El proceso penal contra el exsenador conservador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, el último eslabón del llamado escándalo de la parapolítica, se encuentra quieto desde hace seis años en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Por este expediente, Barriga Peñaranda, uno de los dirigentes políticos más reconocidos de Norte de Santander, fue capturado en 2017, dejado en libertad en 2018 por no ser considerado un peligro para la sociedad y acusado en 2019 del delito de concierto para delinquir agravado por generar, promover, fomentar o impulsar la formación de grupos al margen de la ley.
SEMANA revela detalles inéditos de este voluminoso expediente que señala al excongresista de haber hecho pactos políticos con el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su comandante, el temido Jorge Iván Laverde Zapata, más conocido como el Iguano.
Los documentos conocidos en exclusiva por SEMANA señalan que el dirigente político le habría vendido su alma a las AUC para llegar al Capitolio y, desde ahí, favorecer el accionar y los intereses de los grupos paramilitares que se extendieron por la zona fronteriza.
Las acusaciones no terminan ahí. El dirigente político habría prestado su finca conocida como La Isla, ubicada en el corregimiento de Guaramito, en zona rural de Cúcuta. “Con su aquiescencia operaba un centro de entrenamiento militar del mencionado grupo armado ilegal”, indica la Corte Suprema.
En medio de las audiencias de Justicia y Paz, al dirigente político lo señalaron varios excomandantes paramilitares del calibre de Salvatore Mancuso y Libardo Duarte, alias Bam Bam, así como mandos medios del bloque Catatumbo, que sembró, por años, el terror en la zona.
El Iguano, quien comandó dicho grupo entre 1999 y 2004, aseguró que “en la finca La Isla, de propiedad de la familia Barriga Peñaranda, prácticamente tenían una base paramilitar”. Dicha finca, que según un peritaje de la Corte Suprema tiene una extensión de 90 hectáreas, “era propicia para que los paramilitares pudieran pasar de Colombia a Venezuela”.
El excomandante paramilitar fue más allá y aseguró que dicha estructura armada ilegal utilizaba los predios de propiedad del dirigente político y sus hermanos para actividades de entrenamiento y tráfico de drogas: “Esa familia (Barriga Peñaranda) tiene fincas en las zonas que eran controladas por nosotros, por lo tanto, tenían que pagar la vacuna”.
Por su parte, Julio César Arce Graciano, alias ZC, quien comandó durante varios años el frente Tibú, detalló el uso que le daban a la finca La Isla bajo el apoyo de Carlos Emiro Barriga, así como las actividades ilegales que ahí se ejecutaron. “(Las) Autodefensas prestaban seguridad a unas cocinas para el procesamiento de coca”, afirmó. A su vez, Wilson de las Salas Fernández, conocido como el Soldado –militar que formó parte activa de las AUC–, aseguró bajo la gravedad del juramento que recibió “órdenes directas de los jefes paramilitares para que trasladara a varios ciudadanos para que votaran por Carlos Barriga al Senado en los comicios de 2002”.
Pese a varios intentos, la defensa del exsenador nortesantandereano no logró que se desestimaran las declaraciones de los excomandantes paramilitares en su contra, a quienes no bajó de “mitómanos” en los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia. Advirtió, según el expediente, que habían incurrido en varias contradicciones y falencias en los señalamientos hechos sobre la finca La Isla.
La Corte Suprema, de forma radical, rechazó por incoherentes las pruebas testimoniales que pretendían demostrar la calidad humana del exsenador, su forma de hacer política en la región y la visión que tenían los ciudadanos de él y su núcleo familiar, así como de otros testigos que indicarían que la finca La Isla solamente se utilizaba para reuniones políticas y que allí jamás se presentaron encuentros de paramilitares.
“Acorde con lo que el impugnante afirma, se trata de un testigo que veía la forma de interacción social del acusado o su manera de hacer política, dónde y cómo la hacía y con quién entre los años 2002 y 2004 (...) a las actividades que desarrollaba como miembro del Club de Leones de Cúcuta, ‘totalmente ajenas a la política’, aspectos irrelevantes para la causa penal”, señala la Corte.
Pedro Toyota
Las acusaciones por vínculos con paramilitares también han salpicado a otro de los integrantes de la familia Barriga Peñaranda. En este caso, el hermano menor del senador, el empresario Pedro Luis Barriga Peñaranda, conocido con el sobrenombre de Pedro Toyota.
Ha sido señalado, entre otros, por el Iguano, Salvatore Mancuso Gómez y Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, de haber fomentado la expansión de grupos paramilitares en la frontera, ayudando al traslado de droga y elementos ilegales en la zona que divide a Colombia con Venezuela.
Otoniel, antes de ser extraditado, entregó información sobre los nexos del bloque Catatumbo con narcotraficantes y empresarios para mover droga por la frontera. Entre ellos se encontraría una persona que identificó como Pedro Toyota.
Por estos hechos, el pasado 15 de octubre Pedro Luis Barriga fue acusado por la Fiscalía General ante un juzgado especializado de Cúcuta por el delito de concierto para delinquir agravado. En el escrito de acusación, cuyos detalles fueron revelados por SEMANA, se asevera que varios excomandantes paramilitares señalaron al hermano del exsenador de ser parte activa de la red que traficaba base de coca en la región. Para estos, por así llamarlos negocios, se prestó la finca La Isla y otras propiedades de su núcleo familiar.
El empresario se ganó su apodo por siempre movilizarse en vehículos de esa marca, principalmente camionetas de alta gama. “Pedro Toyota era uno de los grandes colaboradores que tenían las Autodefensas en Norte de Santander”, enfatizó dos veces Edilfredo Esquivel Ruiz, alias el Osito, ante la Fiscalía, uno de los jefes de las cuadrillas de paramilitares urbanos que delinquían en la zona y que describió perfectamente a Pedro Luis Barriga. “Al principio, cuando llegaron las AUC, él era el encargado de sacar los cargamentos de droga de Puerto Santander a Venezuela; posteriormente comenzó a sacar droga, pero ya de su propiedad”, se lee en la declaración.
Los mismos exparamilitares que señalaron al exsenador Barriga fueron mencionados por la Fiscalía General en la acusación contra el empresario. Alias ZC manifestó que Pedro Toyota era uno de los hombres de más confianza de los comandantes del bloque Catatumbo en la región.
Los dos hermanos Barriga Peñaranda se han declarado inocentes de estos señalamientos y han asegurado que los testigos en su contra mienten. Mientras tanto, el proceso en la Corte Suprema parece congelado, durmiendo el sueño de los justos.