Si la vicepresidenta Francia Márquez necesitaba un helicóptero para ir al corregimiento de Dapa, cerca a Cali, él lo tramitaba; si necesitaba una ambulancia para ella las 24 horas del día, él se la conseguía. Se trata del coronel Jorge Enrique Hurtado, jefe de protección de la alta funcionaria, llamado a calificar servicios. De inmediato, vino el reclamo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, un choque de pesos pesados en el Gobierno que tiene de fondo la delicada investigación por el presunto aumento injustificado del patrimonio de Hurtado.
SEMANA conoció los detalles detrás de la salida del coronel Hurtado, quien tiene abierta una investigación en la Dirección de la Policía (Dipol) por una denuncia que señala que “con el sueldo de oficial de la Policía jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de 9.000 millones de pesos”.
Esa denuncia hace un inventario del supuesto patrimonio del coronel Hurtado: “Tiene bienes inmuebles entre casas y apartamentos que ascienden a más de 5.000 millones de pesos, valor que ha ocultado, ya que su valor comercial debe ser mayor. De igual manera, posee una camioneta Haylux (sic) de más de 300 millones de pesos, y un vehículo Audi de más de 200 millones de pesos. También tiene un tractocamión de más de 300 millones de pesos”.
El asunto empezó en mayo de este año cuando la vicepresidenta se enteró de la investigación contra su hombre de confianza. Trató de atajar cualquier perjuicio contra el coronel Hurtado y le envió un grueso expediente al ministro Velásquez en el que se sintetizaba la defensa del uniformado.
En dicho documento, de 90 páginas, Hurtado pedía “verificar mi desempeño institucional e investigar a fondo las acusaciones, con el fin de aclarar los hechos y así avanzar con mi carrera institucional en condiciones de igualdad”.
El escrito tenía como anexos la declaración de renta del coronel, la de su esposa, la estructura de ingresos de los dos, el certificado de tradición y libertad de los bienes que tienen, junto con los antecedentes de cada una de esas propiedades y hasta pedía que fueran sus familiares cercanos para desmentir la denuncia.
El espaldarazo de la vicepresidenta no fue suficiente. Las dudas sobre el patrimonio y, sobre todo, la forma como presuntamente lo adquirió se mantuvieron, ya que, según la denuncia, estaba directamente relacionado con su desempeño en la erradicación de cultivos ilícitos. “Daba órdenes para que no se realizaran los operativos de erradicación manual y aspersión, recibiendo pagos mensuales por parte de un grupo de narcotraficantes”, afirma la denuncia en su contra.
Fue llamado a calificar servicios y ahí vino el reclamo de la vicepresidenta. En un nuevo intento por sostener a su jefe de protección, por medio de una escueta carta, de nuevo al ministro Velásquez, le manifestó: “Le solicito disponer con quien corresponda mantener en el ejercicio de sus funciones, al señor teniente coronel, previo del cumplimiento de los actos administrativos a que haya lugar”.
Nuevamente, planteó, como lo hizo con el helicóptero y con la ambulancia, el requerimiento por razones de seguridad. “Demando que se me informe con anticipación las decisiones que afecten mi seguridad y la de mi familia, en este sentido lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad”.
El asunto por ahora mantiene por fuera de la Policía al coronel Hurtado, a la vicepresidenta poniendo como responsable por su seguridad al ministro de Defensa, a la Dipol con una investigación avanzando por los complejos señalamientos y un factor adicional: la Procuraduría se negó a ejercer el poder preferente para investigarlo, tal como lo había solicitado la defensa del ex jefe de protección y mano derecha de Márquez.