No nos van a arrodillar”, la contundente frase es de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al referirse a la guerra sucia que se estaría presentando entre los consorcios que prestan el servicio de carros blindados y que, según él, impiden la libre competencia, algo que afecta gravemente los intereses económicos de la entidad.
El lado turbio que habría en este negocio quedó al descubierto el pasado 19 de enero cuando se conoció que habían robado 17 camionetas Toyota blindadas de un parqueadero en Bogotá, que estaban listas para ser entregadas a la UNP para los esquemas de protección.
SEMANA conoció que el robo sería solo un eslabón en medio del enfrentamiento entre los dos más grandes contratistas de blindados para la UNP: Neostar de Colombia Seguridad y Alliance Security. En los despachos de la Fiscalía ya hay denuncias por graves delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público, entre otros.
Para el director de la UNP, lo que ocurre es una cartelización del negocio de los blindados que busca arrodillar al Estado. Incluso, la situación es tan compleja que la misma entidad, que había inhabilitado a Neostar por falsos blindajes en camionetas, le tuvo que suspender la sanción para no generar una crisis en el sistema y evitar que los protegidos se quedaran sin vehículos.
“Son dos carteles que se han organizado y han puesto al Estado en una situación de arrodillamiento. Esos grupos de empresarios tienen una cartelización de los vehículos”, insistió Rodríguez.
¿Olla podrida?
El robo de las camionetas sacó a flote la competencia, al parecer desleal, entre Neostar y Alliance. Uno de los episodios de mayor impacto fue el embargo, que ordenó el juez 37 civil del circuito, de 91 camionetas de la empresa Alliance Security, que presta el servicio a ministros y magistrados de la Justicia Especial para la Paz.
El monto de los bienes decomisados es cercano a los 22.000 millones de pesos en camionetas blindadas y otros 8.000 millones de pesos en cuentas bancarias. Esta situación generó un campanazo de alerta en la UNP finalizando 2023.
Hay que mencionar que la decisión del juez se dio luego de que la empresa Neostar presentara una demanda en la que pedía a la justicia que se adoptaran medidas cautelares porque, según ellos, Alliance Security les debía 1.600 millones de pesos de una cuenta sin pagar. Para soportar la demanda, Neostar presentó como pruebas la factura y el correo electrónico en el que notificaba a su deudor sobre el saldo pendiente por pagar.
Los vehículos embargados formaban parte de un grupo de camionetas que Alliance iba a poner en servicio de la UNP para la protección de magistrados de la JEP y ministros, en un contrato que dicha empresa le ganó a su competidor, Neostar, que para ese momento (diciembre de 2023) se encontraba inhabilitado por la UNP por un caso de los falsos blindajes.
El embargo y el robo de las 17 camionetas blindadas a la empresa Alliance, que se había ganado un contrato por 92.000 millones de pesos para prestar el servicio de blindados hasta junio de 2026, puso en aprietos a la UNP, pues esos extraños eventos podrían poner en riesgo a los protegidos.
Por eso, para Ramírez es necesario que la Fiscalía aclare si el robo fue un acto propio de la delincuencia o se debió a la rivalidad entre los dos consorcios. “Faltaría que nos dé una explicación sobre quiénes están detrás del extraño robo”, anotó.
Según el director de la entidad, el monopolio de estos dos grupos en el mercado de los blindados hace que prácticamente se tenga que contratar el servicio con ellos, pues en el país son escasas las empresas que manejan este segmento automotor.
La crisis puso a correr al equipo jurídico de la UNP, pues con la inhabilidad de Neostar para contratar con el Estado, varias licitaciones de la entidad fueron declaradas desiertas. Y no era para menos, había quedado fuera del mercado un consorcio con cerca de 1.200 vehículos. A lo que se sumaba la situación de Alliance Security, con sus carros embargados y el robo de las 17 camionetas.
La compleja situación llevó a que la UNP, que había sancionado a finales de 2023 a Neostar por los falsos blindajes, tuviera que echar para atrás y levantar la sanción, pues su parque automotor era imposible de reemplazar en el mercado convencional. Con esta decisión, Neostar tiene la puerta abierta para volver al ruedo, sin importar los presuntos incumplimientos o irregularidades.
