El escándalo que se generó por cuenta de posibles hechos de corrupción en la megaobra del Metro de Bogotá, y que destapó un expediente hasta ahora desconocido, en el que se habla de coimas hasta por 10.000 millones de pesos para cooptar la contratación, tuvo un fuerte coletazo en la Procuraduría General de la Nación, que ya abrió indagación contra la alcaldesa Claudia López y su pareja, la senadora Angélica Lozano.
El espinoso asunto tiene que ver con unas interceptaciones legales en las que un hombre llamado José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong hablan de estos pagos millonarios “para financiar la campaña de los verdes”. Las interceptaciones hacen referencia específica a la alcaldesa de Bogotá y a su pareja.
SEMANA tiene en su poder el documento, fechado el 26 de septiembre de 2023, y que ya fue notificado a López y a Lozano, con el que se abre la indagación y solicitan una serie de pruebas para investigar y determinar los alcances de este naciente escándalo del que la Fiscalía ya compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 15 de septiembre, pues compromete a congresistas de los verdes y estos son aforados. En el caso de la alcaldesa López, será un fiscal delegado ante la Corte quien asuma las indagaciones.
“En este orden de ideas, y en el caso sub lite, si bien es cierto existe mención a la senadora de la república Angélica Lozano y a la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, Claudia López Hernández, como posibles autoras de una conducta que podría tener connotación disciplinaria, también resulta claro que no está delimitada la facticidad, pues los hechos se encuentran relatados de forma tal que no es posible concretar las presuntas irregularidades a ellas endilgadas”, señala el auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción.
Entre las pruebas preliminares que solicitó la Procuraduría está “oficiar a la Fiscalía 135 especializada de Yopal, con el fin de que envíe los documentos físicos y/o digitales contentivos de las posibles irregularidades endilgadas a Lozano y a López Hernández”.
Además, piden las interceptaciones telefónicas efectuadas a José Joaquín Silva, a quien referencian en los audios como Truchas; de él también pidieron la certificación laboral como exempleado del Ministerio de Transporte. Y como el presunto encargado de dar las coimas es el ciudadano chino William o Dong, le ofician al Consorcio Metro para que “informe si aparece como funcionario o contratista en esa entidad”.
Los audios son delicados y la investigación ha avanzado de tal manera que se tomó la decisión de compulsar copias a la Corte Suprema. Por ejemplo, en uno del primero de marzo de 2022, Truchas habla con una mujer sobre una conversación con el ciudadano chino William: “Me contó que tuvieron que hacer un giro de 3.000 millones de pesos y mañana otro de 3.000 millones para esos políticos de los verdes de la alcaldesa, y me mostró los WhatsApp que le mandan a decir dónde consigne para la campaña de ahorita”. El 7 de marzo, esta vez en una conversación con un hombre llamado Diego, vuelve a hacer referencia a la alcaldesa y a su pareja.
“La plata se está moviendo de una manera impresionante, no te digo que ya los chinos le giraron, estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron; vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente… Pues yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.
Como estos hay varios audios que fueron revelados por este medio. Sin embargo, lo que se sabe es que la investigación avanza con paso firme y uno de los eslabones clave para los investigadores es William o Dong, el ciudadano chino que supuestamente estaría buscando cooptar la contratación a cambio de las millonarias sumas.
Desde la Alcaldía niegan cualquier tipo de hecho de corrupción con la megaobra. Al ser publicada por SEMANA la investigación que adelantaba la Fiscalía, por medio de un comunicado marcaron distancia argumentando: “La Empresa Metro de Bogotá no ha realizado durante el actual gobierno de Bogotá ningún proceso contractual relacionado con la construcción de la primera línea del metro. Toda compra la hace directamente el concesionario Metro Línea 1. La Empresa Metro no interviene en ninguna compra o adquisición”.
Será finalmente la Corte Suprema de Justicia la que defina si se cometieron delitos de corrupción en el Metro de Bogotá. Y la Procuraduría, desde lo disciplinario, la que dicte la última palabra sobre posibles irregularidades de López y Lozano. El proceso ya arrancó y va sobre rieles.