una obra de contenido restaurador o reparador, dicho proyecto no es nada distinto al cumplimiento del régimen de condicionalidad”.