Cada vez aparecen más perlas, como se dice coloquialmente, en torno al cuestionado informe del Ejército que le sirvió de insumo al presidente Gustavo Petro para salir ante la opinión pública a denunciar el que sería el escándalo de corrupción más grande con tráfico de munición en la institución castrense en su historia reciente. Pero terminó siendo un descache, una mala lectura e interpretación.
El presidente, acompañado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, denunció con bombos y platillos al país el pasado 29 de abril que habían descubierto una cloaca de corrupción y tráfico de municiones en el Ejército. El asunto tenía alcances internacionales.
El jefe de Estado dijo que se habían perdido más de un millón de municiones de las unidades militares ubicadas en Tolemaida, Cundinamarca, y La Guajira.
“Era indispensable que la opinión pública nacional conociera de estos hechos”, dijo el presidente desde la Casa de Nariño, a donde había convocado a la prensa nacional para dar a conocer la noticia.
Tras la denuncia pública hecha por el mandatario y los graves hallazgos, el mismo sector defensa comenzó a dudar de las cifras entregadas por el presidente, que él había sacado del informe militar que le había hecho llegar el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina.
Al revisar las hojas del informe, estas contenían seis columnas en las que se hacían comparativos sobre las municiones que estaban en físico, las que faltaban por cargar al sistema y las que habían desaparecido.
Al parecer, al presidente nadie le informó cuál columna era la que debía leer y terminó entregando las cifras de la columna equivocada. Petro leyó donde se especificaba el material que faltaba por cargar al sistema, es decir, que físicamente sí estaba, pero que no aparecía en el software especial militar, denominado SAP.
Para poner un ejemplo, el presidente Petro dijo que se habían desaparecido de las unidades militares 550 granadas de mortero, pero el informe decía que las municiones sí existían, pero no habían sido cargadas al SAP.
Otro ejemplo, el mandatario denunció que no aparecían más de 22.000 municiones para los tiradores de alta precisión (francotiradores), cuando el reporte decía que no había faltantes. Asimismo, el presidente denunció que faltaban 626.614 municiones calibre 5.56, pero el reporte habla de 18.562 unidades pérdidas.
Luego del descache presidencial, las Fuerzas Militares, que están por encima del comandante del Ejército, tuvieron que intervenir para frenar el escándalo que había armado el polémico informe del general Ospina. Y no era para menos, el escándalo de robo de municiones se hizo agua y pasó a ser un vergonzoso descache.
El general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, ordenó crear una comisión conformada por las inspecciones de la Fuerza Aérea y la Armada para auditar el informe entregado por el Ejército, que derivó en la metida de pata del presidente Petro.
“Aquí no se trata de tapar la realidad. Lamentablemente, tenemos ese delito de fuga de material con personal presuntamente implicado en la venta a grupos armados organizados del país”, dijo el general Giraldo, al reconocer que sí hay una pérdida de municiones, pero dejó claro que no es de la magnitud que anunció erróneamente el presidente Petro.
Asimismo, el general Giraldo dijo: “Se van a conformar unos equipos interdisciplinarios con las inspecciones generales de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares para verificar en estas unidades realmente cuál es el material que se haya podido perder”. Dejó claro, de paso, que no se tendrá en cuenta al Ejército, autor del polémico informe.
Más perlas
Pero las sorpresas del informe del comandante del Ejército y la Inspección de la institución no paran. SEMANA conoció que el Ejército no denunció formalmente ante la Fiscalía y otras autoridades penales la pérdida de las municiones. En respuesta a SEMANA, el Ejército indicó que es responsabilidad de las autoridades competentes decidir si abren o no las investigaciones del caso.
“Ya se han hecho públicas (las denuncias) por parte de los diferentes niveles del mando. Esto quiere decir que se encuentra en responsabilidad de las autoridades judiciales avocar el conocimiento de manera oficiosa”, fue la inconcebible respuesta del Ejército.
Esta respuesta parece ir en contravía de los más recientes casos de posible corrupción con material de uso privativo de las Fuerzas Militares. Se ha visto cómo en el pasado militares activos, retirados y civiles han sido capturados por traficar con municiones, en procesos investigativos que han sido denunciados por el propio Ejército ante la Fiscalía.
Además, el Ejército, luego de este polémico informe, no ha explicado por qué no aparece un poderoso misil Spike, de la unidad militar de La Guajira. La desaparición de este proyectil no puede pasar desapercibida, no hay que perder de vista que con un misil similar se lanzó la reciente operación en el Cauca, en la que murieron 15 disidentes de las Farc de Iván Mordisco.
Tampoco se sabe el paradero de más de 102.000 municiones calibre 5.56 que sirven para cargar ametralladoras. “Es probable que otra parte de ese arsenal haya sido desviado hacia puntos extranjeros en conflicto, como Haití, y a otros lugares donde opera el contrabando internacional de armas”, dijo el presidente Gustavo Petro el día de la rueda de prensa.
Pese a lo denunciado por el presidente Petro, pareciera que para el general Ospina, quien hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado sobre su polémico informe, los hechos no son graves, debido a que no ordenó realizar la denuncia formal ante la Fiscalía y, por el contrario, dejó al azar de las decisiones judiciales el inicio de una investigación.
Frente al personal militar posiblemente implicado en este caso de tráfico de armamento, el Ejército indicó: “Se ordenó hacer los respectivos registros en los folios de vida de los funcionarios que, al parecer, se encuentran involucrados en dichos hechos, los cuales, igualmente, entrarán en evaluación para determinar posibles traslados y/o retiros de la institución”.
Es de anotar que el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, acumula varios escándalos al frente de la institución militar. Abuso de poder, montaje, dudas sobre el mantenimiento de los helicópteros, ya cuatro aeronaves se han accidentado, y ahora pérdida de material de guerra. Pese a los múltiples ruidos en su gestión, el Gobierno Petro insiste en protegerlo.