Cuando se habla de poder y política en el departamento del Cesar, es imposible no mencionar el nombre de Cielo María Gnecco. Ha sido durante tres décadas la cabeza del grupo político de los Gnecco, que ha puesto a su antojo alcaldes, gobernadores y congresistas. Esta semana, la Fiscalía, bajo la Ley 600, dictó orden de captura en su contra en medio de una investigación por el secuestro y asesinato de dos contratistas, crímenes por los que exparamilitares la señalan directamente. Desde entonces no se conoce su paradero.
SEMANA revela pormenores del proceso judicial por el que se ordenó su captura, los testimonios que hay en su contra y lo que envuelve a esta poderosa mujer. Se trata de un caso en el que la Fiscalía Quinta Especializada del Cesar había cerrado la página, pero revivió por solicitud de la Procuraduría y de la mano del fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, Alberto Ramírez Parra, quien consideró que sí existen méritos para vincularla con el asesinato de Jorge Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza.
Los crímenes se habrían ordenado, según la investigación, porque los contratistas se habrían negado a darle una tajada de 2.500 millones de pesos de un contrato de obra pública.
En la decisión de 31 páginas, conocida por SEMANA, se mencionan varios aspectos de la vida política del Cesar, la lucha por el poder y del temor que infunde señalar a Cielo Gnecco. Dos paramilitares que formaron parte del sanguinario frente Mártires del Cesar manifestaron que lo pensaron cuando decidieron contarle a la justicia todo lo que sabían.
“Yo no lo había confesado por miedo, porque usted sabe que esa gente tiene plata y el que tiene plata tiene poder. (De) Lo que me pase a mí o a mi familia hago responsable a la doctora Cielo Gnecco”, aseguró Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, el principal testigo. Su declaración describe los hechos que presuntamente rodearon, en abril de 2002, el secuestro y asesinato de los contratistas.
Gabino aseguró que quien dio la orden fue el jefe paramilitar David Hernández Rojas, alias 39, por solicitud expresa de doña Cielo. “La doctora Cielo Gnecco habló con 39, que estos dos señores se le habían robado 2.500 millones de pesos”, señala la decisión.
El exparamilitar, quien purga una condena de 25 años en la cárcel La Modelo de Barranquilla, detalló en una carta escrita con su puño y letra, en enero de 2018, que él había participado directamente en uno de los plagios. Gabino aseguró que fue el encargado de cuidar a los plagiados por orden de 39 para que devolvieran la plata.
“Ellos decían que no habían robado esa plata, que eso era que la señora Cielo Gnecco que les había hecho un montaje (...). Yo hablé con ellos porque de todos modos, dos meses con una persona, uno les coge cariño”, afirmó.
Lo dicho fue ratificado casi que al pie de la letra por otro paramilitar, Luis Francisco Robles. “Se llegó un acuerdo de ella (sic) doña Cielo pagaba, pero que a estos señores le diéramos muerte”, dijo.
“Después de la muerte de ellos, Cielo Gnecco entregó el dinero, se lo dio a alias 39, me doy cuenta de eso porque yo soy el comandante militar, el segundo de 39”, señala el testimonio. Según los dos exparamilitares, recibieron 800 millones de pesos de la dirigente política, dinero que “fue utilizado para ampliar el frente y aumentar así su presencia en la región”.
Pese a las coherencias de tiempo, modo y lugar, la investigación se durmió, situación que provocó el reclamo de Gabino, quien pidió el traslado del expediente, pues, a su juicio, “dicha autoridad no ha dado el trámite correspondiente y está favoreciendo a la señora Cielo Gnecco”, de acuerdo con una carta enviada a la Fiscalía a la que tuvo acceso SEMANA.
Tres años después, en 2021, el expediente pasó a una fiscalía especializada que ordenó escuchar a Gabino y Robles Mendoza, quienes confirmaron los señalamientos contra Cielo y entregaron más información sobre la forma como se ejecutaron los crímenes.
“Después de eso se les da la orden de que los maten dada por alias 39, uno quedó por los lados de Mariangola y Aguas Blancas, el otro por las minas de Irak, y es cierto que ella (Cielo Gnecco) tuvo que ver”, resalta la declaración de uno de los testigos, la punta de lanza de la apelación de la Procuraduría General en contra de la decisión del fiscal que había cerrado el caso.
En la recolección de pruebas se conocieron más detalles, entre estos la cercana relación de Hernández Hinojosa, el arquitecto asesinado, con los Gnecco, pues formó parte de los grupos políticos El Golpe y El Sol, fundados por Cielo Gnecco. Ellos habían recibido, además, varios contratos de obras públicas de la Gobernación del César. No por nada, en más de una oportunidad lo calificó como “su hermano”.
