Demoledora. Así fue la imputación de cargos por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contra el exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla. La Fiscalía confirmó que las declaraciones y pruebas de los testigos estrella eran ciertas y no dudó en calificarlo como una “empresa criminal”, que compromete no solo a los dos imputados, sino también a nueve congresistas, altos funcionarios y al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro: el ministro Ricardo Bonilla, el exministro Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, ahora ex director nacional de Inteligencia.
El relato de la Fiscalía fue contundente. Los señalamientos fueron directos y con nombre propio en contra de los protagonistas, los mismos que quedaron reseñados en las pruebas entregadas por Olmedo y Sneyder, quienes rápidamente salieron a decir que nada tenían que ver con la corrupción aunque ahora las pruebas y la Fiscalía digan lo contrario.
La fiscal Andrea Muñoz le dijo en la cara a Olmedo López y a Sneyder Pinilla cómo y de quiénes recibieron órdenes para convertir a la UNGRD en una bolsa de sobornos. Salieron a relucir los nombres del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ahora exdirector de Inteligencia y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle; la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, y el director de la Función Pública, César Manrique.
El instructor
La Fiscalía explicó en detalle cuál fue la dinámica en la “empresa criminal” de la UNGRD y el rol de cada protagonista. En este capítulo aparece Carlos Ramón González, entonces encargado del Dapre. La mano “izquierda” del presidente Petro y excompañero del M-19, según la Fiscalía, fue quien le dio “instrucciones” a Olmedo para entregar los sobornos a las cabezas del Congreso.
Para el ente acusador, es clara la participación de González en el entramado de corrupción, en las reuniones, las conversaciones y en los detalles que se coordinaron para llevar en maletas los 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, entregados a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien fungió, según la Fiscalía, como mensajera.
“Coordinó, usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República”, dijo la fiscal Andrea Muñoz.
La misma “instrucción” de Carlos Ramón González la recibió Sneyder Pinilla, esta vez para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La entrega fue en Montería, en una maleta, como si se tratara de una transacción mafiosa.
“La entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien se desempeñaba como director del Departamento de la Presidencia de la República (Dapre)”, dijo la fiscal Muñoz.
El coordinador
En la radiografía de la “empresa criminal” se revela el nombre y el papel del ministro Ricardo Bonilla. Según el expediente, las pruebas y las declaraciones, fue quien coordinó el direccionamiento de los contratos que salían de la Unidad.
Se trata de contratos en varios departamentos donde, según la fiscal, estaban “interesados” los congresistas. Bonilla, de acuerdo con la imputación de cargos, coordinó con López y Pinilla quiénes serían los beneficiados con los millonarios proyectos, cuando esa no era su función. Aprobó presupuesto para la UNGRD y luego le metió la mano.
“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes”, señaló.
El ministro Bonilla no esperó a que la audiencia terminara y emitió un comunicado para advertir que los “mecanismos” del Ministerio se “confundieron” con actos ilegales y que espera que la Justicia le dé la oportunidad de defenderse.
“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, y que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”, señaló el ministro.
La intermediaria
La fiscal explicó en detalle cuál fue el papel que cumplió Ortiz por instrucción del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González. Todo un concierto para delinquir, a juicio de la Fiscalía. SEMANA conoció que en contra de Ortiz hay una investigación preliminar y, de acuerdo con fuentes del proceso, su imputación de cargos es inminente. Tendrá que responder a las pruebas, los señalamientos y hasta la ubicación de su celular en lugares donde aseguró nunca estar.
En el listado de vinculados a la investigación se conocerán nuevas imputaciones que incluyen a César Manrique, director de la Función Pública, y a Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD. Los dos, según el ente acusador, le decían a Olmedo López con quiénes tenía que firmar los millonarios contratos con recursos que habrían sido enviados desde la Agencia Nacional de Tierras.
La imputación de cargos fue el abrebocas judicial de este escándalo. López, Pinilla y el contratista Luis Eduardo López no aceptaron cargos. Solo como estrategia de defensa buscan un principio de oportunidad. La Fiscalía tiene pendiente la solicitud de medida de aseguramiento.
A pesar de todo esto, lo cierto es que, hasta ahora, los ministros y exministros del Gobierno Petro involucrados apenas afrontan una investigación preliminar. La Fiscalía no ha ido a la misma velocidad con la que ha manejado los casos de López y Pinilla. Los ministros no han sido escuchados. Se esperan decisiones.