El polémico nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como Embajador de Colombia en México está pendiendo de un hilo. A mediados de noviembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el activista no cumplía con los requisitos académicos para ocupar un cargo de esta magnitud. No cuenta ni con título universitario.
Conociendo esa grave falencia, la Presidencia y la Cancillería se fueron por las ramas en los recursos de revisión y reposición que presentaron ante el Tribunal. Con la intención de encontrar un vacío legal y técnico, aseveraron que el fallo debe ser declarado nulo, porque el presidente Gustavo Petro no fue consultado sobre la existencia de la demanda en contra del nombramiento. Ese es el argumento.
“El presidente de la República tiene interés en el proceso, y no fue notificado personalmente de los autos admisorios de las demandas electorales”, señala el concepto conocido en exclusiva por SEMANA.
Lo cierto es que Ninco no estaba preparado para este cargo, y ya son tres las investigaciones que tiene abiertas, mientras él se victimiza en redes sociales y afirma que ocurre es una lawfare (guerra legal) contra él y el gobierno Petro, son claros los motivos de las investigaciones.
“A todo el mundo lo trata mal. Es demasiado displicente con los subalternos, he recibido el peor de los tratos después de que se suponía que al ser militantes del Pacto Histórico la relación iba a cambiar”, señala una de las quejas que en su momento fue revelada en exclusiva por SEMANA.
Mientras se defendía de estos señalamientos mediante su defensa, se conoció un corto video en el que aparecía el diputado mexicano Temístocles Villanueva dando un discurso de tipo político en la sede de la Embajada de Colombia en México, lo que representaría un uso indebido de la sede diplomática.
El nombramiento como Ninco como Embajador también tiene en problemas al exministro de Ciencia Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia; al exdirector del departamento administrativo de la función pública, César Augusto Manrique Soacha; y hasta la misma rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño . Esto por presuntamente haberle recomendado al Presidente de la República autorizar “la compensación excepcional de requisitos” sin que Ninco Daza “acreditara una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio”.
La defensa
El abogado Milton Alexander Dionisio, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, le señaló al Consejo de Estado hubo falta de garantías a la defensa del Embajador, omisiones en el cumplimiento de los términos y que el presidente Petro nunca se enteró.
Citando un decreto de febrero de 2020, insisten en que “el cargo de Embajador es clasificado como de libre nombramiento y remoción” y que “el Presidente es el nominador del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0035, grado 25, (...) ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”.
En este proceso, a Ninco le apareció otra mano salvadora: la Cancillería. Afirma que pese a lo dicho por el Tribunal no se presentó ninguna falla, “supuestamente se desconocieron las observaciones presentadas por la ciudadanía en relación con la hoja de vida del aspirante antes de realizar el nombramiento, no obstante que, la publicidad no es un requisito de existencia o validez sino de eficiencia y oponibilidad frente a terceros ajenos a la actuación administrativa”.
Para el Ministerio, “la supuesta irregularidad en el procedimiento de publicación de la hoja de vida no es causal de anulación del acto, ni afecta su validez ni su existencia jurídica”, desconociendo así los planteamientos del Tribunal Administrativo.
Pese a todas estos intentos por anular el fallo, el Tribunal cerró las puertas y aseguró que la decisión sigue en firme. Hecho por el cual Ninco tiene un pie afuera de la Embajada, una de las más importantes si a relaciones internacionales se refiere.