Los muy cuestionados viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, parecen tener los días contados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pondría freno de mano a la esposa del presidente Gustavo Petro, a quien se le ha visto en visitas oficiales representando al Estado colombiano: el funeral de la Reina Isabel II, la audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano, la Asamblea de las Naciones Unidas y el sepelio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.
El meollo del asunto se centra en que para estas designaciones la Presidencia y la Cancillería le otorgaron a Alcocer comisiones y viáticos por un valor cercano a los 60 millones de pesos para los tres viajes registrados el 19 de septiembre de 2022, el 14 de enero de 2023 y el 21 de septiembre de 2023 como si se tratara de una funcionaria.
Tales gastos, según reza la demanda citando el decreto, fueron utilizados para la misionalidad y acciones de delegación, sin contar los tiquetes aéreos y lo relacionado con transporte y seguridad. Todo para la primera dama, un cargo que constitucionalmente no existe, para el que no hay designación y mucho menos una votación para su elección.
Alcocer pudo efectuar esos viajes con la bendición de un decreto firmado por el canciller, Álvaro Leyva Durán, que la designó, nada más y nada menos, como embajadora en misión especial “para atender asuntos protocolarios”. En el Decreto 035 del 12 de enero de 2023 se comisionó a la primera dama por dos días a la ciudad de Roma, Italia, “con el fin de asistir a la audiencia que ha sido otorgada por su Santidad el papa Francisco”, también suscrito por Leyva.
La expedición del decreto provocó un verdadero choque de trenes entre la Presidencia y la Procuraduría General en los conceptos que le presentaron al Tribunal Administrativo, donde le pondrían freno a los millonarios y nutridos viajes de Alcocer y su corte.
La Procuraduría pide tumbar de tajo esos decretos al considerar que no existe razón legal alguna para haber designado a Verónica Alcocer como integrante de esta misión especial en el exterior. Según supo SEMANA, los argumentos tienen gran acogida en el tribunal.
En el concepto de 19 páginas se cuestionaron las disposiciones del presidente y de los dos directores del Dapre, que “omitieron por completo el hecho de que la designataria era la esposa del jefe de Estado, incumpliendo así los límites de parentesco”.
“Solo se refieren a las facultades del presidente para efectuar dichas designaciones, que ello es factible, que este tipo de designaciones son frecuentes y que son usuales los encargos especiales confiados a particulares que representan al país, pero no se hace ninguna referencia al grado de parentesco o vínculo, que es el núcleo del asunto a dilucidar”, recordó el procurador delegado.
En otras palabras, citando una jurisprudencia de vieja data, estas designaciones no se pueden hacer a personas con un parentesco cercano. Para esto, mencionó el polémico nombramiento efectuado en 1995 por el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, quien designó a su esposa, Jacquin Strauss, como parte de la Junta Directiva del Instituto de Bienestar Familiar. El Consejo de Estado le puso punto final a esta designación advirtiendo que la figura de la primera dama de la nación no se asemeja a una servidora pública. Nada más parecido al caso Alcocer.
Este tipo de nombramientos están más que restringidos. Cuando se habla de la “función pública” con la que se intentó justificar esta designación, se debe recordar que “no todo vale”, pues han de cumplirse los lineamientos legales.
“El señor presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones expidió el decreto en el que se designa o nombra como embajadora en misión especial a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente”, manifiesta la Procuraduría.
Igualmente, se les recordó al primer mandatario y a los funcionarios que le dieron el visto bueno a la firma del decreto que no se podría realizar la designación especial ni mucho menos otorgarle los viáticos, pues simple y llanamente el cargo de primera dama no puede equipararse con el de una servidora pública.
“La señora Verónica del Socorro Alcocer García no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el decreto cuestionado”, asegura la Procuraduría.
Por esto, considera el Ministerio Público, “en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías de derechos fundamentales”, que en efecto se presentó una grave irregularidad, por lo que se debe “declarar la nulidad” y por esa línea frenar de tajo lo que parecen abusos de una figura cercana al presidente, pero sin cargo alguno.
De otra forma piensan en el Gobierno, y con argumentos frágiles defienden los viajes de Alcocer. En un concepto firmado por el abogado Andrés Tapias Torres, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se utilizó la vieja y cuestionada estrategia del espejo retrovisor: todo es justificable, pues ya se había hecho en el pasado. “La designación de un particular como embajador en misión especial no es una figura nueva en el ordenamiento jurídico y ha sido empleada en numerosas oportunidades”, reza la respuesta.
Así se desprende del documento de 11 páginas conocido en exclusiva por SEMANA y en el cual se defienden a capa y espada las facultades que le otorgaron a la primera dama. “La designación de la señora Alcocer García como embajadora en misión especial se sustentó en disposiciones legales vigentes y aplicables, sin que exista abuso o desviación de poder”.
El documento, que califica como “carente de sentido” la demanda presentada contra el decreto, asegura que “se le encomendó una tarea especial en temas de interés de la República, en la representación del Estado se le confiaba a una persona de su máxima confianza y representatividad, propia del protocolo diplomático, que en forma alguna pugna con el ordenamiento constitucional y legal”.
Esta polémica se suma a los extravagantes gastos de la comitiva que suele acompañar a Alcocer en sus viajes y que alcanza los 1.000 millones de pesos. Entre el grupo –según reveló un reportaje de La Silla Vacía– se encuentran, sin razón alguna, la mejor amiga de la primera dama, Carolina Plata; un fotógrafo profesional, Mauricio Vélez; un maquillador y estilista personal, Fady Flórez; y un vestuarista.
Todos estos viajes, pago de viáticos y comisiones para Alcocer y su grupo de acompañantes han recibido el aval de la Consejería para la Reconciliación –según reveló la investigación periodística– en cabeza de Eva Ferrer y Álvaro González, dos personas extremadamente cercanas a la primera dama y con quienes aparece en varias fotos en sus redes sociales.