Uno de los hombres que podría darle la estocada final a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas, es Alberto Alonso Jaramillo. Conoce al detalle cómo funcionaban los oscuros negocios y también está pedido en extradición, pero se aferra a una particular decisión del Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Indígena del Pueblo Zenú para quedarse en Colombia.
Álvaro Córdoba fue capturado en febrero del año pasado junto con Libia Amanda Palacio y los dos ya se encuentran respondiendo ante una corte de Nueva York. Pero ese día hubo una tercera captura, la de Jaramillo, un eslabón fundamental en el negocio. Era el puente entre los productores de la cocaína, nada menos que el fallecido Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Farc, y Córdoba, a quien le entregaba el producto. Ya lo tenía negociado.
SEMANA revela el documento y los argumentos con los que este hombre pretende frenar su extradición, ya en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una historia rodeada de malicia indígena, pues justamente a esta jurisdicción se aferra Jaramillo para frenar su vuelo.
Son dos argumentos centrales. Aunque no parece, afirma que pertenece a una comunidad indígena y, por lo tanto, debe ser juzgado por esta jurisdicción.
Su defensa, en cabeza del abogado Álex Alberto Morales, argumenta que “los hechos que motivan la solicitud de extradición son los mismos que se encuentran infringidos en el proceso de la jurisdicción especial indígena en el que el Tribunal de Sabios Ancestrales del Pueblo Zenú condenó por infracción al señor Alberto Alonso Jaramillo”, por lo que piden “emitir concepto desfavorable para la extradición”.
Agrega el documento que “al confrontar los hechos contenidos en la sentencia proferida por el tribunal de la jurisdicción especial indígena con el indictment (solicitud de extradición), no queda duda de que ya fue condenado por los hechos por los que está siendo solicitado” y aduce “el derecho de toda persona a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho, la prohibición de doble incriminación y el respeto de la cosa juzgada”.
Según los razonamientos a los que se aferra el narco, ahora arropado de indígena, en Colombia “tenemos dos jurisdicciones, la especial indígena y la de un país solicitante, pero la primera ya emitió una condena”.
Es decir que debería primar el principio de cosa juzgada.La solicitud de extradición es parte de un capítulo en el que están involucrados Álvaro Córdoba, Libia A. Palacio –la mujer con la que fue capturado–, la senadora Piedad Córdoba –quien acaba de ser llamada a indagatoria por la Corte Suprema en una investigación por enriquecimiento ilícito– y hasta el presidente Gustavo Petro.
Al momento de la captura de Álvaro Córdoba, estaba prendido el debate sobre la extradición y el presidente Petro había afirmado que el envío de delincuentes a Estados Unidos se podría condicionar a la entrega de verdad a la justicia y a las víctimas en Colombia. Al ser la senadora Piedad Córdoba uno de los alfiles de la Colombia Humana, había expectativa y resultó sorpresiva la extradición en enero de este año.
El alegato para frenar esta nueva extradición, que, además, pondría contra las cuerdas a Álvaro Córdoba en la corte de Nueva York que lleva su caso, resulta, por decir lo menos, extraño.
La decisión del nombrado Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Indígena del Pueblo Zenú se refiere a Jaramillo como comunero y agrega que tiene “código de familia 1100120 del Cabildo Bello Horizonte y es la misma persona que está siendo solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América por la acusación número 22 CRIM 121 proferida el 24 de febrero de 2022 por la Corte Distrital Sur de Nueva York”.
El tribunal de la jurisdicción especial indígena señala que “ha estado realizando actividades y acciones indebidas, adelantadas junto a otras personas no indígenas desde 2020 y hasta el año 2022, conformando, de acuerdo a las conductas reconocidas por él, un concierto para delinquir con fines de narcotráfico”.
Y formula un regaño que podría significar la no extradición: “El fiscal del Tribunal Indígena, el señor Rafael Quintero, hace un reproche de la conducta desplegada por el comunero zenú, indicando que este actuar no solo ofende y desarmoniza a la comunidad indígena y especialmente tienden a desintegrarla; pues, además de ser unos delitos consagrados en el sistema jurídico nacional o mayoritario, como delitos de narcotráfico, y concierto para delinquir (…) también ofenden nuestro sistema de derecho propio, pues afectan los usos y costumbres, atentan contra la armonía social y la paz territorial”.
La decisión de esta justicia indígena efectúa planteamientos particulares, como que la participación de Jaramillo en el negocio ilegal de tráfico de droga “deslegitima el uso ancestral de la planta de coca por parte de nosotros como pueblos indígenas, ponen en entredicho la dignidad de la comunidad, atentando contra nuestros usos y costumbres (…) violando el orden comunitario, desarmonizando la comunidad y poniendo en riesgo la identidad cultural de nuestro pueblo zenú”.
Aun cuando haya dudas de lo que Jaramillo podría aportar en el proceso contra Álvaro Córdoba, es claro en el documento en poder de SEMANA que confesó su participación en los delitos de narcotráfico ante la justicia indígena.
“El señor Jaramillo participó en la gestión y compra de varios kilos de cocaína como se establece en su propia declaración rendida a este Tribunal el día 21 de noviembre de 2022”, se lee en la solicitud con la que pretende frenar su extradición. Incluso, dijo que “no quería participar en esa actividad porque la veía como un delito; finalmente y a cambio de una suma de 60.000 dólares lo hizo”.
SEMANA se comunicó con el abogado Morales para preguntarle por qué pretende evitar su extradición con base en una sentencia de un tribunal indígena.
Respondió que “él es indígena de acuerdo con los documentos que lo acreditan y al rol que cumple dentro de la comunidad, la cual venía realizando años atrás, incluso, antes de los hechos por los que está condenado y detenido”.
Morales agregó que “la defensa técnica solicitó el cumplimiento del debido proceso y los requisitos legales para la extradición consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. El señor Jaramillo no quiere evadir la justicia, sino esclarecer los hechos que se le imputan”. Sin embargo, sobre la posibilidad de ser testigo en contra de Álvaro Córdoba en Estados Unidos, afirmó que “esta defensa busca siempre ayudar a la verdad y al esclarecimiento de los hechos de acuerdo con un acervo probatorio y la realidad material” y que eso se puede hacer desde Colombia.