Tan pronto el presidente Gustavo Petro presentó la primera terna para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa como fiscal general, en agosto del año pasado, el ambiente en la Corte Suprema de Justicia se tornó tenso. Algunos magistrados empezaron a sentir que podrían estar siendo víctimas de seguimientos e interceptaciones. La preocupación ha ido creciendo cada vez más. De hecho, al Gobierno Petro le llegó el mensaje a través de Carlos Ramón González, director del Dapre. La Corte le dijo en privado al funcionario: “Dígale al presidente que no queremos seguimientos ni chuzadas”.
Un magistrado que pidió no ser identificado le dijo a SEMANA: “El país sabe todas las reservas y las prevenciones que hay sobre el manejo que las agencias del Estado le están dando a la inteligencia”. Aunque los togados han sido prudentes, un hecho los tiene alterados. Se trata de lo que le viene sucediendo al magistrado Gerardo Botero, vicepresidente de la Sala Laboral del alto tribunal, quien presentó una tutela alegando que en la terna suministrada por Petro para elegir fiscal, e integrada solo por mujeres, debía haber un hombre.
Si bien la tutela fue negada por el Consejo de Estado, lo que empezó a vivir Botero desde entonces fue una verdadera pesadilla, entre hostigamientos, amenazas y el robo de su computador personal. En este almacenaba la información confidencial con las investigaciones que lleva su despacho.
“Me deja muy intranquilo el tema, pues no debo descartar que lo que me ha pasado en los últimos meses, desde que radique la acción de tutela, pueda ser un mecanismo o una estrategia para intimidarme y obligarme a cambiar las posiciones que con independencia y autonomía he asumido”, aseguró Botero a SEMANA.
Apenas se conoció la tutela, el propio presidente Petro puso en la palestra al magistrado en redes sociales. “Me gustaría oír las voces feministas alrededor de este tema. De tener razón el magistrado quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y, quizás, el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal”, dijo Petro.
Los ataques, que comenzaron en las redes sociales, rápidamente cruzaron esa línea y se convirtieron en intimidantes mensajes al correo electrónico personal de Botero. Una clara estrategia de hostigamiento.
“Usted no es digno de estar en la Corte”, “Usted es un corrupto”, “Quiere dilatar la elección del fiscal”, “Usted es un misógino” y hasta lo acusaban de ser “el principito” por la defensa de los hombres. Estos mensajes iban acompañados de palabras de grueso calibre por atreverse a argumentar que la terna debería contar con un hombre.
“La serie de amenazas e improperios que he recibido, así como el señalamiento que se me ha hecho de ser un misógino, un machista y un reyezuelo, son consecuencia de mi condición de magistrado de la Corte y de mi forma de pensar, lo cual fue atizado desde sus inicios por el trino del presidente cuando me satanizó por haber ejercido un derecho legítimo contra un acto suyo como fue el de la conformación de la terna para fiscal, a pesar de que nuestra Constitución garantiza la libertad de opinión y de expresión”, enfatizó Botero.
Se espera que, en la sala del próximo 25 de enero, los magistrados analicen lo que está ocurriendo y, muy puntualmente, la crítica situación del magistrado de la Sala Laboral, quien asegura haber perdido su tranquilidad desde que levantó la mano para expresar que la terna de fiscal podría estar viciada.
Ese día está convocada la votación para elegir fiscal, pero altas fuentes de la Corte le insistieron a SEMANA en que es poco probable que haya humo blanco y el país sepa quién es el reemplazo de Barbosa. Hay dos razones: la primera es porque el alto tribunal tendrá que elegir a su nuevo presidente y se espera que sea el magistrado Gerson Chaverra Castro; y la segunda, la Corte está en proceso de conocimiento y evaluación de la terna. La elección se encuentra en estado de “maduración de la decisión, en actitud mesurada y reflexiva” por parte de los magistrados.
El Gobierno Petro, por su parte, habría puesto en marcha una estrategia para abordar a los magistrados, uno por uno. Un funcionario de la Corte aseguró: “Tengo tres sospechitas”. En todo caso, en las indagaciones que hizo este medio, si hoy se votara la terna, las cuentas serían adversas y habría más votos en blanco que a favor de alguna de las candidatas, y el proceso continuaría en febrero, en la siguiente sala. Si entonces no se elige, todo se correría hasta abril, mes crucial, puesto que salen cinco magistrados que concluyen su periodo de ocho años. Lo que pueda suceder de ahí en adelante es incierto, y los magistrados, en su sabiduría y tomándose el tiempo necesario, elegirían cuando consideren.
Los misteriosos robos
El asunto del magistrado Gerardo Botero es mucho más grave. Aprovechando la vacancia judicial de fin de año, tomó vacaciones con su familia y tuvo que interrumpirlas por una noticia que causó una preocupación mayor para él y su familia.
