En agosto de 2022, más de 100.000 millones de pesos en bienes, supuestamente de las Farc, pasaron a manos del Estado luego de un proceso de extinción de dominio realizado por la Fiscalía. Un año después, se conoció que en realidad se trató de un escándalo judicial con testigos comprados, ofrecimientos ilegales y declaraciones inventadas.
En poder de SEMANA están las pruebas, conversaciones, audios y testimonios que enredan a investigadores, fiscales y abogados en una trampa judicial que dejó en la quiebra a una familia en Cali y que se suma a otras denuncias en similares circunstancias.
La familia Mejía Jaramillo, con un negocio de décadas, terminó metida en un lío de talla mayor. Sin saberlo, sus finanzas fueron vinculadas a las Farc, en particular a Pablo Catatumbo. Dos desmovilizados de la extinta guerrilla le dijeron a la Fiscalía que el grupo familiar era testaferro del cabecilla, ahora congresista. Los dejaron en la calle, pero la historia cambió.
Los testigos que usó la Fiscalía se retractaron y revelaron cómo fueron presionados, intimidados y hasta sobornados para declarar bajo juramento que la familia era testaferra de las Farc. El ente acusador inició una investigación que derivó en la ocupación, con fines de extinción de dominio, de la herencia familiar.
“Yo me comprometo con usted y sus compañeros que nos puedan colaborar, tenemos 50 personas detrás de este caso, y son 5.000 millones de pesos que les vamos a dar entre las 50 personas, y les vamos a dar el 50 por ciento para que lo tengan en cuenta, eso sale entre noviembre y diciembre”, señaló uno de los desmovilizados en una declaración.
Ellos entregaron detalles de cómo un fiscal de extinción de dominio, un investigador del CTI y un suboficial del Ejército se encargaban personalmente de contactarlos y hacerles los ofrecimientos económicos. Cuando los rechazaban, los funcionarios amenazaban con retirar el registro que tenían los testigos como desmovilizados en el Ministerio de Defensa y, en consecuencia, perderían los beneficios convirtiéndolos en criminales comunes.
“Incluso me dijo: si usted viene y colaboramos con estos manes, los mandamos para Estados Unidos, a usted y su familia. Yo le dije: jefe, es que me queda muy difícil irme para Bogotá, estando recién entrado a trabajar; me queda difícil pedir permiso, no tengo quien me reemplace. Como tres o cuatro veces me insistió y yo siempre le sacaba el cuerpo”, señaló en su retractación el testigo.
Los testigos arrepentidos llegaron con las pruebas. Entregaron conversaciones por WhatsApp con el fiscal, el investigador del CTI y el suboficial del Ejército. En estos chats, conocidos por SEMANA, se observa cómo aparecieron los ofrecimientos, que, ante la negativa del testigo, se convirtieron en amenazas. “Lo que pasa es que ustedes son desmovilizados y deben colaborar o si no les mando quitar el Coda (registro para desmovilizados en MinDefensa) y las cosas van a ser de otro modo.
“Espero que siga firme con nosotros y espere el juicio (…). Lo voy a mandar a recoger, cuando esté aquí en Bogotá, le doy lo prometido, los 10, para que deje de preocuparse por esos bandidos de Jesús Mejía y su amigo Pablo (Catatumbo). Los voy a mandar a la cárcel”, señala la supuesta conversación del fiscal con el testigo. Los vincularon de manera directa con Pablo Catatumbo, con las Farc. Los testigos terminaron por revelar que ni siquiera declararon; el guion, según ellos, estaba escrito. Solo tenían que llegar a Bogotá y firmar lo consignado en las declaraciones.
“Ellos me decían que tenía fincas para la parte alta de Buga y Palmira, entonces todas las personas que tengan una o dos fincas son testaferros de Pablo Catatumbo. Como ellos sabían que tenía empresas de transportes, parqueaderos, fincas, querían quitarle todo el dinero, incluso dijeron que todas esas propiedades valen 5.000 millones de pesos y que a nosotros los testigos nos iban a dar el 5 por ciento”, revela la retractación del testigo.
Los testigos terminaron por reconocer que no conocían a quienes señalaban de testaferros de las Farc, nunca los habían visto y las propiedades incautadas por la Fiscalía jamás estuvieron en los listados de bienes de la guerrilla, menos en el inventario de Pablo Catatumbo. Lo registrado en las primeras declaraciones era producto de la invención.
“Ellos me llaman, yo me siento engañado, manipulado, porque ellos me han dicho: usted debe decir como desmovilizado que esta persona era testaferro de Pablo Catatumbo, de la columna móvil Alirio Torres, y que les colabora a la Víctor Saavedra, Alonso Cortés, incluso yo nunca lo vi allá”, advierte la declaración del testigo, en poder de la Fiscalía.
El mismo Pablo Catatumbo negó conocer a los investigados, menos tener entre sus activos los bienes que fueron objeto de extinción de dominio. En una constancia que aportó al proceso y que conoció SEMANA, el ahora congresista aseguró que se trata de un montaje que se nutre con las versiones de dos “desertores”, los testigos que se retractaron.
La denuncia
La retractación se convirtió en una denuncia que llegó a la Fiscalía. Ahora es el mismo ente acusador el encargado de adelantar la investigación contra el fiscal, el investigador del CTI y el suboficial del Ejército. Un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá tiene en su despacho el expediente, las pruebas y las declaraciones que desataron el escándalo.
“Este despacho fiscal mediante resolución 00108 del 8 de marzo 2023 recibe en asignación especial la noticia criminal en la cual se encuentra en calidad de indiciado, dicho proceso se encuentra en etapa de indagación adelantando la investigación de los hechos que revisten con características de conductas punibles”, señala un documento firmado por el fiscal Mario Burgos.
Sin embargo, el daño está hecho y la herencia de la familia Mejía, oxidada en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las empresas, los vehículos y las propiedades, que a juicio de la Fiscalía estaban avaluados en más de 100.000 millones de pesos, hoy parecen esqueletos en una chatarrería. Así quedó consignado en una denuncia radicada para investigar el manejo que la SAE les dio a los bienes.
Estos, según los denunciantes, están en abandono y algunos, como camiones, desvalijados y oxidados. Fuentes de la Fiscalía señalaron que el proceso de extinción de dominio avanza en los juzgados y que, además, el ente acusador tiene otros testigos y la evidencia de la presunta vinculación con las Farc. En esa misma instancia, la familia Mejía Jaramillo tendrá la posibilidad de demostrar la legalidad de sus bienes.