El polémico senador del Pacto Histórico Álex Flórez se encuentra contra las cuerdas, y no propiamente por un asunto de malos tragos, como ocurrió en Cartagena, cuando, al intentar ingresar a una mujer por la fuerza a un hotel, terminó insultando y calificando de asesinos a los policías que estaban tratando de controlarlo. Esta vez se trata de una delicada investigación en la Corte Suprema por los delitos de concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado, debido a la presunta exigencia de dinero a contratistas para financiar su campaña.
El asunto va más allá de la financiación: la Corte investiga cómo Flórez habría usado su cargo para direccionar contratos en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (DAGRD), en la Alcaldía de Daniel Quintero, que califican como su “fortín burocrático”.
SEMANA revela los detalles de este voluminoso expediente, que avanza rápidamente en la Sala de Instrucción de la Corte y que comprometería a contratistas y funcionarios, nuevamente, con dineros para atención de desastres, pero con epicentro en Medellín.
En el expediente aparecen por lo menos tres testigos clave que conocen muy bien al congresista del Pacto Histórico, pues estuvieron muy cerca y hasta trabajaron con él. Fueron ellos quienes terminaron contándole a la justicia cómo el congresista financió su campaña cuando era concejal en Medellín, obligando a contratistas a entregar dinero haciéndolo parecer donaciones, pero de fondo con el temor de perder sus trabajos.
Su coartada se fue cayendo. Meses después, los mismos contratistas terminaron, con pruebas en mano, denunciando y contando todo a la Corte Suprema de Justicia. El auto de apertura de instrucción conocido por SEMANA contiene, además de las declaraciones y testimonios, interceptaciones de comunicaciones, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y hasta audios que señalan directamente al senador.
Según las investigaciones, el entonces candidato al Senado habría recogido cerca de 20 millones de pesos con la venta de las costosas camisetas y terminó incluso pidiendo a la campaña del Pacto Histórico el reembolso de ese dinero, aduciendo que había salido de sus bolsillos. El entonces gerente de la campaña y hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, terminó autorizando la entrega del dinero, que llegó a la cuenta personal del emproblemado congresista.
¿Financiación obligada?
“Para ingresar el dinero a la campaña, el senador Flórez suscribió y entregó a la coalición Pacto Histórico un documento denominado Acta de Aportes Propios, del 15 de febrero de 2022, en el cual señaló que los recursos que aportó son producto de sus actividades, ‘lucrativas particulares y ahorros’ que devienen del pago de sus honorarios y actividades ‘lícitas’, así como otro documento denominado Formato de Declaración Voluntaria de Origen de Fondos, cuyo contenido, al parecer, no es verdadero, en tanto contablemente no provienen de sus productos financieros sino de terceros, que probablemente corresponden a quienes se les exigió la venta de las camisetas”, se lee en los documentos a los que tuvo acceso SEMANA.
Pese a los argumentos que presentó Flórez, la investigación en la Corte Suprema dejaría claro que se trató de una presión indebida a contratistas. En las pesquisas se hizo una profunda revisión de ingresos, movimientos bancarios y propiedades del congresista Flórez y, al parecer, las cuentas no cuadran.
“La actividad probatoria arrojó que, al parecer, entre los meses de septiembre y octubre de 2021, algunos contratistas que prestaban sus servicios al DAGRD del distrito de Medellín fueron requeridos por Flórez Hernández y Juan Sebastián Corrales para vender camisetas con mensajes alusivos a ‘El futuro se parece a nosotros’, ‘Educación pública gratuita’ y ‘Los derechos no se compran’, por un valor de cincuenta mil pesos cada una, entre familiares y amigos”, señala la investigación.
El asunto no era voluntario. “Los contratistas debían realizar un aporte personal adquiriendo al menos dos camisetas por un valor de doscientos mil pesos cada una, dinero que debía ser entregado en efectivo a Juan Sebastián (Corrales), miembro de la Unidad de Apoyo Normativo del concejal de Medellín Álex Flórez”.
El seguimiento detallado a las cuentas de Flórez incluso deja claro lo que hizo el congresista con el dinero que le fue reembolsado por la campaña. “Es posible que dichos recursos fueran girados por el entonces gerente de la campaña del Pacto Histórico, Guillermo Alfonso Jaramillo, regresándolos el 21 de febrero de 2022 a la cuenta de ahorros cuyo titular es el congresista Flórez, de los cuales 12 millones de pesos se retiraron en efectivo y el excedente se utilizó en el pago de obligaciones financieras y compras en establecimiento de comercio”.
En la Corte reposan testimonios y hasta audios de los mismos contratistas que tuvieron que pagar o adquirir, supuestamente bajo presiones, las camisetas. “Valentina Jiménez, contratista de la DAGRD, aportó dos audios señalando que se trata de la voz de Juan Sebastián Corrales (el entonces miembro de la Unidad de Apoyo Normativo de Flórez)”, advierte el documento.
“Valen sí, mañana podría, pero tengo que entregar el recaudo individual el día de hoy, entonces ya no me dan más espera para entregar los valores de esa camiseta”, se escucha en un audio aportado por la denunciante Valentina Jiménez. La voz es justamente de Corrales, mano derecha de Flórez, quien lo sigue acompañando ahora en su Unidad de Trabajo Legislativo.
La testigo incluso explicó la forma cómo se hacía el recaudo, y que no eran los simples 50.000 pesos. El compromiso terminaba siendo asumido, por la fuerza, por cada contratista. “Juan Corrales me dijo que había que comprar las camisetas y, en caso de que no se vendieran, había que responder por el dinero. Entonces, sumando esas camisetas, que eran 10, daba 500.000 pesos. También había que dar un aporte adicional, individual”, dijo a la Corte Suprema.
La huella en el DAGRD
Esa poderosa influencia del senador Flórez en el DAGRD de Medellín está siendo revisada con lupa por la Corte Suprema, y esta vez por “la presunta utilización de su cargo a fin de lograr la contratación de allegados suyos al DAGRD, a través de instituciones educativas que prestaban servicios a la alcaldía de Medellín”. Y agrega que “utilizó el cargo de concejal para favorecer la contratación de personas (…) en la entidad que le fue entregada como fortín burocrático”.
En la investigación están revisando contratos por montos incluso superiores a los 5.000 millones de pesos a través de entidades educativas como el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Instituto Tecnológico de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo. La Corte ya está mirando en detalle los millonarios negocios que realizó el DAGRD y las personas que habrían participado.
El senador Flórez se defiende e incluso ridiculiza el proceso en su contra: “Me toma por sorpresa ver que la magistrada Cristina Lombana me abre una investigación por haber pagado 20 millones de pesos de mi campaña vendiendo camisetas, públicamente y a la vista de todo el país. Para ella esto podría constituir lavado de activos, ¡por Dios!”.
El congresista también hizo fuertes señalamientos sobre políticos que gastan cantidades exorbitantes en sus campañas. “Mientras que en el Congreso hay personas que se gastan más de 30.000 millones de pesos, muchos comprando votos, a mí me quieren meter un lavado de activos por 20 millones de pesos”, enfatizó.
Incluso el ministro de Salud fue citado a una declaración presencial para el pasado 26 de agosto, pero argumentó que, debido a su fuero, la respuesta iba a ser a través de una “certificación jurada”, planteamiento que fue avalado por la Corte.
Con la votación de la Sala de Instrucción, la investigación avanza, pues además de las presiones a contratistas, hay un capítulo que está creciendo y nuevamente compromete el presupuesto para atender emergencias. ¿Era el DAGRD el fortín y caja menor del senador Flórez? La Corte Suprema dictará la última palabra.