Lo que arrancó como un procedimiento de rutina para dos patrullas de la Policía en la localidad de Suba, terminó, según la Fiscalía en la seccional de Bogotá, en el secuestro de una pareja de esposos en el interior del CAI en el sector de La Alhambra.
Los uniformados, señala la denuncia, exigían 30 millones de pesos por dejarlos en libertad y, de paso, evitar una captura. La historia de este escándalo en la Policía tiene fecha: 25 de septiembre de 2023. Cuatro policías ubicaron, identificaron y retuvieron a tres personas momentos antes de entrar a un supermercado.
En el expediente que conoció SEMANA se advierte que requirieron a dos de los detenidos, una pareja de esposos, porque en su contra, según los policías, había órdenes de captura. Los uniformados, identificados como el subintendente John Gabriel Arciniegas y los patrulleros José Éver Lagos, Arturo Antonio Castañeda y José Arley Torres, convirtieron un procedimiento de identificación en un operativo contra dos estafadores buscados por la Fiscalía y que debían ser capturados de manera inmediata, a menos que pagaran.
“Respondiéndole con voz entrecortada, les dice que lleven los niños a la casa y les prepara el almuerzo porque los policías les estaban exigiendo el valor de 30 millones de pesos para dejarlos en libertad”, señala la denuncia.
Pero no fue solo la exigencia de dinero. La Fiscalía aseguró que los uniformados les hicieron seguimiento y perfilamiento a las víctimas. Tenían fotografías de sus recorridos, direcciones de la residencia y datos familiares que por momentos convencían en la veracidad de las supuestas órdenes de captura. Incluso, un policía simulaba hablar con una fiscal.
“Quienes argumentaban tener comunicación con una supuesta fiscal que adelantaba la investigación en contra de las víctimas; posteriormente, fueron trasladados a un parque por parte de los policiales con el fin de hacer el arreglo en dinero por valor de 30 millones para no judicializar a los ciudadanos”, señala el informe que conoció SEMANA.
Las órdenes de captura, según los uniformados, eran por los delitos de estafa, concierto para delinquir, hurto y lavado de activos. Las víctimas señalaron a la Fiscalía que un policía advirtió la necesidad de alejarse del supermercado porque “estaban dando boleta”. Fue cuando un patrullero se subió al vehículo de los afectados y entregó indicaciones.
Los demás policías, junto con la pareja de esposos, hicieron el recorrido a pie hasta un parque cercano. El desplazamiento quedó en los videos de seguridad de los edificios aledaños y fueron recuperados por los investigadores para argumentar la hipótesis de un secuestro.
“El policía que se subió al vehículo les da indicaciones a las víctimas para que se dirigieran cerca d las inmediaciones del CAI Alhambra (…) Detienen la marcha del vehículo frente a un parque que está ubicado sobre la calle 112 con transversal 54, y los policías involucrados en el supuesto procedimiento las hacen descender del vehículo”, advierten los informes.
En el parque, y justo al frente al CAI donde debían sentirse seguros, señala la denuncia, continuaron las exigencias de dinero. Advertían que los procesos judiciales y la orden de la Fiscalía era llevarlos hasta el búnker, por cuenta de las investigaciones. Pasó más de una hora y el procedimiento se convirtió en un tire y afloje.
“Mencionan las víctimas que al no acceder a las pretensiones de los policías y destacando que estas exigencias económicas se realizaron en vía pública, fueron conducidos hasta las instalaciones del CAI Alhambra”, advierte el expediente.
Como el acuerdo por la libertad de los detenidos no se concretó, según la denuncia, llevaron la discusión hasta el CAI, donde insistieron en el problema legal que tenían los esposos y cómo, de continuar con las diligencias, serían llevados a la cárcel. Nuevamente, saltó la oferta a cambio de su libertad.
“Uno de los policías le responde que si los llevaban de una los dejaban presos, detenidos, y que la idea era ayudarlos”, dijo la víctima.
Fueron los propios secuestrados los que grabaron con un reloj inteligente los momentos posteriores a las exigencias de dinero que, como no dieron resultado y tras tampoco terminar capturados, los uniformados quisieron darle un barniz de legalidad al pedirle a la pareja firmar un documento en blanco.
“Argumentando las víctimas a los funcionarios de la Policía que a ellos no les habían encontrado nada y que no iban a firmar, seguramente con el fin de poder justificar la retención de estas personas, los policías les manifestaban que ellos tenían un proceso por el delito de hurto”, dice el reporte de los investigadores. Finalmente, la pareja secuestrada, irónicamente en el CAI, quedó en libertad.
No hubo pago ni capturas, pero sí una denuncia que se convirtió en una investigación que quedó en manos de la Fiscalía y del mismo Gaula de la Policía, con la captura de los uniformados, tres en Bogotá y otro en Medellín. Fueron judicializados por el delito de secuestro extorsivo. Ninguno aceptó su responsabilidad y un juez ordenó enviarlos a una cárcel.
La Fiscalía presentó videos de seguridad, del reloj de las víctimas, fotogramas y declaraciones para advertir que los uniformados son protagonistas en toda esta historia en la que la libertad de dos personas se convirtió en moneda de cambio. Si querían regresar a su casa, la factura era de 30 millones de pesos.
La directora seccional de fiscalías en Bogotá, Leonor Merchán, explicó cómo se adelantó la investigación y de qué forma se recuperaron los elementos de prueba que permitieron la captura. La defensa no la tuvo fácil y el juez fue contundente. Los defensores alegaron un conflicto de competencias tras advertir que no hubo secuestro, en el peor de los casos, una privación ilegal de la libertad, competencia de la Justicia Militar.
El juez rechazó la solicitud y por más que los abogados insistían en la inocencia de los policías, incluso señalando que las supuestas víctimas tenían antecedentes por estafa y hurto, ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario. El enredo judicial que dejó sin uniforme a los cuatro policías apenas comienza.
Mientras los investigadores están convencidos de las evidencias, de la palabra de las víctimas y de la decisión del juez, la defensa de los uniformados mantendrá su estrategia para demostrar que un procedimiento policial no puede confundirse con un secuestro. Por ahora, el round lo ganó la Fiscalía.