El pasado 3 de enero recibió la llamada de una vecina advirtiendo sobre movimientos sospechosos en la puerta de su casa. Llamó a las autoridades judiciales para que fueran a verificar y lo que encontraron fue aterrador: delincuentes entraron a la vivienda, revolcaron todo y se robaron el computador personal de Botero. Él no tiene duda de que quienes ingresaron a su residencia estaban buscando algo en particular y al parecer lo lograron. En su estudio revisaron cajón por cajón y se llevaron el portátil y otros dos equipos.
En el computador del magistrado había expedientes, memoriales, informes reservados, fallos, pruebas, tutelas, entre otros documentos confidenciales. Claramente, también estaban los argumentos y la tutela que presentó para solicitar que en la terna para fiscal fuera incluido por lo menos un hombre.
Su habitación, según reposa en la denuncia conocida por SEMANA, fue desordenada por completo. Los delincuentes esculcaron hasta los bolsillos de sus trajes. Sin embargo, a los investigadores les llama la atención que, aun cuando se llevaron otros objetos de valor, como joyas, no sucedió así con un televisor de última tecnología y varios elementos costosos y llamativos. Esto reafirma la tesis de que los intrusos sabían a qué iban.
“Entre los distintos objetos que me fueron hurtados, están tres computadores MacBook. Uno personal, que contiene información sensible de mi desempeño como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con proyectos de decisiones sobre asuntos que tengo asignados en diversos temas. Otro de mi hijo, que labora en la Cancillería, también con datos sensibles. Y un tercero de mi señora esposa, que es la tesorera de la Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia y que agrupa a las esposas de los magistrados de la Corte”, dijo Botero.
El togado les ha solicitado a las autoridades vigilancia especial y que revisen su casa ante la posibilidad de que los delincuentes hubieran instalado y escondido dispositivos, como micrófonos o cámaras de video, para espiarlo.
Llama la atención que el 26 de septiembre, el mismo día que Petro modificó la terna para fiscal general y antes de que Botero radicara la polémica tutela, ocurrió otro robo en la casa del magistrado, lo que le ha generado preocupación a él, a su familia y a los otros magistrados de la Corte que conocen la historia. En esa ocasión, el hurto fue bajo la modalidad de la “llamada millonaria”.
Ese día, entre semana, sobre las diez de la mañana, llamaron al teléfono fijo de su casa cuando solo estaba la persona que trabaja en las labores domésticas. Con voz angustiada, un hombre le dijo a la mujer que sus jefes, el magistrado y su esposa, estaban envueltos en un lío de extorsión y se encontraban detenidos en el complejo judicial de Paloquemao y pronto iban a allanar la casa. Le pidieron que sacara todos los objetos de valor.
Esa llamada, según las indagaciones de las autoridades, tenía un elemento particular: quien hablaba conocía detalles precisos de la familia, lo que convenció con facilidad a la empleada, pero suscitó claras dudas sobre la intención del robo.
Según videos de las cámaras de seguridad, en poder de las autoridades y conocidos por SEMANA, se ve a la señora saliendo afanosamente de la casa con dos maletines y caminando casi cuadra y media hasta encontrarse con el misterioso hombre. En plena vía pública hablan un momento, él le recibe las maletas y se va. La empleada regresa a la casa.
El magistrado había advertido ante la opinión pública que, tras la tutela, el presidente Petro lo había puesto en riesgo. Hoy, en lugar de mejorar, esa situación ha empeorado.
“Claro que sí. Aún me siento presionado y con un alto grado de vulnerabilidad en mi seguridad, pues desde ese momento y a raíz del trino del presidente se exacerbó a la opinión pública con mensajes subliminales que alimentan el odio, la intimidación y las amenazas, haciéndome ver como antifeminista por el simple hecho de plantear por los cauces legales una discusión eminentemente jurídica y en derecho. Precisamente, a raíz de la situación que estoy viviendo, puse el caso en conocimiento de la relatoría especial de Naciones Unidas que protege la independencia de los magistrados y abogados, a través del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional”.
“Sí existe la sensación, en mi caso personal, de que lo que me ha venido sucediendo es una forma de intimidarme y perturbar de alguna manera mi labor como magistrado”, agregó Botero.
La Fiscalía está a cargo de la investigación del vicepresidente de la Sala Laboral. Entretanto, SEMANA confirmó que, por lo menos, en dos oportunidades la Corte le ha hecho llegar mensajes al presidente sobre la sensación que hay entre varios magistrados que se sienten perseguidos.
