El país ha tenido que ver cómo militares y policías, que se juegan la vida enfrentando el crimen han sido atacados, humillados y hasta secuestrados por la llamada guardia campesina, la misma que se vio en medio de cámaras y reflectores prestando seguridad al peligroso jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, cuando anunció su intención de sumarse a la paz total del presidente Gustavo Petro. En voz baja, y con pasos ciertos, el Gobierno estaría avanzando en la legalización de las guardias campesinas, indígenas y cimarronas.
SEMANA conoció un explosivo documento del alto Gobierno que hace un diagnóstico de lo que significan estas organizaciones, las cuales pretenden, bajo la iniciativa de la paz total, reemplazar en vastos territorios a las Fuerzas Militares y de Policía y tener una especie de soberanía.
La simpatía del Gobierno por estas guardias es notoria. Eso explicaría la afirmación del entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, quien llamó “cerco humanitario” al secuestro de 78 policías en el Caguán, donde otro uniformado fue asesinado.
El asunto se ha venido cocinando incluso desde que Petro era candidato a la presidencia y defendía a capa y espada a la guardia. Primero, ante el violento actuar en Cali cuando sembraron el caos en medio del paro nacional, señaló que “la guardia indígena debe ser respetada por todos y todas. Es la única fuerza organizada de paz en el territorio”. Más adelante, cuando advertía de un presunto robo de las elecciones, los convocó para ser “testigos electorales”.
El documento en poder de SEMANA revela cómo se ha avanzado en la formalización de las guardias indígenas, cimarronas y ahora campesinas. Se lee que las guardias campesinas “tienen su origen en las Farc (...). No tienen respaldo legal (...) a diferencia de las guardias indígenas y cimarronas. Las campesinas nacieron en el Catatumbo, en Norte de Santander, luego del paro nacional del 2013”.
El documento también señala que uno de los objetivos de las guardias campesinas “es controlar las áreas de injerencia de los GAO (grupos armados organizados) posterior al acuerdo de paz con las Farc, en el 2016”. Una prueba de ello fue que, en la cita del Gobierno Petro con las disidencias de Mordisco, la guardia campesina estaba en primera fila, acompañando a esa organización criminal.
El presidente Petro, al conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, anunció que su Gobierno acogería todas las recomendaciones. Pues bien, en el capítulo ‘Por una democracia sin violencia’, se lee: “La guardia indígena para la defensa del territorio y diferentes propuestas para la salida pacífica”.
Más adelante, en el capítulo ‘Para una nueva visión de seguridad para la paz’, en el espinoso tema de seguridad para la ruralidad y zonas de fronteras, se señalan las recomendaciones. Hay que “reconocer las guardias comunitarias (indígena, cimarrona y campesina) como mecanismos autónomos de convivencia, protección y cuidado de las comunidades (…). Asimismo, se deben garantizar mecanismos de interlocución y diálogo entre estas y las instituciones encargadas de la seguridad y la convivencia”.
Si hubiera dudas de la intención del Gobierno Petro de darles “legalidad” y equipararlas con las Fuerzas Militares y de Policía, en el Plan de Desarrollo, la hoja de ruta de su mandato, en el capítulo ‘Actores diferenciales para el cambio’, se advierte: “Para responder a las amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad (…) se avanzará en el empoderamiento de las formas propias de control territorial (guardias indígenas, cimarronas, campesinas y de mujeres)”.
Nuevamente, en un aparte referente a los pueblos y comunidades étnicas, se señala: “Las entidades competentes promocionarán la figura de guardias campesinas, cimarronas e indígenas como mecanismos de protección colectiva, física y cultural”.
De esto ya hablan con propiedad los cabecillas de organizaciones criminales como los denominados Comandos de Frontera. En un video, uno de sus líderes, Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se consolide la paz total, afirma: “Si se llegan a resolver los problemas estructurales y ya no hay cultivos ilícitos, Comandos de Frontera dejaría de existir. Nos podríamos convertir en una guardia territorial campesina”.
Lo mismo pasa con la recién lanzada Política de Seguridad y Defensa que dio a conocer el ministro Iván Velásquez hace apenas unos días, y que al explicarla no dejó claro lo que sí dice ese documento que contiene dicha política. Se trata de “promover campañas de prevención, protección y autoprotección consensuadas con las comunidades, sus gobiernos y sus liderazgos. Reconocer a la Guardia Indígena como un actor estratégico para la protección de la vida y de la naturaleza en los territorios”.
