Con la llegada de Luz Adriana Camargo como fiscal general cambiaron las prioridades para la entidad. Una de las primeras decisiones fue llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe, también inició investigación contra las campañas de Rodolfo Hernández y de Federico Gutiérrez y ahora llega una nueva movida: la Fiscalía activó el espejo retrovisor y reabrió el expediente por las chuzadas del DAS, en las que una de las víctimas es justamente el presidente Gustavo Petro.
SEMANA revela cómo, después de 15 años, la Fiscalía desempolvó uno de los casos más espinosos de la historia judicial del país, conocido como las chuzadas del DAS, organismo que fue liquidado por el escándalo, y ya los reflectores están apuntando hacia uno de sus exdirectores.
Se trata de Andrés Peñate, quien estuvo cerca de dos años al frente de la cuestionada entidad, entre 2005 y 2007. La Fiscalía lo citó a audiencia de imputación de cargos para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.
El asunto va sobre rieles, incluso ya hay fecha para que Peñate ponga la cara ante la justicia. SEMANA tiene en su poder la citación del magistrado Jairo José Agudelo, del Tribunal Superior de Bogotá, expedida hace apenas una semana, en la que señala: “Cítese, conforme a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación, de celebración de audiencia virtual preliminar de ‘formulación de imputación’ a esta y los demás sujetos procesales para el día jueves tres (3) de octubre del año en curso, a las 9:30 a. m.”.
El caso por el cual tendrá que responder Peñate tiene ver con las chuzadas o interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición y periodistas. En un documento de cuatro páginas, rotulado como “urgente” y en el que subrayan que se trata de una audiencia de imputación, el Tribunal de Bogotá notifica a todas las víctimas para que asistan a la diligencia. Entre ellas está el entonces senador opositor y hoy presidente Gustavo Petro.
La lista es larga. Hay más de 30 supuestas víctimas, en la que están incluidos todos los magistrados que para ese momento pertenecían a la Corte Suprema de Justicia. Entre los nombres se destacan Yesid Ramírez, Jaime Arrubla, Julio Enrique Socha, Luis Javier Osorio, Ruth Marina Díaz, Pedro Octavio Munar, Carlos Isaac Náder y Jorge Luis Quintero.
También está en la lista el expresidente de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete, quien por esos años tuvo un duro y público rifirrafe con el entonces presidente Álvaro Uribe. Y llama la atención que son citados, también como víctimas, exmagistrados que años después estuvieron en la palestra, salpicados en el escándalo más vergonzoso de la Rama Judicial: el cartel de la toga.
El expresidente de la Corte Francisco Ricaurte, condenado por este caso; José Leonidas Bustos, quien en medio del escándalo salió del país y se refugió en Canadá; y Camilo Tarquino, también condenado por recibir coimas a cambio de frenar los procesos contra aforados en la Corte Suprema de Justicia.
En el documento también fue notificado el Polo Democrático Alternativo, partido que para esos años concentraba todas las fuerzas de izquierda política en el país. A la citación a este nutrido grupo de víctimas se suma la presencia de la Procuraduría General de la Nación.
Según ha conocido SEMANA por fuentes judiciales cercanas a este caso, el llamado a Peñate es solamente la punta del iceberg. En realidad se trata de revivir un episodio que tuvo como uno de los principales protagonistas al presidente Petro en calidad de opositor. No obstante, también le genera especial interés al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo: los dos fueron magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia en épocas de diferencias con el Gobierno Uribe.
Por este escándalo, incluso hace apenas dos meses fueron condenados dos de los más altos funcionarios del Gobierno de entonces: el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez. El Tribunal Superior de Bogotá los condenó a cinco años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. Castillo y Velásquez fueron absueltos por un juez y siempre han afirmado, pese a esta última condena, que son inocentes.
Sin duda, una de las protagonistas del escándalo es María del Pilar Hurtado, quien terminó condenada a 14 años de prisión, estuvo en condición de asilo en Panamá. En la condena contra Hurtado, la justicia compulsó copias para investigar a varios funcionarios del Gobierno Uribe, entre ellos, el antecesor de Hurtado en el DAS, Andrés Peñate, quien en ese momento negó su participación en el escándalo.
“He respondido todas sus preguntas de manera amplia y sin ampararme en reservas de ningún tipo. Reitero aquí lo dicho bajo juramento: en ningún momento recibí, ni emití, ni toleré órdenes que hicieran que el DAS pudiese ser usado como una “policía política” para perseguir o acosar opositores, disidentes o críticos del Gobierno, o a miembros de otras ramas del poder público, en virtud de sus supuestas simpatías o malquerencias con el gobernante de turno”, señaló Peñate.
Sin embargo, varios de los testigos en medio de las investigaciones, entre ellos los mismos exfuncionarios del DAS, decidieron levantar la mano, aceptar las responsabilidades y colaborar con la justicia para obtener rebajas de penas. Ellos prendieron el ventilador y contaron quiénes habrían participado en esta operación. Ahí apareció el nombre de Andrés Peñate.
Una de ellas fue la exsubdirectora de operaciones de DAS Martha Leal, quien dijo que recibió la orden directa de Peñate para hacer estos seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas. Incluso, Leal advirtió que esta labor se desarrolló de forma conjunta con William Romero, subdirector de fuentes humanas.
Romero también confesó su participación en el escándalo y señaló a Peñate y a Hurtado. Incluso, en su aporte de pruebas, entregó tres cajas con información que mantuvo guardadas como salvavidas, aunque en su momento le habían pedido destruir ese material. Ya Peñate había sido llamado a dar explicaciones a la justicia hace 14 años. La Fiscalía investigó, pero no lo vinculó formalmente como responsable al no encontrar mérito.
Así, el jueves 3 de octubre se activará el retrovisor de la Fiscalía con este espinoso caso de hace unos 15 años y que vincula al presidente Petro como víctima. Sin embargo, llama la atención que así como aceleran este caso, hay otros que avanzan a paso de tortuga, como el proceso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado activos, o el de la corrupción y saqueo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el que están involucrados funcionarios del alto Gobierno que ni siquiera han sido llamados a dar su versión.