Lo que sería un apoyo del Estado para las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica se habría convertido en un carrusel de colados que no son integrantes de ese partido político, con la finalidad de conseguir, de forma ilícita, el subsidio por más de 15 millones de pesos para proyectos productivos. El caso salpica a la Unión Patriótica; a su representante en el Congreso, la senadora Aída Avella, y a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
SEMANA tuvo acceso a una reunión en la que varios analistas de la UNP alertaron sobre inconsistencias en los perfiles de las personas que se presentaron para recibir el beneficio, pero la reacción de los superiores habría sido simplemente omitir las irregularidades.
Desde 2016, la UNP viene adelantando protocolos de análisis de riesgo para los beneficiarios de esos proyectos. La única forma de que se les otorgue el dinero es que el diagnóstico de esos estudios sea “extraordinario”. Sin embargo, en medio del análisis, han aparecido perfiles que ni siquiera saben qué es la Unión Patriótica, nunca han tenido amenazas que signifiquen algún riesgo o son personas que tienen vínculos lejanos con las víctimas reales.
Los audios en poder de esta revista demuestran cómo funcionarios de la UNP, ejerciendo su labor, advirtieron que de las 200 personas que se presentaron a los estudios de riesgo para hacer parte de los proyectos que entrega el DPS, había perfiles de colados que no tendrían forma de llegar a un diagnóstico de “extraordinario”, pero la orden ya estaba dada.
Uno de los analistas que dio parte sobre los hallazgos en sus estudios de riesgo reveló: “Yo tuve dos casos donde las personas no estaban en Valledupar, pero la doctora Aída Avella (senadora) me llamó a decirme que, por favor, esos casos no se podían excluir porque eran recomendados de ella. Te podrás imaginar que es algo delicado, y se procedió a hacer los casos porque era una recomendación directa de ella”.
Según el funcionario, la congresista elegida por la coalición del Pacto Histórico intervino en el caso de una mujer de la comunidad wayú simpatizante de la UP, que les había ayudado en unos “procesos” en La Guajira, razón suficiente para que el resultado del estudio de riesgo saliera “extraordinario”. Pero la UNP no halló en ese caso hechos victimizantes, militancia directa en la UP y mucho menos que haya sido sobreviviente del genocidio, por lo que el caso tendría que haber salido como “ordinario”.
Otro analista también alertó en dicho encuentro que “en los casos concretos míos, tengo unas novedades, y es que las personas que estoy evaluando no fueron víctimas directas de estas situaciones, porque no habían nacido para la época de los 80 o los 90. Estoy hablando de sobrinos de unas personas que fueron víctimas, pero ni siquiera habían nacido. Tengo otro caso de una persona que era nuera de la persona víctima. Es decir, se casó con el hijo del señor que sí es víctima de esos hechos, ¿Qué tiene que ver una nuera en estos procesos?”, se escucha en el audio del encuentro al que tuvo acceso SEMANA, en el que participaron funcionarios de la UNP liderados por Omaira Ballesteros.
Y, además, explicó que “en el desarrollo de la entrevista yo les pregunto a estas personas que si han sufrido hechos victimizantes, y dicen que no porque no habían nacido cuando se presentó el genocidio (...) Yo tengo seis casos que los llevaría a ordinario (el resultado de la evaluación) porque no habían nacido cuando se presentaron los hechos”.
Entre las irregularidades que conoció SEMANA también apareció el caso de un joven que confesó que no sabía qué era la Unión Patriótica y que se estaba presentando a dicha convocatoria por recomendación de un familiar. En esa reunión, las alertas quedaron engavetadas.
Varios de esos encuentros estuvieron liderados por Ballesteros, quien habría sido la responsable de convocar a los analistas de ese estudio a través de la coordinación del Cuerpo Étnico de Recopilación y Análisis (CTAR), y al escuchar las alarmas que existían en varios casos los habría dejado pasar por alto manteniéndolos como “extraordinarios” para que los supuestos integrantes de la UP pudieran aplicar al beneficio del Estado.
“Nosotros no nos pronunciamos si le dan proyecto productivo. Lo que ellos necesitan es el resultado del estudio, porque si es ‘extraordinario’ pueden aplicar en el DAPRE (sic) para que les den acceso a un proyecto productivo. Pero eso es una gestión que harán los directivos de la UP; nosotros solo damos el estudio como tal”, se escucha a Ballesteros en los audios de las reuniones.
De hecho, uno de los analistas aseguró que desde hace varios años se manejan estudios con la UP, y el diagnóstico tiene que ser “extraordinario”. Al parecer, muy poco importa si realmente tienen algún riesgo, el caso es que se puedan quedar con el dinero para el proyecto. Otro de los funcionarios le recomienda a Ballesteros que los análisis de riesgo a esa población deberían hacerlos de manera individual y no en bloque, porque algunos eran sobrevivientes del genocidio, otros son familiares o nuevos integrantes.
La coordinadora del CTAR respondió: “Estos casos se sacan en un mes, y la única manera es hacer actividades en bloque. Si nos ponemos a hacerlo uno a uno, nos da diciembre. Son 200 casos que nos envió la UP. Si fuera uno a uno, nos vamos a tardar. (...) No me estoy inventando el agua tibia”.
Ante las graves inconsistencias que quedaron en evidencia en los audios, SEMANA buscó a la senadora Aída Avella, quien respondió: “No me acuerdo de haber intervenido ni manejo esos programas. De pronto me llamaron para preguntarme algo, pero no más. Lo único que yo tengo claro es que tengo que salvar a mucha gente, no solamente a las víctimas reconocidas en la Unidad de Víctimas”.
Otros de los salpicados en esta denuncia fueron Pablo Javier Arenales, delegado de la Unión Patriótica ante el Comité de Evaluación de Riesgo (Cerrem), y Raúl Molano, delegado de la Corporación Reiniciar, quienes certificaron a las 200 personas que se presentaron ante la UNP como integrantes del partido político para recibir los proyectos productivos.
Arenales aseguró, dejando más dudas que certezas, que “hay gente que es joven y puede que les dé miedo reconocer que son del partido”, y agregó que, en el caso de las personas lejanas vinculadas a las víctimas, como el de la nuera, “hay quienes apoyan el tema del proyecto para que el afectado tenga el beneficio. Pero debe tener un hecho victimizante”.
Ante la pregunta de por qué la víctima no se presenta directamente, Arenales reveló una práctica de algunos integrantes del movimiento para que se les aumente el monto del proyecto productivo. “Se asocian, puede estar ella con otra persona”, haciendo referencia a que una sola persona se podría ver beneficiada de dos o más proyectos productivos.
LA UNP quedó a cargo de esos estudios a través de un decreto del año 2015. Hasta la fecha, se han analizado 657 casos, para que, al ser declarados como riesgo de seguridad “extraordinario”, pasen a Prosperidad Social para recibir el dinero.
Sobre las irregularidades que denunciaron los propios funcionarios de la entidad, la UNP respondió que hasta la fecha no se han detectado inconsistencias en el estudio que se adelantó este año, pero aclaró que de las 200 personas que certificaron la UP y la Corporación Reiniciar, 177 salieron como extraordinarios, 8 ordinarios y se registraron 15 inactivaciones.
En referencia a la actuación de Omaira Ballesteros, la coordinadora del CTAR, la UNP indicó que la funcionaria “no ha reportado irregularidades en las Evaluaciones de Nivel de Riesgo de UP-PCC. De momento no hay registro de denuncias internas que relacionen la labor de la funcionaria”. Por su parte, Prosperidad Social, aunque prometió una respuesta, finalmente guardó silencio frente a la grave situación.