El péndulo judicial de Nicolás Petro, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no se ha detenido. El exdiputado está por demostrar que su palabra no es de fiar y acomoda su verdad a las circunstancias. La Fiscalía confirmó que echó reversa y está listo para volver a confesar las irregularidades que cometió en la campaña y cómo se apropió de dineros que recogió para la aspiración del presidente Gustavo Petro.
Cuando capturaron a Nicolás, en plenas audiencias preliminares reconoció responsabilidad y pidió perdón. Luego, en entrevista con SEMANA, dijo que no se iba a inmolar ni por su papá, el presidente de la república. Después, tras una visita del presidente a la casa que tenía por cárcel en Barranquilla, denunció que fue presionado por la Fiscalía para presentar su confesión. Ahora, cuando está a las puertas del juicio, pide pista para una nueva oportunidad, pero pone condiciones.
La propia fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que los abogados del hijo del presidente sostuvieron reuniones con la fiscal responsable de la investigación, Lucy Marcela Laborde. Estaban pidiendo pista en nombre de Nicolás Petro, un eventual acuerdo o negociación para aceptar cargos y convertirse en el único condenado en este proceso.
“Hubo reuniones con la directora de la investigación dados los cargos que enfrenta el señor Nicolás Petro. Se han hecho algunas propuestas, sin llegar a algún acuerdo de parte de la Fiscalía. En mi despacho existía una molestia por la filtración que se hizo de las conversaciones adelantadas”, señaló la fiscal.
SEMANA conoció los detalles de esos acercamientos, las reuniones que se creían secretas y que terminaron por revelar cómo Nicolás Petro estaba, por segunda vez, dispuesto a asumir su responsabilidad y asumiría una condena, con tal de que sea la más cota posible. Pareciera evidente un afán en la Fiscalía por ayudar al hijo del presidente.
La negociación, de acuerdo con los detalles filtrados, incluye aceptar responsabilidad y a cambio obtener una rebaja sustancial de la pena; además, un sitio especial de reclusión en caso de que la decisión del juez sea privarlo de la libertad. Y un detalle que no es menor, la reducción de la pena iría ligada a la posibilidad de cambiar el delito de lavado de activos por estafa o enriquecimiento ilícito de particular.
Según contaron los abogados, “las pruebas son tan contundentes que resulta imposible negar que Nicolás Petro recibió plata, la metió en sus bolsillos y se la gastó, pero eso no significa que estuviera lavando activos”. Tampoco, explicaron, puede ser enriquecimiento ilícito de servidor público, pues el dinero que se apropió no tenía nada que ver con el cargo de diputado que ocupaba en ese momento.
Por eso, la defensa del hijo del presidente le apunta a reconocer el delito de enriquecimiento ilícito, pero como particular, no como empleado público, y eliminar o modular el de lavado de activos. Los abogados soportarán su solicitud basados en conceptos de exmagistrados y exministros, como Yesid Reyes, quien advierte que el dinero que recibe una persona no propiamente de fuentes ilícitas, y que se gasta en lujos, no lleva de manera directa al lavado de activos.
“En el caso del señor Nicolás Petro Burgos, las referencias que la Fiscalía hizo al ocultamiento de dineros son en extremo genéricas e imprecisas. Se alude a una pluralidad de personas que en distintos momentos habrían transportado diversas cantidades de dinero entre diferentes sitios mediante métodos disímiles”, asegura el concepto conocido por SEMANA.
Los “acercamientos” a que hizo referencia la fiscal Camargo fueron revelados por SEMANA, detalles con las reuniones secretas y que anticipaban la eventual negociación. Esa filtración bajó algunas talanqueras en la Fiscalía y por varias semanas no se volvió a hablar del tema. El problema es que el tiempo pasó, el juicio se acercó más y con ello la última oportunidad para firmar la negociación.
