SEMANA: Usted fue capturado y extraditado por, supuestamente, haber participado de una millonaria estafa inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los argumentos para que lo absolviera la Justicia de ese país?
CARLOS MAHECHA: El principal argumento fue el análisis de un experto forense, exmiembro del FBI, que investigó todas las cuentas bancarias y movimientos contables de la empresa. Este experto concluyó que no hubo un fraude. La Fiscalía nunca investigó, solo presentó ante el jurado el balance de una cuenta bancaria de las 22 existentes en la compañía. Este hecho fue muy importante para demostrar mi inocencia, ya que no solo se comprueba que no hubo desvío de recursos de la empresa, sino que también demuestra que no tuve una investigación justa. Además de lo anterior, el testimonio del representante del banco que financió una parte del proyecto probó que la inversión siempre fue cierta, viable y rentable, incluso dentro de los estándares de rentabilidad que tiene un banco.
SEMANA: ¿Cómo entender que usted era señalado por la Fiscalía de Estados Unidos de ser uno de los cerebros de una millonaria estafa inmobiliaria de más de 40 millones de dólares? ¿Qué pasó en el proceso judicial?
C.M.: La falta de rigor en la investigación fue la causante de esta injusticia. Hubo una mala gestión del fiscal, que no tuvo el compromiso ni la rigurosidad requerida para investigar, y, por esta razón, inexplicablemente me capturaron y extraditaron a Estados Unidos. Este proceso mostró cómo las fallas judiciales pueden destruir vidas. Fue una batalla larga, pero la verdad salió a la luz.
SEMANA: Usted era una de las cabezas visibles de este fracasado proyecto, la Justicia lo absolvió, ¿pero cuál es su responsabilidad?
C.M.: No fue un proyecto fracasado tal como se pudo demostrar durante el juicio y como se puede evidenciar hoy al estar terminado y funcionando. En segundo lugar, nunca existió una estafa, por eso me declararon inocente de todos los cargos. Sin embargo, la pérdida de la propiedad en la que se desarrollaba el proyecto hotelero fue ocasionada por el comité de acreedores de la bancarrota y, por el contrario, el inversionista más perjudicado es mi familia, fuimos los mayores inversionistas del negocio.
SEMANA: ¿Qué pasó con el dinero que los inversionistas le entregaron de buena fe y pensando en una jugosa rentabilidad? ¿Quién les va a responder?
C.M.: Se presentaron todas las pruebas contables forenses que demostraron que el dinero invertido por los afectados se utilizó única y exclusivamente para el proyecto. En 2017 se vendió una participación del 55 por ciento del proyecto Bal Harbour Quarzo al reconocido empresario inmobiliario Walter de Fortuna. El resto de los inversionistas conservaron el 45 por ciento de las utilidades futuras, es decir que todos contábamos aún con participación en el proyecto del 45 por ciento, sumado al valor que ya había pagado De Fortuna por el 55 por ciento del proyecto.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, ese 45 por ciento de participación daría un retorno de 38,9 millones de dólares para los inversionistas. Posteriormente, durante un proceso de bancarrota que inició uno de los inversionistas, sin las causales para hacerlo, se llegó a un acuerdo de venta de 7,5 millones de dólares, distribuidos y entregados de manera proporcional a cada uno de los inversionistas. Aclaro que como inversionista mayoritario nunca recibí ni reclamé dinero alguno sobre este proceso, estando facultado para hacerlo.
SEMANA: Su socio, Juan Arcila, terminó aceptando cargos y fue condenado. ¿Cuál fue su papel? ¿Usted no pensó en aceptar cargos y negociar?
C.M.: Tengo entendido que él se declaró culpable debido a un fraude en su visa y, en esa situación personal, optó por negociar. Decidió declararse culpable del fraude relacionado con la investigación del proyecto hotelero que liderábamos a cambio de que se archivara su proceso por fraude migratorio y pudiera obtener beneficios para mantener su residencia en Estados Unidos. Yo no tenía conocimiento de lo anterior hasta casi antes de mi juicio y solo hasta ese momento pude entender su estrategia legal. Arcila fue la persona encargada del control financiero y administrativo, y yo era el inversionista mayoritario y pasivo. Mi función en la sociedad era apalancar el proyecto, en el cual invertí 9 millones de dólares.
SEMANA: Las investigaciones lo señalaban a usted, además de estafar, de desviar millones de dólares para asuntos personales. ¿En qué quedó eso?
C.M.: Las investigaciones no señalaban eso, porque nunca hubo una investigación sobre la contabilidad ni los registros bancarios completos de la compañía. Son afirmaciones infundadas que, aunque eran totalmente falsas, fueron replicadas por los medios de comunicación, los que durante años me condenaron antes del juicio y sin pruebas.
SEMANA: Usted estuvo detenido más de dos años en La Picota, en Bogotá, en plena pandemia de covid-19. ¿Cómo fueron esos días?
C.M.: Este proceso me enseñó a no rendirme, incluso en las peores circunstancias. Estuve detenido 27 meses en La Picota y tres meses en detención domiciliaria en la Florida. No se lo deseo a nadie, ya que fueron días muy difíciles en condiciones precarias de salubridad, agravadas por la pandemia del covid-19, que contraje tres veces durante mi detención en La Picota, seguido de un tromboembolismo pulmonar como secuela. Sufrí un deterioro en mi salud por el estrés y mi sintomatología de párkinson, el cual padezco hace más de diez años y que aumentó notablemente. Durante mi detención siempre estuve sirviendo como médico, atendiendo más de 5.000 consultas, entre ellas casos de reanimación cardiopulmonar.
SEMANA: ¿Cómo fue pasar de relacionarse en altos círculos sociales a vivir en una celda de extraditables?
C.M.: Lo difícil fue pasar de estar con mi familia a estar en una celda. Los verdaderos amigos nunca me abandonaron, porque me conocen y saben de mi proceder durante muchos años.
SEMANA: ¿Quiénes fueron los inversionistas? Se habla de políticos, magistrados, empresarios, hasta generales y miembros de la fuerza pública.
C.M.: Como se determinó en la corte, todos los inversionistas eran “sofisticados”, es decir, personas con amplio conocimiento, quienes invirtieron siendo conscientes de los riesgos que implica un negocio.
SEMANA: ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso?
C.M.: Lo más difícil fue ver cómo afectó esto a mi familia. El dolor de mi familia por el impacto que le produjo mi captura. Durante los cinco años que duró este proceso y los casi tres años que estuve detenido, no pudimos disfrutar lo más preciado, que es la vida. Me afectó mucho el prejuzgamiento de los medios, ya que no miden el impacto que tiene publicar una noticia condenando a una persona antes de su juicio. Por este hostigamiento mediático, los bancos cerraron mis cuentas y las de mis hijos sin darme la oportunidad de dar alguna explicación, causándome perjuicios económicos irremediables. Este capítulo cierra con dolor, pero también con una reivindicación completa. Hoy miro hacia adelante con la frente en alto y listo para empezar de nuevo.
SEMANA: Se habló en algún momento de que su esposa e hijos terminaron implicados en esta investigación. ¿Así fue?
C.M.: Jamás. Por el contrario, mi esposa fue la mayor afectada, ya que fue la mayor inversionista del proyecto. Varios inversionistas me amenazaron e intimidaron con pretender vincular a mi esposa e hijos, pero es claro que fueron completamente ajenos al proyecto.