“El fiscal me pidió plata por ayudarme con el proceso”. Así arranca una denuncia que radicó hace un año Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, quien en 2013 estuvo en los titulares de prensa gracias a un multimillonario operativo de extinción de dominio que adelantó la Fiscalía, en la cuestionada administración de Eduardo Montealegre. En ese momento, el proceso aterrizó en el despacho del fiscal Rodrigo Aldana, el mismo que resultó condenado en medio del escándalo de Odebrecht. Fue este fiscal quien, según la denuncia, le exigió a Meyendorff, en una cárcel norteamericana, una millonaria suma de dinero por “ayudar” en el proceso, al parecer una práctica que años después el fiscal repitió con el excongresista Otto Bula.
La extinción de dominio a Ignacio Álvarez Meyendorff superó los 2 billones de pesos en bienes que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Cuando se ocuparon las propiedades, la Fiscalía argumentó la incautación en un proceso por lavado de activos y la solicitud de extradición contra Meyendorff.
La extinción de dominio que adelantó la Fiscalía en 2013 incluyó la ocupación de bienes repartidos en diferentes departamentos de Colombia, que incluyen hoteles, locales comerciales, haciendas, oficinas y hasta parqueaderos, principalmente en Bogotá. Llama la atención que uno de los hoteles incautados por la Fiscalía está en El Virrey, una exclusiva zona de la capital del país, además de unos locales comerciales en pleno parque de la 93.
Muchos de esos bienes, según los afectados, se han dejado en abandono, lo que ha provocado un deterioro significativo y una millonaria pérdida que apenas se empieza a calcular en los avalúos que presentarán en caso de radicar una demanda contra el Estado por el daño causado.
El gigantesco y millonario problema para la Fiscalía es que Meyendorff fue absuelto por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, y en Colombia se archivó el proceso de lavado de activos. La base de la extinción de dominio se desmoronó y la defensa de los afectados arrancó una cruzada por demostrar que la ocupación de los bienes se extinguió, por cuenta de decisiones de la misma Fiscalía y una lista de irregularidades.
Desde 2021, la defensa de Meyendorff logró que la Justicia les diera la razón, demostraron que no hay argumento legal para mantener la extinción de dominio y que tiene que devolver los bienes ocupados. El lío, según los abogados, es que muchos fueron rematados por la SAE en cuestionadas ventas y por debajo del avalúo catastral. Ahora nadie responde y el tiempo corre como un taxímetro que al final tendrán que pagar los colombianos.
SEMANA conoció el expediente y los detalles de supuestos acuerdos que planteó el fiscal a cargo del caso para ponerle fin al escándalo que en 2022 amenazaba con estallar. La supuesta negociación que el funcionario trató de manejar “bajo la mesa” incluía la entrega de un grupo de bienes, pero con la absolución por narcotráfico y el archivo del lavado de activos era poco lo que podría exigir la Fiscalía.
“Es por ello que el fiscal a cargo de la presente investigación, en uso de sus buenos oficios, solicita que se presente una propuesta por escrito que contenga el ofrecimiento... Los hermanos Álvarez Meyendorff se comunicaron con el despacho fiscal manifestándole su interés en la propuesta planteada por el titular de la acción”, señala el documento, que advierte la “negociación” que supuestamente planteó el fiscal.
Inexplicablemente, a pesar de tener los soportes que demuestran que el proceso en Colombia por lavado de activos estaba archivado, hace menos de un año la Fiscalía revivió la investigación. La defensa aseguró que la fiscal del caso, la misma que recibió el expediente contra Nicolás Petro, tomó la determinación sin el soporte legal suficiente y con el objetivo de mantener, así sea agonizando, la extinción de dominio.
En 2021, la Corte Suprema de Justicia se metió en esta pelea con una contundente decisión que ordenaba a la Fiscalía cerrar el proceso, tras casi una década en la que no se logró probar nada. “Es decir, ha tardado más de ocho años sin que se advierta un avance significativo que revele acciones tendientes a impulsar el referido asunto, al paso que tampoco se percibe que haya realizado ingentes esfuerzos en los demás casos a su cargo”, dijo la Corte.
Desde entonces, la Fiscalía trató de demostrar que el procedimiento y los argumentos para la extinción están vigentes, aun cuando desde el Tribunal de Bogotá y la propia Corte Suprema de Justicia advirtieron las irregularidades. Irónicamente, el fiscal del caso reconoció un “error” en el trámite que, para la defensa de los afectados, significa un prevaricato.
“Presento excusas por esa falla, pero no ha sido con la intención malsana o de otra índole para burlar, como se indica, las decisiones de los fallos proferidos por los magistrados de la sala de extinción del derecho de dominio”, dijo el fiscal del caso, en un mea culpa por los “errores” en los trámites de notificación que hace años debieron cumplirse.
El asunto se convirtió en una papa caliente. La Procuraduría, mediante una compulsa de copias ante la Comisión de Disciplina Judicial, señaló al fiscal del caso. Un documento que, según la defensa, en seis páginas resume 12 años de irregularidades en el proceso y que advierte responsabilidades disciplinarias. “Vemos que es posible que el funcionario pueda estar incurriendo en conductas que pudieran tener relevancia disciplinaria en consideración a la mora injustificada en el trámite del proceso de extinción del derecho de dominio señalado, así como el presunto desacato a las resoluciones judiciales”, señala la Procuraduría en la compulsa de copias.
A la decisión de la Procuraduría de pedir a la Comisión de Disciplina Judicial que adelante las investigaciones correspondientes, se sumó una serie de denuncias de presuntas presiones contra la abogada de los afectados y las irregularidades en el proceso de extinción de dominio que la Fiscalía insiste en mantener vivo, cuando instancias superiores han ordenado cerrar.
Las denuncias fueron advertidas a la fiscal Luz Adriana Camargo, tras insistir que, a pesar de los elementos de prueba, de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Extinción de Dominio, el funcionario a cargo del proceso mantiene la ocupación de los bienes y extiende los perjuicios que se convertirían en una millonaria demanda para el país.
“Se evidencia entonces que el fiscal ha dado información alejada de la realidad para conseguir fallos de los magistrados del tribunal, hecho que dio a conocer nuestra abogada mediante nuevos incidentes de desacato donde se les expuso a los magistrados las reiteradas vulneraciones realizadas por el fiscal”, advierten las denuncias contra el fiscal del caso, que no han tenido mayor trámite en la Fiscalía.
Mientras las decisiones de la justicia advierten las irregularidades y hasta la Procuraduría pide investigar, el fiscal del caso contra los Meyendorff defiende la extinción de dominio, que hace una década fue un escándalo, pero que ahora se convierte en un lío judicial en el que la Fiscalía pasará de investigadora a investigada.
También se anticipan algunas denuncias por las actuaciones de la SAE, porque buena parte de los bienes, que incluyen lujosas propiedades en Bogotá, como un hotel sobre la calle 100, fueron dejados a disposición de depositarios que se niegan a pagar los arriendos, mucho menos a mantener en buen estado los inmuebles.
Además, se advierte que la SAE, a pesar de tener orden expresa de entregar algunas propiedades que lograron sacudirse de la persecución de la Fiscalía, se niega a la devolución, sin ningún argumento más allá de los trámites administrativos en el interior de la entidad, extendiendo los perjuicios para los afectados y llenando de argumentos una futura demanda.