SEMANA: ¿por qué estamos viendo este enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y usted?
Margarita Cabello (M. C.): no tengo ningún choque con el presidente. La Procuraduría lo que hace es cumplir las leyes y las decisiones jurisprudenciales y constitucionales que han dicho que hoy es competente para investigar, juzgar y sancionar a funcionarios de elección popular, y que esa decisión debe ser revisada por el Consejo de Estado. El presidente está diciendo que solo acata la sentencia de la Corte Interamericana y no las decisiones de la Rama Judicial, eso es un tema de él retando a las cortes, yo no me puedo meter en esa discusión porque tengo unas competencias y debo cumplirlas.
SEMANA: ¿qué pasa si el presidente Petro no cumple esta decisión?, ¿podría abrir la puerta de no cumplir otras órdenes judiciales, por ejemplo, de la Corte Suprema?
M. C.: él no tiene nada que cumplir respecto de las decisiones de la Procuraduría, aquí ha habido una confusión. La Procuraduría, en una actuación disciplinaria, ordena una suspensión provisional del alcalde de Riohacha y le informa al presidente para que, como siempre se ha hecho, nombre el encargado de reemplazar al alcalde. El presidente dice que no va a nombrar un reemplazo. La decisión de la Procuraduría se está cumpliendo, está suspendido el alcalde de Riohacha, él no puede reintegrarse al cargo porque está suspendido, y como el presidente Petro generó un caos, se decidió nombrar al secretario de Gobierno, ellos allá, en la Gobernación. Es un problema grave, un mal ejemplo, un caos, un desgobierno porque el presidente juró, cuando se posesionó, cumplir con la ley y la Constitución.
SEMANA: la primera consecuencia es que el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, publicó un video en el que dice que volvió a asumir funciones…
M. C.: ya le he dicho al alcalde de Riohacha que no se equivoque, una carta del presidente no anula o no le quita los efectos de la suspensión. En Colombia sigue operando la separación de poderes y, por lo tanto, la autonomía de la Procuraduría hace que sus decisiones se cumplan. Ojo, el alcalde de Riohacha se expone a responsabilidad penal por no querer acatar esa orden, que fue prorrogada otros tres meses, el 26 de julio.
SEMANA: ¿entonces sí está en riesgo la democracia?
M. C.: claro, cuando el presidente dice que no va a acatar las decisiones de la Corte Constitucional, sino que solamente va a acatar a la Corte Interamericana, está diciendo que a él no le interesa ninguna decisión de autoridad colombiana. Está diciendo que va a desconocer al Consejo de Estado, al Congreso de la República, a la Comisión de Ética, a la Contraloría, a la Procuraduría. Ya la Corte Constitucional determinó cómo deben interpretarse las órdenes dadas por la Corte Interamericana, al presidente no le gustó, y por eso desacata todo lo que venga del ordenamiento jurídico.
SEMANA: ¿es un reto a la Rama Judicial?
M. C.: sí. No es con la Procuraduría, el presidente está atacando directamente a la Rama Judicial y diciéndole: las decisiones que ustedes tomen, si no me gustan, no las cumplo. Lo que está diciendo es grave, mañana dirá que no va a cumplir una decisión de la Fiscalía o que no va a cumplir una decisión del Consejo de Estado. Esa carta, antes del cierre de inscripciones del proceso electoral, genera la emoción de muchísimos funcionarios elegidos popularmente, que hoy se encuentran sancionados e inhabilitados, para decir que también van a desacatar la decisión de la Corte Constitucional, argumentando que van a aplicar la decisión de la Corte Interamericana.
SEMANA: ¿qué viene ahora o qué medidas va a tomar la Procuraduría?
M. C.: la carta del presidente no revoca, ni quita efectos a una decisión de la Procuraduría, seguiremos ejerciendo nuestra competencia. Repito, el presidente está poniendo en riesgo el principio de separación de poderes.
SEMANA: pero lo que dice el Gobierno es que la que viola este sistema interamericano es la Procuraduría…
M. C.: pero nunca nombra la sentencia de la Corte Constitucional, que dentro de sus competencias hizo una armonización de la decisión de la Corte Interamericana con la estructura interna y normativa de nuestro país, que es la que hay que cumplir, y es la que no le ha gustado al presidente.
SEMANA: si la procuradora no puede luchar contra la corrupción, los alcaldes y los gobernadores van a querer pasarse por la faja todas las autoridades…
M. C.: el presidente no tiene autoridad para inmiscuirse en las decisiones de la Procuraduría. Él dice que desacata las decisiones de la normatividad colombiana y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero Colombia es una democracia con autonomía de sus órganos, el órgano judicial hay que respetarlo. El fiscal tendrá que abrir las investigaciones correspondientes y utilizar las herramientas del caso para que la democracia perviva. El problema es el mensaje que está mandando: hombre, a mí no me gusta lo que dice la democracia colombiana y, por lo tanto, atiendo solo la sentencia de la Corte Interamericana, ese mensaje es muy peligroso.
