El escándalo de contratación del servicio de ambulancias para Bogotá, por más de 36.000 millones de pesos, que resultaron ser unos furgones mal adaptados, que se varan y no resisten la carga eléctrica de una atención de reanimación de urgencias, ya tiene duras repercusiones penales. José Andrés Álvarez, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de la Alcaldía de Claudia López, fue llamado a imputación de cargos por estos graves hechos, para que responda por el delito de peculado.
La Fiscalía ya solicitó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao la audiencia de imputación de cargos, que se realizará el próximo 28 de mayo. Las pruebas de cómo estas ambulancias mal adaptadas ponen en riesgo la vida de los bogotanos son demoledoras. Este escándalo de la administración de Claudia López fue denunciado por diferentes sectores, incluido el Concejo de Bogotá, por lo que las autoridades siguen con pistas ciertas el rastro del peculado.
La concejal Diana Diago ha denunciado desde un principio las irregularidades con las ambulancias. “Gracias a mi denuncia, la Fiscalía imputará cargos a los responsables del gobierno de Claudia López por la compra de los furgones que hicieron pasar por ambulancias que nos costaron $ 36.000 millones a los bogotanos y que son camiones. Claudia López siempre se quedó callada frente a mi denuncia”, señaló la cabildante.
SEMANA revela detalles de la investigación que llevó a la Fiscalía a tomar esta decisión de fondo y que tiene contra las cuerdas a Álvarez, uno de los funcionarios más importantes de la Secretaría de Salud y quien estuvo al frente del cuestionado contrato.
“Es claro que los estudios previos fueron suscritos por el director de urgencias y emergencias en salud, José Andrés Álvarez, quien aprobó su contenido relacionado con los aspectos técnicos y fichas técnicas de cada una de las ambulancias. Sin embargo, existe multiplicidad de fallas en el sistema de algunas ambulancias, tal como lo refleja la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá, que indica igualmente haber observado inadecuada supervisión consistente en la falta de seguimiento”, señala la investigación.
Durante meses, la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá se dio a la tarea de recopilar no solo los documentos y la trazabilidad desde la apertura del proceso de contratación, sino, además, los testimonios de los involucrados. Algunos de los implicados hicieron graves revelaciones que develan las omisiones al momento de aceptar la entrega de las ambulancias.
“Lo que llevó a recibir unas ambulancias que no corresponden con las características técnicas del objeto contratado, que muestran inconsistencias en sus sistemas de identificación y que no presentan un buen funcionamiento, acorde con la necesidad que se pretendía satisfacer, generando una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, ocasionando un detrimento al patrimonio público”, se lee en los informes de los investigadores a los que tuvo acceso SEMANA.
En el contrato, que se firmó con el Fondo Financiero Distrital de Salud y se realizó bajo la modalidad de selección abreviada, las ambulancias fueron recibidas a satisfacción, pese a las protuberantes fallas mecánicas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, documentadas mediante registros fotográficos que mostraban las irregularidades.
“En varios vehículos, los elementos de identificación vehicular, número de serie, número de identificación vehicular y número de motor de dos de las ambulancias no corresponden a las placas, de acuerdo con los datos consignados en las tarjetas de propiedad o licencia de tránsito”, se lee en el informe.
Además, la Contraloría advirtió que “no se garantizó el principio de interés general, la adecuada inversión, ni el beneficio social esperado, generando un daño al patrimonio”.
Los graves testimonios
Pero el asunto es mucho más grave que las irregularidades de recibir unas ambulancias que no cumplían con lo especificado o los posibles sobrecostos. En realidad, el asunto está en el riesgo de que estos vehículos operen a medias.
Uno de los testimonios técnicos recaudados en la investigación señala que “el vehículo en tránsito con todas las luces prendidas, en traslado con paciente, al conectarle todos los aditamentos, se apagaba de un momento a otro. En ocasiones, cuando el paciente se encontraba muy grave, al apagarse el vehículo, se empeoraba su situación. Hay testigos de pacientes que, por fallas de los vehículos, perdieron su vida”.
La gravedad de las fallas o chambonadas en estas ambulancias han quedado claras en los testimonios recogidos por la Fiscalía. Por ejemplo, señalan que hay adaptaciones y remiendos irregulares. “Tienen adicionadas partes que no fueron acordadas con el fabricante, por lo cual los vehículos han estado presentando fallas continuas, ocasionando pérdidas de muchas vidas”, asegura un testimonio.
La declaración de una persona del área técnica del Crue también advierte que no se cumplió con los protocolos de la marca. “La instalación debería tener un plano aprobado por un ingeniero, pero aún más por el fabricante de los vehículos, con el fin de que su funcionamiento fuera el adecuado, de acuerdo con las especificaciones que se entregaron”.
En los testimonios en poder de SEMANA, se habla con nombre propio. Uno de los conductores aseveró que “es falso lo que dice el señor Andrés Álvarez, director del Crue, de que los carros están ajustados a la norma para ser usados en la labor de ambulancias para los servicios de atención prehospitalaria (APH). En las lomas, con las vías que tiene Bogotá, no funcionan. Yo, que he sido conductor de camión, sé que estos son vehículos NHR, camiones de carga sin la suspensión adecuada para el traslado de personas en condición de salud vulnerable o discapacidad“.
Esta investigación, que tiene respondiendo al exdirector del Crue durante el mandato de Claudia López, refleja una chambonada que le puede implicar sanciones penales y, de fondo, destapa una clara irresponsabilidad con la salud de los ciudadanos, pues las ambulancias presentan deficiencias reiteradas.
“La falla más evidente era que los catalizadores se taponaban; como solución, los técnicos mecánicos de la subred le colocaban un tornillo que generaba una fuga de gas, la cual afectaba a los conductores, operadores y pacientes. Hasta las puertas de estos carros nuevos se abrían solas”, señala uno de los testimonios.
Según han indagado los investigadores, las irregularidades se continúan presentando, a tal punto que conductores y equipo médico se siguen quejando y reclamando, pues estos vehículos no son los adecuados para su función: nada menos que salvar vidas.
SEMANA conoció que, en medio de este escándalo, la Fiscalía ya tiene listas otras imputaciones a exfuncionarios de la alcaldía de Claudia López y a particulares que participaron del negocio y sabían de las fallas.