La promesa de legalización de estas guardias ya tiene su proyecto de ley en el Congreso, presentado por Comunes, el partido político de los ex-Farc.
Fue radicado como el 052/22, “por medio del cual se reconoce y reglamenta las Guardias Campesinas como mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina (guardia campesina)”. Su ponente es Julián Gallo Cubillos, conocido en las Farc con el alias de Carlos Antonio Lozada o Tornillo. Una iniciativa de diez artículos que las legaliza, les da autonomía y facultades extraordinarias.
El documento deja claro que la guardia campesina, que en algunos casos se ha convertido en una escolta de criminales, según las denuncias, está creciendo en todo el país y hasta tiene escuelas de formación.
Ya hay 15 organizaciones de este tipo entre indígenas, cimarronas y campesinas, tomándose extensas zonas como si se tratara de territorios soberanos. Además, en la actualidad hay siete zonas de reserva campesina, otras seis en trámite y ocho más “proyectadas” que seguramente verán la luz en el Gobierno Petro (ver mapa).
Los análisis de inteligencia son claros y los hechos también. En Bogotá, esta vez con la guardia indígena, el pasado 28 de febrero se dio un gran encuentro que representaba a esa organización “desde Leticia hasta La Guajira y desde el Chocó hasta el Catatumbo”, como dijo Luis Fernando Acosta, coordinador nacional.
A este encuentro asistió el comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad, Alberto Lara.
Lo más llamativo fue el comunicado final, denominado ‘Mandatos de la Guardia Indígena en el marco de la paz total, cese al fuego y política de seguridad’. El documento parece un pliego de exigencias. Entre otras, se pide “precisar los detalles y los alcances de la participación de la Guardia en el cese al fuego, la política de seguridad y la paz total, participar como guardia y movimiento indígena en la construcción de la política de seguridad; y reconocimiento de la guardia a nivel nacional e internacional como actores estratégicos fundamentales para la paz y la vida”.
Además, reclaman la “inclusión de la guardia en la construcción del protocolo del cese al fuego y en las negociaciones y la firma del Acuerdo de Paz Total; que la guardia decida en qué interviene y en qué no, así como en qué está fallando el Gobierno nacional”.
Así, mientras el mismo Gobierno les impide actuar a las Fuerzas Militares con el argumento de la paz total, avanza en la posible legalización de estas guardias, cuyas actuaciones tienen muchas sombras.
“Se nos metieron al batallón”: impresionante video del tiroteo por entrada de disidencias de Iván Ríos a atacar las tropas del ejército
Momentos de verdadera tensión vivieron tropas del Ejército Nacional en la base militar ubicada en El Gualtal, zona rural de Tumaco, Nariño, este viernes 28 de abril.
“Agáchese, agáchese, se nos metieron al batallón, en la juega, en la juega, cubran arriba, se nos van a meter, están cerquita al batallón”, se escucha decir a un uniformado desesperado en un video grabado por las tropas en medio de la incertidumbre que generaron largas ráfagas de disparos en inmediaciones a la base militar.
En otro metraje, se escucha decir a uno soldados lo siguiente: “Están atrincherados, están aquí, están tirándose ―disparos― de allá para acá”.
Las primeras informaciones señalaban que no se trataba de un ataque a la base militar, sino de un cruento enfrentamiento librado por los grupos residuales de las Farc Iván Ríos y Urías Rendón.
Sin embargo, SEMANA conoció que, tras un reconocimiento con dron, quedó claro que sujetos armados, al parecer de la estructura Iván Ríos, sí quisieron cruzar los límites de la base de patrulla móvil con el objetivo de ingresar a al recinto militar.
“La primera reacción de los soldados fue pensar que se iban a meter a la base. Es la primera reacción que tuvieron al escuchar disparos en ambos sentidos”, dijo una fuente a este medio.
Los grupos armados no lograron su cometido y el ingreso a la base militar no ocurrió. Hasta el momento, no hay reporte de heridos o muertos en esta incursión.
“El personal está sin novedad, no hay soldados heridos. Se hizo un registro y tampoco se encontraron cuerpos de estas estructuras que hubiesen sido abatidos”, añadió la fuente.