No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, reza un reconocido refrán. Y así parece haber ocurrido con una particular demanda que emprendió la actual fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, contra la entidad que hoy dirige y la Rama Judicial por el no pago de unas “bonificaciones por compensación”. Ahora Camargo tendrá que autorizar su propio desembolso, cuando en el pasado la misma Fiscalía había argumentado que no la cobijaba.
El asunto fue largo y espinoso. Después de 12 años, la Sección Segunda del Consejo de Estado le dio la razón a Camargo. En la resolución, con ponencia del conjuez Alfonso Palacios Torres, emitió órdenes directas para que, irónicamente, la Fiscalía cumpla de una vez por todas las pretensiones de la fiscal. En contra de esta decisión no procede ningún recurso.
¿Qué pedía Luz Adriana Camargo y por qué se demoró tanto el proceso? El caso se centra en el reclamo presentado por Camargo cuando era fiscal auxiliar ante la Corte Suprema. En la acción judicial buscaba el cumplimiento del reajuste de la llamada “bonificación por compensación”, que tenía como objetivo reducir la brecha de salarios entre funcionarios de la Rama Judicial con los magistrados de tribunales y altas cortes.
Pese a que existía una resolución de 1998, que establecía el pago de manera periódica, para 2003 el reajuste no había tocado las puertas del grupo al que pertenecía Camargo. Por esto, le envió una carta a la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía para que revisara esta situación. El meollo del asunto recae en que frente a la aplicación de la bonificación eran más las dudas que las certezas sobre la forma como se debía hacer, y todas las autoridades se pasaban la bola. La misma Fiscalía, que había manifestado que iba a pagar, estaba a la espera de la venia del Ministerio de Hacienda.
En 2012, cansada de aguardar una respuesta, Camargo, junto con su fiscal auxiliar, Martha Lucía Salgar, tomó la decisión de presentar una demanda.
Tras cinco años, el 31 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló las pretensiones y ordenó el pago de lo que se les debía por salario y prestaciones sociales, aplicando una extraña fórmula porcentual de la bonificación por compensación. La Fiscalía apeló argumentando que se habían confundido los conceptos de la bonificación y que los pagos no cobijaban a las demandantes. Lo que nadie esperaba en ese momento es que esta negativa fuera para quien siete años después llegaría a tomar las riendas de la entidad.
Los argumentos no fueron de buen recibo en el Consejo de Estado, que consideró que la reglamentación era clara y las matemáticas no fallan; por esto, ordenó el pago. Por reserva del sumario y petición de las fuentes, el monto que se debe cancelar a la fiscal no será revelado. El asunto de la bonificación no es de poca monta. La omisión de estos pagos motivaron decenas de demandas y paros en la Rama Judicial.
El pasado 20 de junio se realizaron mesas informativas en todos los juzgados y tribunales del país para evaluar el cumplimiento y la posibilidad de parar de nuevo. El presidente de Asonal Judicial, Jairo Alberto Amézquita, aseguró que se evalúa un cese de actividades permanente si no se cumple lo respectivo para los funcionarios de la Fiscalía, los juzgados y los tribunales.
La fiscal Camargo tiene otra demanda en curso en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por el incumplimiento en el pago de su prima como magistrada auxiliar de la Corte Suprema, cargo que ocupó por nueve años. Ya ganó en primera instancia.