El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió un nuevo portazo de la Corte Constitucional. Esta vez, ante el reclamo del Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, en contra del fallo que prohibió la deducción de las regalías del impuesto de renta en el sector minero-energético, cambio aprobado en la reforma tributaria de 2022 y posteriormente tumbado por el alto tribunal.
La Corte no admitió la petición hecha desde el Ejecutivo para revertir o al menos moderar la decisión judicial. La razón: consideró que ninguno de los argumentos esgrimidos tenía fundamento.
Pese a los mensajes del presidente Gustavo Petro, que, como es habitual, se pronuncia a través de su cuenta de X, y en esta ocasión les reclamó a los magistrados por las graves afectaciones para la prosperidad económica del país y para el endeudamiento público que provocaría el fallo, el alto tribunal consideró que nada de lo dicho podía probarse.
En términos simples, lo que reclama el Gobierno es que las empresas que explotan los recursos del subsuelo paguen las regalías y que este monto no sea descontado a la hora de aportar el impuesto de renta, pero los inversionistas en la industria extractiva alegan que les estarían generando costos multimillonarios.
Sencillamente, el golpe económico que sustentó el Gobierno por causa del fallo emitido en noviembre pasado, calculado en 6,7 billones de pesos entre 2023 y 2024, no encontró eco en los magistrados Cristina Pardo y Jorge Enrique Ibáñez, quienes, palabras más palabras menos, indicaron que no se probó nada de lo aseverado por Hacienda.
“En la sustentación del incidente fiscal –al que acudió el Ministerio– no exponen las condiciones específicas que explican dichas consecuencias”, le respondió la Corte al Gobierno cuando aseguró que el “costo de cumplimiento del fallo emitido a finales de 2023 frustraría el crecimiento esperado en la vigencia 2024”.
En otras palabras, los alegatos gubernamentales no fueron ni precisos ni tangibles. Incluso, en varios apartes fueron contradictorios con la realidad. Para la Corte Constitucional, el Gobierno tiene otros medios para obtener parte de esos 6,7 billones de pesos que necesita para tapar el hueco que deja el fallo.
“No son claras las razones por las que el Gobierno nacional no puede adoptar medidas mixtas para frenar el presunto impacto del fallo en las finanzas públicas”, cuestionaron los magistrados al reseñar que el mismo ministerio, entre líneas, puso de presente las otras rutas que se podían adoptar para garantizar los recursos para cubrir el Plan Financiero 2024.
En el análisis, la Corte fue clara en señalar que si se revisa el Plan Financiero no aparece mención alguna de las afectaciones. “En ningún apartado se menciona que la reducción de ingresos causada por el fallo solo pueda ser superada por la modulación, modificación o diferimiento de sus efectos”. Así, no se encontraron méritos para revivir el espinoso debate.
Ahora el Gobierno entrará en una carrera contra el tiempo, pues tiene solamente cinco días para realizar un nuevo documento, haciendo cada una de las correcciones indicadas e intentando justificar la necesidad de que se revise el respectivo fallo que, según alegan, les truncó varios proyectos y la ejecución de políticas públicas.
Para esto, el ministro de Hacienda deberá indicar con bases sólidas “el crecimiento que tendría la reducción del gasto público, derivada del cumplimiento de la sentencia en 2024 y en los años subsiguientes –por lo menos hasta 2034, que es el período indicado en la sustentación–, y provea razones para explicar esos pronósticos”.
¿Qué significa esto? Que el Gobierno deberá demostrar si efectivamente el fallo afecta el rendimiento económico y los planes que se tenían con el dinero de las regalías. De no hacerlo, el debate quedará completamente sepultado y el Gobierno tendrá que buscar otras formas de obtener los billonarios recursos a los que aspiraba.