En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema reposa un robusto expediente de 152 páginas, al que SEMANA tuvo acceso, con los detalles de la investigación contra el actual senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez. El caso, que ya tiene todo un arsenal probatorio, pone sobre la mesa cómo el congresista se habría quedado con salarios de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), con el descaro, según la investigación, de llegar a apropiarse de la tarjeta débito de una de las funcionarias para manejarla a su antojo.
El senador es investigado por peculado por apropiación en provecho propio o a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Pero más allá de los delitos, el hecho claro, que lo tiene contra las cuerdas en la Corte, es por una denuncia que revelaría todo un entramado de corrupción que habría liderado Jiménez, en el cual terminaron afectados sus propios subordinados de la UTL.
El caso se remonta al periodo 2014-2018, cuando el ahora senador era representante a la Cámara, y lo salpica en el entramado criminal denominado como el carrusel de pensiones en Fonprecon, el Fondo de Previsión Social del Congreso.
Todo empezó con una denuncia en la que se alertó: “Los empleados asignados a su UTL debían hacer entrega total de sus salarios mensuales, primas, prestaciones y demás beneficios obtenidos, y como contraprestación tendrían la cobertura y la cotización a salud y pensión”.
Uno de los casos que más ha llamado la atención al magistrado César Reyes, quien está a cargo de este caso, es el de María Juliana Abadía Abadía, quien ingresó a la UTL de Abraham Jiménez con un salario básico de 6.160.000 pesos, “obedeciendo a un pacto criminal”, como señala la denuncia. La mujer habría sido obligada a entregar su tarjeta débito para que el entonces representante la manejara “a través de terceras personas todo el tiempo. ¡Mensualmente le retiraban todo su pago!”, se lee en el documento.
Esa sería la prueba reina contra el actual senador. Abadía, al parecer, le entregó su salario, primas, prestaciones y demás beneficios a cambio de tener protección en salud, pensión y no asistir al trabajo. Se trataría de lo que denominan en los pasillos del Congreso como una corbata, funcionarios contratados que no trabajan; pero en este caso era condicionado, si Abadía quería terminar de cotizar para su pensión, la contraprestación era todos los ingresos.
El expediente advierte que “nunca cumplió horario, ni funciones, nunca asistió a su puesto de trabajo, nunca ingresó diariamente, ni registró su huella, ni existe constancia alguna de su presencia en la oficina del representante o realizar algunas gestiones en Cali”.
Es decir, la tarjeta débito de Juliana Abadía fue la única que cumplió funciones para el entonces representante, y pese a que no había forma de comprobar su trabajo, Jiménez habría certificado falsamente el cumplimiento laboral de la mujer, detalla la investigación.
Uno de los señalamientos más graves del documento que llegó a la Sala nombra a Noralba García Moreno, secretaria departamental de la Gobernación del Valle del Cauca, quien es identificada como “protegida” del congresista Abraham Jiménez, y sería una de las personas que retiraba el dinero de la tarjeta de Abadía, por instrucciones del ahora acusado.
“Retiros que se hacían en Cali, y con esos dineros se pagaban compromisos políticos y gastos de campaña, la única plata que pudo retirar directamente la señora Abadía fue su liquidación, ya que también se la iba a quitar la señora Noralba García, pero ella amenazó con denunciar todo”, se lee en el expediente.
La Corte Suprema también destacó un detalle no menor: Sara Arias García, la hija de la secretaria de la Gobernación del Valle, casualmente también trabajó en la UTL de Jiménez López, pero, como es apenas lógico, sí recibía su sueldo.
El carrusel de corbatas que investiga el magistrado César Reyes tiene más vagones, y en ellos aparecen nombres como Olga Lucía Pineda Palacios, María Solange Maya Restrepo, Argenis Elena Ruiz y Carolina Mena Escobar, quienes formaron parte de la UTL del congresista y recibían salario sin cumplir funciones.