Este mismo mes podría terminar la etapa probatoria en el proceso contra Nicolás Petro y arrancar el juicio. En ese punto sería imposible firmar algún acuerdo con la Fiscalía. Tendría que enfrentarse al ente acusador y exponerse a una pena más elevada, fuera de someterse a largas jornadas de audiencia, con la exposición mediática y donde se recordarán las conversaciones, fotos, videos y audios que motivaron la imputación de cargos.
Los términos procesales no se detienen para el hijo del presidente. Debe tomar la decisión, y la Fiscalía, estudiar la propuesta que hagan sus abogados, antes que el juez Hugo Carbonó suelte el martillo para anunciar el inicio del juicio. Sin embargo, se conoció en las últimas horas una decisión que seguramente detendrá el tiempo y le dará espacio al exdiputado.
Diego Henao, el abogado principal de Nicolás Petro, quien lo acompañó en la estrategia de inocente, tomó la determinación de renunciar. SEMANA habló con el defensor y explicó que son criterios jurídicos los que terminan por apartarlo del proceso. Aseguró que estaba convencido de dar la pelea en juicio, pero otros abogados llegaron con opciones diferentes, como aceptar cargos.
“Esta decisión responde a un cambio en la estrategia de defensa. Tras una reflexión profunda y respetuosa del proceso, he considerado necesario dar un paso al costado. Mi renuncia obedece únicamente a este ajuste en la orientación de la defensa, y deseo expresar mis mejores deseos para que el señor Nicolás Fernando Petro y su nuevo equipo legal alcancen el mejor resultado posible en su escenario judicial”, señaló el abogado.
Con seguridad, la renuncia del abogado le puede dar un poco de tiempo a Nicolás Petro mientras concreta, con su nuevo equipo de defensa, la negociación con la Fiscalía. Un acuerdo que incluya la aceptación de cargos, una modesta condena y el mejor sitio para cumplir la pena. Se habla de una guarnición militar.
Al final, los alcances de la negociación y su aprobación dependerán del juez: que se cumplan los términos, que se presenten a tiempo y que el inesperado giro del proceso cumpla con lo que exige la ley para este tipo de convenios entre procesados y la Fiscalía. En todo caso, de aprobarse o negarse la eventual negociación, la conclusión será la misma: las pruebas contra Nicolás Petro son contundentes y sería condenado.
Con la sola formulación del acuerdo, el hijo del presidente se devuelve un año en su proceso, al mismo punto cuando, frente a un juez, en cámara y junto a su exesposa, reconoció que recibió dinero para la campaña de su papá, el ahora presidente Petro. Que otra parte se la gastó, compró casa, carro, viajes y lujos. Fue el mismo día en que prometió decir toda la verdad por su hijo que estaba por nacer.
“Quiero anunciar a Colombia que iniciaré un proceso de colaboración en el que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino”, dijo Nicolás Petro semanas antes de retractarse y denunciar las supuestas presiones.
Los abogados que podaron la ruta para una negociación, según fuentes del proceso, son cercanos a la Casa de Nariño y concluyeron que lo mejor para todas las partes en este escándalo es que Nicolás Petro acepte cargos y el caso se cierre con su condena. En menos tiempo y sin mayores trámites. Aunque frenar el escándalo es como tratar de tapar el sol con un dedo, “esta podría ser la primera vez en la historia del país que el hijo de un presidente en ejercicio se convierta en reo”, comentaron.
De reconocer responsabilidad, como se supone que ocurre en un acuerdo para aceptar cargos, las denuncias que hizo contra el fiscal Mario Burgos de supuestas presiones en la primera etapa del caso terminarían en meras mentiras, falacias que se inventó para enredar el proceso y convencer al país de que era inocente. Otra vez, y contra su propia voz, tendría que reconocer que mintió cuando dijo que todo era un complot en su contra. Las pruebas que entregó Day Vásquez lo delataron y la verdad lo llevará a una condena si se le aprueba el acuerdo o si es vencido en juicio. Queda la duda sobre qué pasaría con Day Vásquez si a su exesposo le cambian los delitos. A ella un juez le aprobó un principio de oportunidad por el enriquecimiento ilícito que le imputaron a Nicolás Petro y por los mismos hechos.