“Las circunstancias en las que se desarrollaron los abominables y atroces crímenes permiten deducir que para la sindicada, Cielo María Gnecco, no existe barrera infranqueable o capaz de detenerla en la búsqueda de sus objetivos”, concluyó el mismo fiscal delegado al analizar la sangre fría para ejecutar el secuestro y asesinato de los dos contratistas.
De Carlos Alberto Mendoza se conoció que era también “muy allegado y aliado de sus campañas”, como señalaron en su momento varios familiares, quienes aportaron trabajo y tiempo y acompañaron al candidato a que recibiera la bendición de Cielo para los comicios.
A juicio del fiscal Ramírez, quien pidió la orden de captura, “era muy allegado (en referencia a Carlos Alberto) y aliado de sus campañas, de donde deviene la ausencia de cualquier conmiseración, piedad y respeto por la vida humana”. Para este fiscal, el hecho de que la todopoderosa dirigente política hiciera acusaciones en contra de los dos contratistas y ordenara su secuestro y asesinato demuestra que llegó “al extremo de suplantar al Estado colombiano en su obligación de impartir justicia”.
En todos estos casos se presentó un factor común: sus mismos familiares intentaron a toda costa evitar que se hablara de la desaparición y la colaboración del Gaula. Así quedó consignado en los informes de policía judicial hechos por agentes del CTI. El motivo: temor.
Durante meses, los familiares del arquitecto Hernández Hinojosa cerraron, al parecer por temor a las represalias, todas las puertas a la colaboración de las autoridades judiciales. Como se resalta en varios informes de la Fiscalía y la Procuraduría, fueron “parcos en la información entregada, aduciendo apenas desconocimiento de las causas y los autores de la desaparición”.
Solamente, Clara Lucía Castelblanco Fonseca, viuda del arquitecto, rompió la espiral de silencio y tuvo, según el fiscal, “el coraje y valor civil” cuando precisó que “hemos estado averiguando con diferentes personas sobre su paradero, pero nadie hasta el momento nos ha colaborado debido al miedo de involucrarse en esta clase de problemas”.
Dos fuentes cercanas al caso que pidieron reserva de su identidad dicen que “no se movía una hoja sin que Cielo Gnecco lo ordenara”. Hicieron énfasis en que todos los contratos que se entregaban en la Gobernación pasaban primero por su despacho. “Ella nunca ha ocupado un cargo público, pero era más poderosa que el gobernador”, dijo uno de ellos.
Un abogado que ha denunciado las presuntas irregularidades en contratación, quien habló con SEMANA, manifestó que durante 20 años nadie se atrevió a tocarla, sabían de la inoperancia de la justicia y del alto riesgo que corrían sus vidas. Con un factor que es común en todos los casos: no había ninguna investigación o los avances de la regional de la Fiscalía eran muy pocos.
Sin embargo, luego de conocerse la orden de captura contra uno de los hermanos de Hernández Hinojosa, publicó un video en su cuenta de Instagram negando cualquier tipo de participación de Cielo Gnecco en el asesinato. “Cielo es como un familiar para nosotros. Toda la vida (...) nos ha demostrado cariño, aprecio y familiaridad. Estoy seguro de que Cielo nada tiene que ver con la muerte de mi hermano”, aseguró Carlos Darío Hernández, hermano de Jairo.
Esta versión se opone a lo que el fiscal Ramírez denomina la ley del miedo. Varias declaraciones dejan entrever que el silencio y la zozobra se impusieron.
“Queda claro, absolutamente claro, que entre moradores de la ciudad de Valledupar, cercanos a los familiares de la víctima, rondaba el miedo que no les permitía referirse a los execrables crímenes”, resaltó el fiscal en la decisión que generó un terremoto político en el norte del país a pocos días de las elecciones.
SEMANA se comunicó con familiares y allegados de los contratistas asesinados. Aunque respondieron la comunicación, prefirieron no referirse al tema y cortaron rápidamente la comunicación.
Al abogado Iván Javier Rodríguez Bolaño, defensor de Cielo Gnecco, quien se desempeñó como fiscal delegado ante el tribunal durante varios años y, concidencialmente, estuvo condenado por prevaricato en el ejercicio de esta función, fue imposible contactarlo. Mientras tanto, la Fiscalía, que por tratarse de un caso juzgado bajo la Ley 600 es la que ordena la captura, continúa la búsqueda de Cielo Gnecco y no descarta que haya salido del país.