Pero la situación no paró allí. Alliance Security encontró que su competidor Neostar, para sacarlo supuestamente de competencia, habría engañado al juez que ordenó el embargo de sus bienes. Así lo afirmó la abogada Alexandra Martínez, asesora jurídica del consorcio.
Martínez dijo que no le deben 1.600 millones de pesos a Neostar y denunció que la factura que se puso de presente en el juzgado es falsa. De acuerdo con la apoderada de Alliance, al mostrar la falsedad interpusieron un recurso de reposición ante el mismo juzgado, que al revisar el proceso revocó el embargo.
Sumado a ello, la abogada aseguró que, por esta “falsedad procesal”, Alliance Security denunció a Neostar ante la Fiscalía e interpuso queja ante la Comisión de Disciplina Judicial en contra del juez 37 civil del circuito, al considerar que las medidas de embargo fueron excesivas, pues decomisó bienes por un valor cercano a los 30.000 millones de pesos para cubrir una supuesta deuda de 1.600 millones de pesos.
Para la abogada Martínez, en el caso de Neostar se habría armado un rompecabezas criminal para afectar a Alliance Security. “El modus operandi de Neostar consiste en radicar demandas en tiempo récord para obtener mandamientos de pago”, dijo.
Otro asunto que le llamó la atención a la abogada es que el juzgado 37 civil del circuito actuó de manera exprés en el proceso, en menos de 14 días, cuando es raro que en Colombia la justicia se mueva de manera eficiente. Recibió la demanda de Neostar, la admitió y ordenó las medidas cautelares el 19 de diciembre de 2023, justo cuando empezaba la vacancia judicial, y la parte afectada, o sea ellos, tenían que esperar hasta 2024 para ejercer su defensa.
Para Alliance Security, estas maniobras de Neostar son una clara muestra de una guerra sucia en la competencia para prestar el servicio de carros blindados en la UNP.
Tras el regreso de los despachos judiciales y civiles, el pasado 26 de enero, de acuerdo con la abogada Alexandra Martínez, el juez 37 civil del circuito, que había ordenado el embargo de las camionetas y de las cuentas en diciembre, se echó para atrás en su decisión mediante un recurso de reposición. Ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y revocó la orden de pago por los 1.600 millones de pesos.
Neostar se defiende
Tras las graves acusaciones que hicieron el director de la UNP y Alliance Security a Neostar, SEMANA habló con su representante legal, Alan Perlman Katz. El empresario negó que exista una guerra sucia en contra de Alliance Security y se reafirmó en que su factura por 1.600 millones de pesos, que fue el motivo del embargo, es real y se debe a la prestación de servicios que no le han querido pagar.
“La factura corresponde al servicio de empalme y transición. Eso consiste en que los vehículos son míos, los administro yo, pero como ellos son el operador entrante se los pagaron (a Alliance) hace un año. Hemos intentado conciliar con ellos y no nos han pagado, a eso corresponde la factura”, señaló Perlman Katz.
Además, dijo que sí fueron objeto de denuncia por parte de Alliance en la Fiscalía y que su empresa responderá también por la vía judicial. “Sí pusieron una denuncia por estos hechos, nos encontramos en un presunto delito de falsa denuncia (...) ellos me deben la plata y están lanzando una cortina de humo. También vamos a apelar la decisión del juez”, señaló.
Respecto a las acusaciones del director de la UNP sobre una presunta cartelización en el negocio de los blindados para la entidad y los presuntos falsos blindajes que les costó la sanción, Perlman Katz dijo que son mentiras de la UNP.
“Yo creo que el director (UNP) no está muy informado sobre los vehículos que tiene la entidad y la operación (...), nosotros no tenemos la monopolización, afirmar eso es un acto irresponsable”, dijo el representante de Neostar.
La UNP tiene en la actualidad un presupuesto sin precedentes de más de 2,5 billones de pesos destinados a la contratación de servicios para asegurar la seguridad de más de 10.000 personas, entre ministros, magistrados, líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y particulares. Para ello se necesitan cerca de 3.100 vehículos blindados y 1.100 convencionales. El negocio es gigantesco como para querer quedarse por fuera de él, ¿será por eso la guerra sucia?