Desde el año 2020 comenzó el proceso en la Corte y desde esa fecha se venían recogiendo pruebas para esclarecer el caso que ya está para cerca del fallo. Una de las piezas más importantes son los ingresos al Congreso de Abadía entre 2014-2018, la directora administrativa del Senado de la República certificó que “no se encontraron resultados de ingreso (...) igualmente, se realizó búsqueda desde el sistema Sipass, control de acceso por el número de identificación, sin resultado alguno”.
Lo curioso es que el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes tampoco halló certificados de cumplimiento de labores de la entonces funcionaria durante los cuatro años que estuvo vinculada al Congreso de la República. Pero el congresista sí hizo llegar certificados de las labores de su UTL, argumentando que “para la época de mis inicios como congresista, estos fueron recibidos por mí en forma verbal, (...) lo que me permite afirmar que los servicios fueron presentados por ellos”.
En el testimonio que Juliana Abadía le entregó a la Corte, desmintió la denuncia, asegurando que “yo sí hice un trabajo con él, sí cumplí mis funciones (...) percibí absolutamente todos mis salarios”. De hecho, el senador Jiménez afirma que todo se debe a una persecución política.
En el análisis de las versiones, el despacho del magistrado Reyes halló serias inconsistencias que dejarían entrever que el entonces representante por el Valle contrató a Abadía en un cargo que no desempeñó, pero sí se le pagó durante los cuatro años del periodo legislativo. Sin embargo, esa plata no la habría recibido y se terminó, según la investigación, incurriendo en una apropiación indebida a favor de terceros.
La Corte también detalló que “el aforado habría consignado información falsa en los certificados de cumplimiento de funciones, al hacer constar mes a mes que materialmente Abadía ejerció el cargo (...) con lo cual habría incurrido en el delito de falsedad ideológica en documento público”.
Las pruebas que hoy tiene en su poder el alto tribunal darían cuenta de inconsistencias en las versiones sobre cómo llegó Abadía a la UTL de Abraham Jiménez, la experiencia que tenía como economista, la asistencia presencial en la oficina del congresista, los horarios que debía cumplir, las funciones que debía realizar y la participación que tuvo en proyectos de ley.
Uno de los hechos más llamativos en la investigación es que la asesora no supo cuál era su salario cuando ingresó al Congreso ni cuánto terminó devengando al final del contrato. Le explicó a la Corte que tenía un trauma emocional por usar cajeros electrónicos, razón por la cual pedía acompañamiento a la secretaria del Valle, Noralba García, o al conductor que tenía asignado para retirar el dinero.
El expediente además revela: “Los curiosos retiros que se realizaban para extraer la totalidad del monto de su salario (...) claramente se aprecia que, en los últimos o primeros días de cada mes, se extraía la totalidad del salario que le era consignado a María Juliana Abadía”.
Hay un testimonio que cerraría el cerco al senador y pondría sobre la mesa que la apropiación de las tarjetas y el dinero de los contratos de los miembros de su UTL no fue solo con Abadía. Se trata de la versión del conductor de la secretaria Noralba García Moreno, identificado como Mulato Henao. En su declaración aseguró que, a fin de mes, su jefe siempre le pedía que le retirara plata de dos tarjetas débito, una de esas, la de Juliana Abadía. Mulato afirmó que estaba cumpliendo órdenes.
“No resulta probable que otras personas como lo aduce, supone o imagina García Moreno, le hubiesen hecho el mismo favor, cuando lo que está indicado es que el patrón de retiros era constante al momento de la consignación mensual de los salarios, lo que sugiere un manejo autónomo de la tarjeta y clave para retiros de la cuenta”, alerta el documento de la Corte Suprema.
La investigación dejó al descubierto que Abadía recibió durante su vinculación al Congreso un total de 346 millones de pesos y es “altamente probable” que el congresista Jiménez terminó apropiándose de ese dinero en “provecho de terceros y a cargo del erario público, todo ello mediante la apariencia o la simulación de una finalidad legítima de la destinación de esos dineros”. La Corte advirtió que Jiménez, al parecer, actuó con pleno conocimiento por su comportamiento.