284 millones de pesos en canecas para la basura, poltronas de casi 4 millones, 346 televisores, 200 aires acondicionados por 996 millones de pesos, y hasta colchones con almohadas por más de 259 millones. Todo hace parte de un listado de equipos y mobiliario incluido en un millonario contrato firmado por la Gobernación de Arauca y que investiga la Fiscalía, no solo por los presuntos sobrecostos, sino por un direccionamiento que podría apuntar al ELN.
El objetivo del contrato, fijado en 17.000 millones de pesos, era dotar a los colegios del departamento de Arauca de lo necesario para convertirlos en ejemplo de educación e infraestructura. Sin embargo, casi un año después, según una denuncia, esos equipos no han llegado a todos los colegios, fueron facturados a mayor precio y hasta hicieron un cambiazo por marcas más económicas.
En la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia se abrió una investigación para determinar los sobrecostos denunciados, la responsabilidad del actual gobernador Renson Jesús Martínez en las presuntas irregularidades y la vinculación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la millonaria contratación.
La denuncia incluye soportes, documentos y una detallada averiguación que dejó en evidencia cómo los equipos y el mobiliario comprado por la Gobernación estaban muy por encima del valor en el mercado. Incluso se advierte cómo en las actas de liquidación y entrada al almacén, los equipos que llegaron no son los exigidos en las fichas técnicas.
“El contrato presenta sobrecostos en los elementos que fueron adquiridos a través de este, además no cumple con las especificaciones técnicas que exige el Ministerio de Educación para la dotación de mobiliario dirigido a las instituciones educativas”, señala la denuncia en poder de la Fiscalía y que, ante las contundentes pruebas, abrió paso a la investigación.
Los denunciantes entregaron a la Fiscalía los documentos que advierten la cantidad de equipos y muebles que fueron comprados por la Gobernación, así como las cotizaciones que hicieron con otros proveedores, para demostrar los sobrecostos denunciados, principalmente en los elementos de tecnología, como computadores, videoproyectores, impresoras, fotocopiadoras y televisores.
“Los elementos se encuentran en el acuerdo marco tecnológico y de mobiliario educativo, y estos, a través de una jugada ilegal, fueron adquiridos dentro de un proceso de subasta inversa, con altos sobrecostos en comparación con los precios del acuerdo”, advierte la denuncia.
Allí se señala que los equipos adquiridos por la Gobernación no son los mismos que se exigieron en los estudios o las fichas técnicas de la etapa previa del contrato. Ni siquiera en las actas de entrega o liquidación, de acuerdo con los denunciantes, se especificó lo que estaba llegando a la Gobernación, marca o referencia, simplemente se enumeraron los elementos, como si se tratara de un inventario ya existente.
“Es importante conocer los criterios que se considerarán para definir cuál es la oferta más favorable a la entidad. En este caso, el riesgo más evidente es el direccionamiento del contrato, conducta que supone definir criterios o adoptar mecanismos al interior del proceso de selección que aseguren a un único ganador o adjudicatario del contrato”, explica la denuncia, en la que se pone sobre la mesa la oscura adjudicación.
En las pruebas que fueron sumadas a la Fiscalía se explica cómo la Gobernación compró 2.073 computadores por casi 5 millones de pesos cada uno, cuando la misma marca y referencia, en el mercado, no supera los 2 millones. Lo mismo sucedió con más de 340 televisores, que en el contrato se adquirieron por 2.387 millones de pesos. Cada uno en casi 7 millones pero, en el mercado, de acuerdo con las cotizaciones, están avaluados en menos de 4 millones.
La lista de equipos y mobiliario se extiende. Compraron poltronas de “sala de estar” por más de 80 millones de pesos y, de acuerdo con las pruebas, algunas no llegaron a los colegios, a pesar de que el contrato se liquidó hace más de diez meses. Adicionalmente, para acompañar las poltronas, también se compraron 15 mesas, cada una por 585.000 pesos.
También, según el contrato y las pruebas de las irregularidades, se adquirieron 1.379 ventiladores y 200 aires acondicionados, por más de 1.500 millones de pesos. Nuevamente, varios de esos equipos no llegaron a los colegios del departamento, cuando se supone que era el objeto del contrato: dotar de elementos a los centros educativos públicos de Arauca.
Otro dato que se incluyó en la investigación advierte que la Gobernación, a través de este contrato, adquirió 4.734 puestos de trabajo para preescolar, primaria y secundaria, por más de 2.100 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con algunos padres, docentes y estudiantes, esos puestos no aparecen en las aulas.
Lo más grave que advierte la denuncia y que viene investigando la Fiscalía, no solo en la administración de Renson Jesús Martínez, sino frente a mandatarios departamentales anteriores, que ya fueron condenados, es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría intereses en la contratación de la Gobernación y particularmente en este millonario contrato para la dotación de los colegios.
Incluso recuerdan otros eventos o contratos donde aparece la firma del actual gobernador, junto a un hombre que, según la Fiscalía, es testaferro de esa guerrilla. “El señor Renson Jesús Martínez Prada fue secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del departamento de Arauca durante la primera Gobernación del señor José Facundo Castillo Cisneros (2012-2015) y, posteriormente, durante la Gobernación del señor Ricardo Alvarado Bestene, fungió como alcalde del municipio de Arauquita (Arauca), periodo 2016-2019”, advierte el documento que fue entregado a la Fiscalía.
El denunciante hace referencia a los hechos que fueron materia de investigación de la Fiscalía y que mantiene privados de la libertad a los gobernadores de tres administraciones atrás, justamente por vínculos con el ELN y de una forma muy particular, a través de la corrupción, con la entrega de contratos a testaferros de esa guerrilla.
Facundo Castillo y Ricardo Alvarado fueron los gobernadores de Arauca que terminaron procesados por entregar supuestamente contratos a la guerrilla del ELN, a través de un testaferro que aparece en otros contratos con el actual gobernador, Renson Jesús Martínez, cuando este se desempeñaba como alcalde del municipio de Arauquita. Sin embargo, el nombre se mantiene bajo reserva para no afectar la investigación.
La Fiscalía ahora indaga en detalle las presuntas irregularidades del millonario contrato, los sobrecostos y por qué no todos los colegios han recibido la dotación que, supuestamente, se terminó de entregar hace varios meses. Además, buscan establecer si otra vez el ELN terminó metido en la contratación de la Gobernación de Arauca.
SEMANA se comunicó con la Gobernación para conocer su versión de la denuncia y la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, al cierre de esta edición, no respondieron las inquietudes planteadas por este medio.