Marco Zabala busca dejar su pasado atrás. Después de 30 años quiere romper todo tipo de recuerdo de lo que ocurrió el 17 de octubre de 1994, cuando de las bóvedas del Banco de la República de Valledupar un grupo de experimentados ladrones sacó 24.000 millones de pesos en billetes sin marcar, comenzando así la cinematográfica historia del robo del siglo, que ha dado para todo, incluyendo series de Netflix.
Desde la capital del Cesar, Zabala, quien era el gerente del banco en ese entonces y sobre quien cayeron todos los reflectores como sospechoso del robo, para luego salir inocente ante los tribunales, se muestra y escucha cansado de contar la historia de cómo, en plena convalecencia, recibió la noticia del multimillonario hurto, de su captura, de los cuatro años que estuvo en la cárcel, los 300 millones de la indemnización que el Estado aún le debe y de su lucha para demostrar que nada tuvo que ver con lo que ocurrió aquel bochornoso lunes festivo.
En conversación con SEMANA, el exgerente del Banco de la República atinó a decir que hoy, después de tres décadas, no tiene ninguna deuda con la justicia colombiana. “No tengo antecedentes ni penales, ni administrativos, ni civiles, mucho menos disciplinarios”.
Aquel robo no solo representó una privación injusta de su libertad, sino el fin de su ascendente carrera y de su tranquilidad, desde entonces pasó a ser víctima constante de señalamientos que, 30 años después, sigue lamentando porque en ese cinematográfico hecho no solo se robaron la plata, también se quedó sin pensión.
SEMANA confirmó que la Corte Constitucional le cerró su última opción de obtener la mesada, pues no seleccionó para su estudio la tutela que presentó en todas las instancias posibles reclamándole al Banco de la República el pago de su jubilación. Por lo que esta pelea jurídica ya quedó con un candado que solamente en un caso excepcional se podrá abrir.
Y es que no se había cumplido ni un mes del robo cuando, ya en la cárcel, Zabala se enteró de que había sido despedido por el Banco de la República. Todo esto, pasándose por completo la presunción de inocencia, los años que estuvo al servicio de la entidad y que eran más dudas que respuestas las que había en el ambiente frente al insólito robo.
“El Banco de la República procedió de mala fe, ocultando parcialmente la verdad, mintiendo o distorsionando los hechos, para negar la realidad”, advirtió el exgerente en su reclamación ante juzgados, tribunales y la mismísima Corte Suprema. “Si bien el Banco de la República alegó justas causas, no pudo demostrarlas”, afirma.
Para el exgerente vallenato, el banco omitió por completo la convención colectiva de trabajo vigente para 1994, que fijaba compromisos y beneficios para los trabajadores que tenían una antigüedad superior a los diez años y que fueran retirados del servicio por razones “ajenas a su voluntad o despidos sin justa causa”.
Al ser un gerente contaba con otros beneficios que no podían ser desconocidos. Por esto, pedía la suma de “1.737.450 pesos mensuales a partir del 23 de noviembre de 1994”, además de las mesadas que tiene pendientes desde hace tres décadas y que “debería contar con los incrementos que de la ley”.
En la reclamación indicaba claramente que “a pesar de reconocer que fui víctima de un despido injusto, decidido por mi exempleadora, el Banco de la República no dispuso que se me concediese la pensión contemplada en la convención colectiva de trabajo vigente en la época del despido”.
Sin embargo, en el fallo conocido en exclusiva por SEMANA, la Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta, no sin antes calificar como “temerario” el reclamo. “Es reflejo de un ejercicio repetitivo en un asunto, esencialmente idéntico, replanteando un tema que ya había sido sometido al escrutinio y definición del juez constitucional, y no se suscita variación alguna que permita reabrir el debate jurídico”, advierte la decisión.
La nueva reclamación, que manifestaba el exgerente, no cumplió con lo exigido, pues no se logró demostrar –a juicio de la Corte Suprema– la vulneración de sus derechos fundamentales. “No se evidencia ningún reproche fundado con base en la supuesta probanza”.
Este portazo se suma a los ya ocho años que lleva esperando el pago de la indemnización ordenada por el Consejo de Estado, en agosto de 2016, por la privación injusta de la libertad y el daño al buen nombre. Ya acostumbrado a esperar justicia desde 1994, Zabala sabe que este es un trámite que han tenido que vivir miles de personas a las que el Estado les ha vulnerado sus derechos.
El viacrucis del exgerente
Zabala está seguro de que casi tres décadas después son muchos los cabos sueltos en el robo del siglo, una historia que parece de ficción, en la que se inundó el país de billetes chimbos que tenían una indígena embera en una cara y al respaldo aves multicolor representaban la biodiversidad del país, y que terminaron valiendo lo mismo que un papel de Monopolio. Fueron retirados en su totalidad del mercado. Pese a que varios de los ladrones fueron capturados, todavía existen dudas sobre la participación de personas muy poderosas que pasaron de agache. Por eso, prefiere no ahondar en el tema y cerrar con llave ese episodio.
El exgerente sabe que fue señalado sin fundamento por el teniente de la Policía César Augusto Barrera, quien se alió con los ladrones para permitir el acceso al banco, con la excusa de instalar el nuevo sistema de aire acondicionado para proteger los billetes ubicados en la bóveda.
El teniente, en una indagatoria de la que se tienen todavía dudas si existieron presiones de los investigadores, dio varios nombres de los cómplices, entre estos el gerente y varios trabajadores de la empresa de vigilancia.
La suerte le sonrió brevemente a Zabala cuando Jaime Bonilla Esquivel, cerebro del robo y quien convenció personalmente al teniente de ayudarlo para “dar el golpe”, escribió una carta de su puño y letra al juzgado penal de Valledupar para librar de toda culpa al gerente.
“Debo aclarar a usted que yo no he hecho ninguna incriminación, hacerlo sería una ignominia que ni yo me perdonaría”, aseguró Bonilla Esquivel.
Esta misiva fue clave para la absolución. Diez años después de escribir esta carta, Bonilla, mientras intentaba reintegrarse a la vida civil, fue asesinado en una panadería en el barrio Samper Mendoza, en Bogotá. El crimen quedó en la impunidad. En el robo del siglo no solo se llevaron miles de billetes que quedaron valiendo nada, también se llevaron la vida y la pensión de Zabala, que 30 años después sigue esperando justicia.