En julio, los presidentes de las altas cortes le habían pedido al director de la Policía, el general William Salamanca, que les explicara cómo estaba manejando la seguridad de los altos tribunales. De hecho, en ese momento, en una reunión de la comisión interinstitucional de justicia, en la que también estaban presentes el fiscal Barbosa y los presidentes de las altas cortes (Suprema, Constitucional, Estado y Disciplina Judicial), se expresó la preocupación y uno de los magistrados tomó la palabra y lanzó la siguiente frase: “Se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”. Todos quedaron perplejos, ya que la Justicia en Colombia tiene enclavada desde 1985 la toma del M-19 que provocó el holocausto.
Este año en la Corte Suprema reina la preocupación e, incluso, algún caso se comentó en voz baja, pues un medio aliado del Gobierno publicó recientemente una información sobre una reunión en la que estuvo presente un magistrado. El encuentro se dio en la residencia de un abogado, a tan solo una cuadra del edificio del togado. Ese día no hubo escoltas y él llegó caminando. ¿Cómo se filtró la reunión? Él cree que lo estaban siguiendo.
Denuncias ante la ONU
Fue tal la arremetida contra el magistrado que no le quedó más remedio que acudir a organismos internacionales, como lo ha hecho Petro en otras oportunidades. En una carta dirigida a la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, Botero detalló las presiones de las que ha sido víctima no solo él, sino toda la Corte Suprema de Justicia, y solicitó una intervención.
En primer lugar, frente al mensaje del presidente por la tutela que presentó, el magistrado Botero señaló que el mandatario estaba “haciendo un llamado a las voces feministas para pronunciarse alrededor del tema, haciéndome ver ante la sociedad como un misógino, y atribuyéndome el no querer que sea una mujer la próxima fiscal general”.
Pero el asunto es más grave aún. Tal como señala el documento conocido en exclusiva por SEMANA, mostró cómo esa publicación se replicó una y otra vez en diferentes medios de comunicación del país.
“A partir de este hecho, se generan una serie de amenazas contra mi integridad personal y moral, así como una serie de insultos e improperios en todas las redes sociales, que afectan significativamente mi dignidad como persona y como magistrado de una alta corte, que guardan serio desconocimiento del derecho a la tutela que ejercí”, se lee en el documento.
El magistrado le expone con claridad a la relatora de la ONU que “los hechos expuestos demuestran un atentado contra la independencia del Poder Judicial por parte del presidente, quien encabeza el Poder Ejecutivo, puesto que a partir de un análisis subjetivo del escrito de tutela que interpuse ejerciendo un derecho constitucional, escribe de manera deliberada sus juicios u opiniones sobre el asunto que desdibujan su independencia en su papel como mandatario”.
A juicio del magistrado, que lleva más de 24 años en la Corte Suprema, no se trata de un hecho coyuntural por la tutela que presentó. Además, expone con pruebas lo que considera ataques a la independencia judicial por parte de Petro.
“Esto no se trata de un hecho aislado, pues recientemente el presidente nuevamente ataca la independencia judicial mediante sus redes sociales, como consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional en uso de sus plenas facultades judiciales”, explica el magistrado en el documento.
Incluso adjunta un mensaje publicado por Petro en sus redes sociales recriminando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de tumbar un decreto con el que el mandatario pretendía recaudar 1.000 pesos en la factura de energía para estratos 4, 5 y 6, amparado en la también fallida declaratoria de emergencia económica para La Guajira.
Por eso, el magistrado le dice a la relatora Satterthwaite: “Quisiera llamar la atención a usted, puesto que no solamente se está poniendo en peligro mi integridad por la transgresión del principio de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona de acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, sino que también se está poniendo en peligro la tridivisión de poderes prevista en la Constitución de 1991, más específicamente, afectando la independencia judicial”.
Y concluye con una explicación de la gravedad de los hechos que se están dando en Colombia por cuenta de los ataques de Petro a la justicia y sus representantes.
“No puede permitirse que se satanice y se ponga en la picota a quien piensa diferente, exacerbando a la opinión pública mediante mensajes subliminales que alimentan el odio, las amenazas e intimidaciones, en cuanto se me ha hecho ver como un misógino, un antifeminista, un machista, una persona indigna, por atreverme a plantear una controversia eminentemente jurídica y en derecho”, concluye la explosiva denuncia a la que SEMANA tuvo acceso.
El presidente Petro está en la obligación de garantizar la independencia de la Justicia y en este caso es imperativo que el Gobierno y las autoridades tomen urgentemente las medidas necesarias para garantizar no solo la seguridad del magistrado Gerardo Botero, a quien ya le reforzaron su esquema de protección, sino de todos los magistrados de la Corte Suprema. El país necesita que el proceso de elección de fiscal general de la nación se desarrolle con plenas garantías para los magistrados y las ternadas. No son admisibles las presiones, hostigamientos, seguimientos y chuzadas. Ni mucho menos las acciones contra la integridad de quienes elegirán en la Corte.