El material de prueba recaudado por la Fiscalía a lo largo de la investigación contra dos oficiales de la Policía, permitió concluir que efectivamente los estudiantes y alféreces en la escuela de Policía General Santander se convirtieron en víctimas de los deseos sexuales de un coronel, en ese entonces jefe de seguridad del Congreso.

Jerson Jair Castellanos Soto y Wílmer Torres Orjuela fueron declarados penalmente responsables de los delitos de constreñimiento a la prostitución. De acuerdo con la decisión, fueron ellos quienes se encargaron de convencer a estudiantes, futuros oficiales de la Policía, de acceder y satisfacer las necesidades sexuales del coronel Castellanos.

Las declaraciones que recaudó la Fiscalía advierten escenarios perturbadores con los cadetes y alféreces como mercancía de cambio. Los testimonios señalan que el coronel Castellanos ingresaba a la Escuela de Policía, en el sur de Bogotá, y escogía el estudiante de su “gusto”. Luego ejercía presión o entregaba regalos para sacarlos de la institución.

El coronel Castellanos se ubicaba en la plazoleta de comidas de la Escuela General Santander y allí buscaba su nueva víctima. Tras identificar el cadete o alférez de su “gusto” lo marcaba a través de otros oficiales y ordenaba tomar contacto, ofrecer regalos y advertirles los riesgos de no atender las invitaciones del entonces jefe de seguridad del Congreso.

Con la víctima seleccionada, el coronel Castellanos empezaba un ritual de cortejo que incluía regalos, entradas a eventos culturales y deportivos. Después, con la ayuda del también coronel Wílmer Torres Orjuela, convencían a los estudiantes de salir con el oficial. Para eso se aprovechaban de su cargo, ejercían presión e intimidaban a las víctimas.

Los fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lograron establecer, en juicio, que el entonces coronel Castellanos Soto “frecuentó entre de 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander con el fin de contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a almorzar o a eventos deportivos y culturales, y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales”.

Para la juez que tomó la decisión, de condenar a los dos oficiales en retiro, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad en el delito imputado. Lo que también deja en claro es que no hubo forma de demostrar que en efecto existió una red dedicada a inducción a la prostitución. Los hechos ilegales nacieron y se orquestaron en la mente y las actuaciones de los ahora dos condenados.

“En el curso del proceso fueron identificados, por lo menos, cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República”, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.

En el curso de la investigación surgieron algunos testimonios que zafaron de responsabilidad al coronel Castellanos, mientras advertían que nunca estuvo en la escuela para la fecha de los hechos. Sin embargo, otras declaraciones, entre ellas la del propio director de la escuela, decían todo lo contrario. Aquí se podría abrir un nuevo capítulo de investigación, uno por falso testimonio.

“De otra parte, se estableció que el entonces mayor Torres Orjuela, que tenía a su cargo el control de los alumnos, intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que acudieran a los encuentros con su superior, el coronel Castellanos Soto”, explicó la Fiscalía.

El monto de la pena se conocerá a finales de septiembre. Por ahora, la juez no ordenó la captura de los dos coroneles en retiro y seguramente con el monto de la pena se librarán las detenciones.