Un guardián del Inpec, que se convirtió en testigo de la Fiscalía, fue el encargado de exponer la radiografía corrupta que se enquistó en la cárcel La Picota, de Bogotá. SEMANA conoció la declaración, y los detalles de ese testimonio parecen el diario de una organización criminal con tentáculos en oscuros negocios de tráfico de drogas y licor, traslados de cárcel y hasta la venta de fueros sindicales.
La declaración es contundente pero vergonzosa. Fue clave en la reciente captura de 12 personas, entre funcionarios del Inpec y sus esposas. Se trata de un panorama desolador en el que un grupo nutrido de guardianes se puso al servicio de la criminalidad. Son los cabecillas de una banda que cobraba, exigía y presionaba mientras recibían sueldos del Estado.
Los funcionarios, según el testimonio, manejaban el tráfico de drogas, controlaban la entrada de licor, cobraban por traslados y hasta ubicaron dos casas detrás de la cárcel para almacenar los estupefacientes, lo que comúnmente se conoce como una olla, ahora de propiedad de funcionarios del Inpec.
El testimonio del guardián anticipó un resultado importante. La Fiscalía tiene una lista de funcionarios del Inpec vinculados a una descarada corrupción que por años se convirtió en un negocio, luego en una red criminal con cabecillas y roles definidos, un concierto para delinquir de camuflado azul en La Picota. El guardián se arrodilló y confesó. Se convirtió en testigo, en la base de un principio de oportunidad que les permitió a los investigadores llegar a los rincones de la cloaca corrupta en La Picota. Entregó detalles, nombres y momentos, claves en la manguala criminal en el Inpec que, con el paso de los años, se apoderó de los controles en la cárcel más importante del país.
La olla
El testimonio del guardián, que se extendió por varios días en la Fiscalía, advierte cómo los funcionarios de custodia en La Picota, algunos activos y en la misma cárcel, lograron apoderarse del tráfico de drogas, montar su propia olla de estupefacientes. El testigo entregó la ubicación de dos casas que, a espaldas de La Picota, convirtieron en la bodega de las drogas y el licor.
“Exactamente por el lindero conocido como La Guayana, que colinda con la reja y el muro que divide el centro penitenciario, dos viviendas se utilizan para guardar sustancias estupefacientes en gran cantidad y licor que posteriormente ingresan al penal en horas de la madrugada. La droga ingresa en bolas compactas que tiran hacia el penal para que el personal de guardia la recoja”, afirma el testigo.
El ingreso y tráfico de drogas, de acuerdo con el testimonio del guardián, sería apenas una “línea” de servicios de esta red criminal. En el documento que conoció SEMANA y que anticipa un principio de oportunidad, aparece en detalle cómo los funcionarios del Inpec aprovecharon sus cargos para ubicar a sus cómplices en los puntos estratégicos de ingreso a la cárcel y desde allí facilitar el tráfico de sustancias ilícitas, licor, celulares y todo tipo de elementos prohibidos que “al coronar” cuadruplican su valor.
“Se ve el ingreso de las canastillas y una caja con la marca Don Julio, que corresponde a una marca de tequila o bebida alcohólica. Asimismo, cuando el dragoneante levanta la tapa de una canastilla, se ve en el interior botellas de vidrio, al parecer de whisky o bebida alcohólica”, señala el testigo en su declaración.
La Fiscalía tiene videos de seguridad de la cárcel La Picota, en particular del llamado Pabellón de Alta Seguridad (PAS), donde los huéspedes son extraditables. Las imágenes las explica el confeso guardia del Inpec y permiten entender de qué forma funciona la red criminal, quiénes son los protagonistas y la descarada dinámica que se hizo común en la entrada de ese pabellón.
“Situación que de manera clara omiten de acuerdo con los videos que se me enseñan, en el minuto 06:12 en la cámara de ingreso pabellón PAS A se observa el ingreso de una canastilla color verde, la cual contiene latas con las características similares a la cerveza Budweiser, las cuales ingresan sin ningún tipo de impedimento por parte del funcionario asignado a este puesto de servicio”, indica la declaración.
Feria de traslados
La Fiscalía tiene una matriz de colaboración con el testigo. Un listado de pruebas, nombres y detalles, una radiografía que reveló el cáncer de la corrupción, preso en La Picota. En ese documento, se explica cómo los guardianes y encargados ofrecen la posibilidad de traslados de cárcel a detenciones domiciliarias, de manera exprés, a cambio de millonarios pagos.
“En primer término, indicará cómo, a través de la oficina de Domiciliarias de ese centro penitenciario, se realizan solicitudes de dinero, por parte de quienes laboran o han venido laborando en esa oficina, para conceder beneficios no autorizados o para agilizar el traslado de los internos a quienes se les sustituye la privación de la libertad por domiciliaria”, explica el testigo a la Fiscalía.
De este capítulo corrupto hay evidencia. Dos funcionarios del Inpec fueron capturados por las irregularidades en el traslado de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta. Fueron judicializados por ponerse al servicio del condenado exmandatario y llevarlo desde Bogotá hasta Cúcuta en carros particulares a cambio de un millonario pago. El mismo exalcalde quedó en evidencia cuando afirmó que pagó por esos traslados y por recibir un trato “especial” mientras permanecía en la detención domiciliaria y posteriormente en una clínica, que, según algunas denuncias, convirtió en una sede política.
Carrusel de sindicatos
La matriz de colaboración anticipa otro capítulo corrupto. El guardián reveló a los investigadores que desde algunos sindicatos se ofrece, a cambio de millonarios pagos, la posibilidad de incluir a funcionarios en un fuero sindical que les garantice impunidad en los procesos disciplinarios, penales y hasta traslados de acuerdo con las necesidades del servicio.
“Cómo en el interior de los centros penitenciarios existe un carrusel de sindicatos, que de forma irregular consigue fueros sindicales, así como personerías jurídicas de estos sindicatos. En el Ministerio de Justicia conceden un sinnúmero de permisos sindicales, sin soportes y sin el cumplimiento de las normas”, señala el documento que conoció SEMANA.
El testigo le contó a la Fiscalía que con documentación falsa convierten a cualquier guardián en un sindicalista de vieja data, con todas las garantías y protecciones de un líder, representante de los trabajadores en el Inpec. El negocio de esta red criminal está calcado; según el funcionario, los sindicalistas venden los puestos en las agremiaciones.
“Con documentación falsa, con actas falsas que presentan al Ministerio de Justicia para que se les expida la personería jurídica, sindicatos son constituidos solo con el fin de obtener beneficios, como fueros sindicales, los cuales se venden a dos millones de pesos, para evitar traslados y para que se les concedan permisos permanentes”, explica la declaración del testigo.
Respecto a la captura de los funcionarios y sus esposas, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, advirtió que se trata de una investigación que arrancó hace un año con el apoyo de la Unidad Investigativa de la misma entidad. “Ellos empezaron a recolectar la información y todo lo que se hace en un proceso investigativo, se articuló con la Policía y la Fiscalía. Se empezaron a recaudar elementos”, dijo el oficial.
El Inpec aseguró que el plan contra la corrupción en la entidad está retratado en más de 5.000 investigaciones contra funcionarios vinculados a presuntos hechos irregulares. Este año fueron capturados 73 guardianes.