El 20 de julio, la plenaria del Senado escogió su presidente, que por acuerdo debía ser del Partido Verde, cercano al Gobierno. Sin embargo, el elegido, Iván Name, de carácter independiente, si se quiere más cercano a la oposición; casualmente, más tardó en sentarse a conducir las plenarias que en que desempolvaran una declaración de hace diez años, de un delincuente identificado como Juan Manuel Borré, que lo señalaba de tener alianzas con la banda criminal de los Rastrojos Costeños, para que lo apoyaran en su campaña al Congreso en 2014.
El asunto se regó como pólvora en algunos medios que les dieron plena credibilidad a las añejas declaraciones. A la Corte Suprema llegó la carta de una ciudadana “preocupada”, llamada Olga Patricia Barco, quien aparece como denunciante en múltiples procesos, y pidió la apertura de investigación. El alto tribunal, por su parte, con base en esa declaración y la misiva, anunció la investigación contra Name el 15 de noviembre del año pasado.
El alboroto fue mayor, y no era para menos, se trataba de una investigación contra la cabeza del Poder Legislativo en Colombia, pero esto contrastaba con la fragilidad de la declaración, la ausencia de pruebas, los escasos votos que recibió Name en la costa Caribe y, ahora, la solicitud de beneficios que hace Borré, para él y su familia, a cambio de cantar.
SEMANA tuvo acceso al voluminoso expediente de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que está en manos del magistrado Héctor Alarcón. En él reposan los testimonios que tienen a Name respondiendo ante la justicia, la denuncia y las compulsas de copias a la Fiscalía para que indague sobre otros nombres de personas sin fuero.
Sin embargo, hay un nuevo documento que llama poderosamente la atención. A la Corte Suprema llegó una carta escrita a mano, y con su huella dactilar, en la que Borré manifiesta que no declarará hasta que no se le garantice la protección a su vida y salvaguardar la integridad de su núcleo familiar; así como mejores condiciones en el centro penitenciario Picaleña, en Ibagué.
Entre las solicitudes está que su familia sea ubicada fuera del país, que se le otorguen garantías de seguridad en la cárcel y la revisión de su situación jurídica, pues, según él, ya cumplió con las tres quintas partes de su condena y ningún juez le ha otorgado su libertad, por lo que considera se le está vulnerando el debido proceso.
Sin embargo, el caso ha venido avanzando, la Fiscalía ya hizo allegar los añejos testimonios entregados por Borré en agosto de 2014, ante el despacho especializado en crimen organizado, y de su primo Brayan Borré, en noviembre del mismo año. Declaraciones que no estuvieron acompañadas de ninguna prueba.
Además, la Corte ofició al ente acusador para que revise los expedientes en los que están vinculados los primos y cerca de nueve miembros más de los Rastrojos, que solo fueron citados por sus alias, para determinar si están envueltos en investigaciones que comprometan asuntos electorales como señala la denuncia y si se puede establecer alguna relación con Iván Name.
Lo único que se ha encontrado es la declaración de Borré en la que señala: “Con la cuestión del primo, con Iván (Name), ahora que se le hicieron las campañas en los barrios ahí, en La Pradera, en Los Olivos, por acá, por Soledad, por la central, le hicimos campaña para que la gente a que votara por él (sic), él nos entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que con la plata que él iba a dar para comprar votos, que nos apoyara a nosotros, a la estructura de nosotros, y nosotros le poníamos la gente a votar por él”.
La investigación se abrió también porque conocida esta declaración, Borré salió a medios de comunicación y aseguró que han hecho política en la costa Caribe, primero con “el viejo Name Terán, murió y quedamos con relación a través del hijo, José David Name, y ahora con el primo, que es Iván Name (…) pusimos a que la gente votara por ellos y hoy están como senadores. Uno es hasta presidente del Congreso aquí en Bogotá”.
Esta declaración forma parte de las pruebas testimoniales que tiene la Corte, pero en la práctica no se ve el reflejo en los votos del presidente del Senado, quien tiene su principal capital electoral en Bogotá. Para 2014, en el departamento de Atlántico solo obtuvo algo más de 1.100 votos.
Name se defiende
SEMANA habló con el presidente Iván Name para preguntarle por su responsabilidad en los hechos y los testimonios de los primos Borré, y advirtió que “es supremamente curioso que hasta ahora hayan abierto una investigación que deviene de unas declaraciones de hace como nueve años, de un criminal que parece estar en búsqueda de beneficios o quién sabe de qué objetivo y que vinculó mi nombre de una manera muy imprecisa y divagante. La Corte abrió una investigación preliminar y yo lo celebro porque qué mejor que la misma Corte de manera pronta, ojalá, pueda definir un caso tan temerario”.
Name aprovechó para ratificar que si el supuesto acuerdo era para conseguir votos, sus resultados lo desmienten: “En la circunscripción del Atlántico es donde menos votos tengo, por ejemplo, en un municipio como Malambo, donde dicen haber apoyado mi nombre, no alcanzó los 50 votos y en Soledad creo que no se llegó a los 70, imagínese usted la temeridad de esas declaraciones”.
Resulta notable que Name, de manera directa, destaque que la resurgencia de este antiguo testimonio podría estar relacionada con ser un presidente del Senado no afecto al Gobierno, que llegó pese a no tener su respaldo.
“Coincide con mi llegada a la presidencia del Congreso, es muy posible que como hay tantos intereses en juego exista una conectividad, mi vinculación con esas bandas es una coincidencia supremamente curiosa”, afirmó Name.
¿Se trata entonces de un plan de persecución contra el presidente del Senado? SEMANA pudo establecer que los primos Borré y algunos de los Rastrojos Costeños, que en el expediente son denominados con alias como Fabio, Huevo Verde, Raúl, Mónica, el Leo, Cacaroto, la Negrita, Padilla, Cabeza Aurora, Jair y Culebro, se comprometieron a confesar más de 200 homicidios, sus relaciones criminales y políticas, y terminaron montando un sistema extorsivo.
Por ahora, la cita para la declaración de Juan Manuel Borré, alias Pistón, que estaba programada para el 28 de febrero, tuvo que ser reprogramada para marzo y seguramente dependerá de las exigencias que hizo llegar a la Corte Suprema.