Un informe de la Fiscalía, radicado el 20 de febrero de 2024 en el despacho del entonces director anticorrupción, Eduar Alirio Calderón, tiene detalles claros sobre lo que, desde ese momento, se advirtió como irregularidades en los contratos entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la empresa conocida como Impoamericana Roger S.A.S.
El informe se bautizó como Iniciativa UNGRD y en él se detalló que las irregularidades saltaron como colores en un lienzo. Se trata de una pieza fundamental del expediente que la Fiscalía presentará en la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y el contratista Luis Eduardo López, de Impoamericana Roger S.A.S.
En ese expediente, un dato llamó la atención de los investigadores, y lo dejaron consignado en los informes presentados a los delegados de la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía. Uno de los socios de Impoamericana, llamado Élmer Francisco Celis Ramírez, era investigado por lavado de activos relacionados con hechos de narcotráfico.
“Se remite el caso Nro. 9524 de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–. Se trata de un posible lavado de activos, a través de exportaciones ficticias, por parte de un operador logístico aduanero que ha recibido del exterior 16.514 millones de pesos, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, dinero que fue retirado en cheques, principalmente en la ciudad de Cúcuta. Operaciones, al parecer, originadas en actividades del narcotráfico”, señala el informe de la Fiscalía y que conoció SEMANA.
De acuerdo con los análisis de los investigadores, la UNGRD, al mando de Olmedo López, tantas veces exaltado por el presidente Gustavo Petro y amigo desde épocas del M-19, contrató con una empresa vinculada al narcotráfico, a través de un socio que fue asesinado en septiembre de 2023, justo cuando avanzaba con la compra de los 40 carrotanques para La Guajira.
“Partiendo del hecho de que la información obtenida a través del registro mercantil permite evidenciar que la sociedad comercial Impoamericana Roger SAS no tenía ni la experiencia específica ni la capacidad financiera para suscribir un contrato de tal magnitud (46.800 millones de pesos), y teniendo como referencia que al señor Élmer Francisco Celis y otras personas se les investiga por lavado de activos, al parecer por operaciones originadas en el narcotráfico”, se lee en el documento en poder de SEMANA.
“Es de resaltar, que la orden de proveeduría se hizo el 12 de octubre de 2023, por lo que se puede inferir que el proceso de selección del proveedor ya estaba en curso cuando a Celis Ramírez lo mataron y que, en efecto, el señor Celis tenía vínculo con la sociedad Impoamericana Roger S.A.S”, advierte el documento de la Fiscalía que se convirtió en el punto de partida para la investigación.
En esos informes, los investigadores dejaron en claro que eran evidentes las irregularidades en el proceso de contratación y hasta la vinculación de un procesado por narcotráfico. Sin embargo, solo hasta ahora la Fiscalía se lanza con la primera gran decisión, una imputación de cargos contra los protagonistas. “Todo lo anterior permite inferir que la sociedad comercial Impoamericana Roger S.A.S. no tenía ni la experiencia específica (característica de las empresas multiobjeto) ni mucho menos la capacidad financiera (solvencia, respaldo patrimonial, etc.) para suscribir un contrato en cuantía de $46.800 millones de pesos con la UNGRD”, reza el documento.
Bastaron las primeras diligencias para que algunas cabezas empezaran a rodar. Los exdirectivos de la entidad se “arrodillaron” y confesaron. Pidieron perdón y prometieron reintegrar el dinero enredado, pero antes hicieron revelaciones escandalosas en SEMANA. Olmedo López y Sneyder Pinilla contaron cómo se construyó la estrategia criminal y el objetivo principal de usar los recursos públicos para pagar favores políticos.
Los exdirectivos de la UNGRD, ahora confesos criminales, advirtieron que ministros, funcionarios y congresistas resultaron metidos en este entramado de corrupción. Entregaron nombres, cargos y cuantías de sobornos repartidos en maletas llenas de efectivo. Pinilla dijo que 4.000 millones de pesos se repartieron entre el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara, Andrés Calle.
La Fiscalía adelantó inspecciones a la sede de la UNGRD, escuchó en declaración a varios funcionarios y resumió los hallazgos en varios informes que están en poder de SEMANA y que los fiscales a cargo de la investigación presentarán en las audiencias de imputación de cargos, los mismos documentos usados para compulsar copias ante la Corte Suprema para investigar a nueve congresistas.
En esos documentos los investigadores advierten que es necesario informar a la Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales, tras exponer las evidencias de cómo la empresa vinculada al escándalo en la UNGRD fue, presuntamente, utilizada en una millonaria operación de lavado de activos, al parecer, con dineros del narcotráfico.
“Se sugiere muy respetuosamente aperturar noticia criminal, toda vez que, en primer lugar, se favoreció al contratista con la adjudicación de un contrato y, en segundo lugar, porque se utilizó la mencionada sociedad presuntamente para lavar dinero producto de operaciones ilícitas y de esta manera cumplir con el objeto del contrato, por lo cual se recomienda igualmente correr traslado de este informe”, señala un documento de la Fiscalía.
En los documentos, conocidos por SEMANA están los resúmenes de interceptaciones telefónicas a Sneyder Pinilla, a Olmedo López, al contratista Luis Eduardo López y a otro grupo de funcionarios de la UNGRD que resultaron comprometidos en esta investigación. En varios apartes se escucha y lee cómo los involucrados estaban muy atentos a las investigaciones de la Fiscalía. Todos los informes, declaraciones, interrogatorios, audios y fotos aparecen en el expediente de la UNGRD y se convertirán en el mapa que lleve a la cárcel a los exdirectivos de la entidad luego del anuncio de la imputación.