Los denominados extraditables no quieren que los bajen del bus de la paz total. En una carta de cuatro páginas, conocida en exclusiva por SEMANA, presentaron su hoja de ruta para formar parte de esta ambiciosa propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Citan las consecuencias que habría si sus observaciones no son tenidas en cuenta y no son convocados a una mesa de negociación.
Pese a que advierten que no le temen a ser extraditados, sí consideran que con esto lo único que se logra es “alargar la impunidad, obviar el reconocimiento de las víctimas y escalar el negocio del tráfico de drogas, que es el combustible de la guerra y sigue en manos de otros. La idea es finalizar el negocio ilícito”.
“No le tememos a la extradición, le tememos a la indiferencia. Queremos aportar a nuestro país, sin impunidad, pero con justicia, para eso tenemos una Constitución”, señala la carta, que ya está en poder de los representantes del Gobierno, puntualmente del comisionado para la paz, Danilo Rueda.
En la misiva los extraditables manifiestan su voluntad de paz y de ser parte activa en su búsqueda. No dudan en autodenominarse como un “pilar fundamental para el logro de este proyecto”, pues tienen un conocimiento directo del conflicto armado, “siendo parte activa de la guerra por diferencias ideológicas, el levantamiento de las armas por la desigualdad política y económica, y los ataques contra la población civil en medio de una lucha sin cuartel por tener el control del tráfico de drogas”.
Aseguran que son el “termómetro” de cualquier propuesta de paz. Por eso, le piden al Ejecutivo que los tenga en cuenta y reclaman “tener un espacio en las mesas de negociaciones”. Que los escuchen “a la hora de realizar la debida implementación de ese proyecto que busca acabar de un solo golpe con el conflicto armado y sus fuentes de financiación”.
La carta, suscrita por los cerca de 300 extraditables, hombres y mujeres, que están haciendo fila para ser enviados a cárceles en Estados Unidos, se divide en tres puntos fundamentales.
Primero proponen un cronograma de las actividades que se deben adelantar para conocer y socializar la propuesta, así como la designación de facilitadores de ese proceso para que haya un acercamiento con todos los implicados.
Proponen “georreferenciar el conflicto, las rentas ilegales, los generadores de violencia, las comunidades y organizaciones sociales de base, los procesos sociales, las etnias y demás actores regionales que aporten una paz incluyente y social”.
Pese a que durante décadas se aliaron con grupos armados y se beneficiaron del narcotráfico, los extraditables piden “la vinculación de representantes de las comunidades indígenas, campesinas, afros y demás personas que se encuentren en zonas centrales del conflicto armado”.
La segunda etapa que plantean consiste en “presentar las propuestas recogidas por los delegados por el Gobierno, los garantes de países extranjeros y las organizaciones nacionales e internacionales que fungirán como veedores del proceso”. Sin embargo, advierten que ellos también deben avalar a los designados.
Plantean la designación de zonas especiales para realizar los procesos de paz, ya sea para someterse o acogerse a la justicia, al igual que un programa de acompañamiento permanente a las víctimas y metodologías para la no repetición.
En la tercera etapa de la propuesta se hace una mención directa a “la necesidad de la participación de la sociedad civil, las organizaciones sociales y los grupos indígenas, afros, campesinos y la comunidad internacional para que verifiquen el cumplimiento”.
Víctimas y agentes de la fuerza pública aparecen en esta etapa, invitándolos a que se sienten en las mesas de negociación y presenten sus objeciones. Con esto se busca la firma de un acuerdo de paz o sometimiento a la justicia para llegar a la consolidación de la paz total. No es la primera vez que levantan la mano para sumarse a la paz, ahora esperan que les abran la puerta en la paz total.