SEMANA: ¿la Procuraduría podría compulsar copias a la Comisión de Acusación y solicitar que lo investigue por este tema?
M. C.: la Procuraduría no va a compulsar copias porque las acciones se siguen cumpliendo, lo que no quiso cumplir el presidente, en esa colaboración armónica, fue nombrar el reemplazo.
SEMANA: el suyo no es el único caso, el presidente ha dicho que es el jefe del fiscal general y las cortes salieron a apoyar en ese momento al fiscal. ¿Estamos en un episodio con unos ingredientes similares?
M. C.: algo de eso se percibe, el presidente no tiene competencia para darle órdenes a la Procuraduría ni para considerar que es una autoridad frente a la Procuraduría. La estructura constitucional de Estado, que está contenida en el artículo 113 de la carta política, claramente dice que el Estado está compuesto por los órganos de Gobierno y los órganos de control al mismo nivel, con autonomía. La Rama Judicial es autónoma e independiente, y el presidente no puede inmiscuirse o no cumplir las decisiones.
SEMANA: ¿no está respetando la separación de poderes, como sucedió en el caso del fiscal Barbosa?
M. C.: así es. La Constituyente del 91 separó a la Procuraduría, que antes sí pertenecía al Ejecutivo. La Procuraduría es un órgano de control autónomo e independiente en la misma posición y altura que los órganos de Gobierno, que son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y tienen que respetarse armónicamente las decisiones de unos y otros.
SEMANA: la Secretaría Jurídica de la Presidencia preparaba una reforma para eliminar algunas de las funciones de la Procuraduría. ¿Qué opina usted de esto?
M. C.: la Procuraduría tiene la facultad y el deber de investigar, juzgar y sancionar a funcionarios electos popularmente, si en el futuro se hace una reforma ya tendrán que discutir en el Congreso si es acto legislativo o si se requiere Asamblea Nacional Constituyente. Como respetuosa del ordenamiento jurídico, no voy a salir a decir que desacato esas decisiones, si sale una ley o un acto legislativo que le quita competencias a la Procuraduría tengo que respetarlo.
SEMANA: la Procuraduría ha emitido conceptos negativos para la ley de paz total y la ley de sometimiento, eso se puede ver como un enfrentamiento contra el presidente…
M. C.: el deber del Ministerio Público es informar a la ciudadanía sobre los proyectos de ley y acoplamiento al ordenamiento jurídico. Cuando observamos que esos proyectos de ley no están acordes con las normas constitucionales, es nuestro deber funcional de información a la ciudadanía, que representamos; emitir nuestros conceptos es una de nuestras misionalidades. Desde el punto de vista jurídico, en donde encontramos choques en los proyectos con las garantías de las normas constitucionales y eso nos pasó con el proyecto de sometimiento, dijimos que nos parecía inoportuno quitar el delito de inasistencia alimentaria, el de injuria y calumnia y darles tantos privilegios a los grupos criminales. Había más beneficios para los victimarios que para las víctimas y por eso emitimos opiniones, para que salga una buena ley en búsqueda de esa paz total que todos realmente queremos.
SEMANA: ¿por qué cree que el presidente Gustavo Petro tomó esta decisión?
M. C.: él lo ha dicho públicamente, es una decisión en donde él fue particularmente beneficiado por la sentencia, pero ya como presidente de la república tiene que recordar eso. Él quiere que solamente puedan ser sancionados los funcionarios electos popularmente mediante la comisión de un delito y una condena por juez penal, está bajo esa línea y no ha querido aceptar que en Colombia hay otras autoridades que lo pueden hacer.
SEMANA: seguramente el presidente Gustavo Petro va a leer esta entrevista, háblele al presidente Gustavo Petro. ¿Qué le quiere decir?
M. C.: todos tenemos que cumplir el juramento que hicimos cuando nos posesionamos, porque tenemos que servir a la ciudadanía, cumplir la Constitución y la ley; no nos salgamos de esas reglas y podremos seguir manteniendo una paz y una tranquilidad entre todos los ciudadanos, no desacatemos porque no nos gusta una decisión judicial, porque eso genera caos, genera falta de democracia y falta de institucionalidad en nuestro país.
SEMANA: ¿se siente sola en esta lucha o ha tenido apoyo de las cortes, de las demás instituciones del país?
M. C.: Colombia es un país con instituciones fuertes, respetemos la democracia, no actuemos por caprichos o por situaciones particulares que no nos gustan, miremos a la gente y guiemos nuestras decisiones hacia que el ciudadano se sienta tranquilo y que la normatividad y el ordenamiento jurídico sean respetados, gústenos o no nos guste.