Con la multimillonaria y polémica incautación de bienes al narcotraficante Carlos Felipe Toro, conocido en el mundo de la mafia como Pipe Montoya, se puede escribir una novela. Le incautaron bienes por más de 1.2 billones de pesos, entre ellos, su preciada colección de 68 relojes y lingotes de oro, pero nadie se explica cómo un juez ordena que se los devuelvan, pero eso no es todo, la Fiscalía descubrió que con el botín hicieron un cambiazo. Ahora se escribe un nuevo capítulo: el Tribunal de Bogotá advierte que las joyas son producto del narco y deben ir a un proceso de extinción de dominio, pero nadie sabe de dónde los van a sacar ni cómo encontrarlos.
SEMANA revela los argumentos del Tribunal de Bogotá y el duro reproche que hace frente a las vueltas que ha dado la fortuna incautada Pipe Montoya, heredero del cartel del Norte del Valle y primo de uno de los máximos jefes de esta organización criminal Diego Montoya, hoy detenido en Estados Unidos. La decisión judicial se convierte en la crónica sobre un presunto heredero narco reencauchado, decisiones de jueces inexplicables, un burdo robo de costosos elementos incautados y la, al parecer, imposible orden de llevarlos a extinción de dominio porque no aparecen
Esta historia comenzó el 9 de julio de 2019, cuando fueron capturados Pipe Montoya y su pareja María Fernanda Ángel, en medio de la cual también están siendo investigados a fiscales, policías y hasta una jueza. Tras meses de seguimientos y cooperación judicial con los Estados Unidos, se dio el operativo de captura en medio de una operación de extinción de dominio, en una lujosa casa ubicada entre Suba y Cota.
De forma simultánea, las autoridades ocupaban bienes por 1.2 billones de pesos y el que sería el “lavadero” de dinero de Pipe Montoya. Se trata del Criadero Nuevo Amanecer, considerado el segundo mejor criadero de caballos del país, donde hay animales avaluados hasta en 2 millones de dólares.
En su casa, encontraron 218 millones de pesos en efectivo, los 68 relojes de diferentes y exclusivas marcas, y diez lingotes de oro grabados con varios dibujos en alto relieve con las letras “Reserve Of Zimpabwe” y “one hundred trillion dollars”.
Lo que resulta inexplicable, es que un juez ordenó devolver el botín al señalado narco, con una justificación que parece traída de los cabellos. “El allanamiento al inmueble y la incautación de los bienes fueron declarados ilegales en audiencias (…) por cuanto en el lugar de la diligencia se encontraban dos menores de edad y pese a ello no hizo presencia la Policía de Infancia y Adolescencia ni el Ministerio Público”, se lee en el documento.
La decisión resultó inusual, por decir lo menos, y la Fiscalía inició una batalla jurídica en el Tribunal, mientras que Pipe Montoya y su esposa permanecían detenidos bajo cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. “Aunque la incautación de bienes haya sido declarada ilegal, automáticamente no concede licitud al bien ni su devolución en el proceso penal, pero sí procede por disposición legal el trámite de la acción de extinción de dominio. En ese sentido, no es aceptable la postura”, fue el argumento de la Fiscalía.
Y es que la operación contra este heredero del poderoso cartel del Norte del Valle no fue improvisada. “En el transcurso de la investigación extintiva se obtuvieron elementos materiales probatorios como interceptaciones a comunicaciones telefónicas, inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos públicas y privadas, dictamen pericial contable de incrementos por justificar que acreditan, en grado de probabilidad, el origen ilícito de los bienes derivados del narcotráfico, actividad que fue desarrollada por Carlos Felipe Toro, aunado obra el indictment, con lo cual queda claro el nexo de relación del origen de esos bienes con la actividad de narcotráfico”, señala el documento de la Sala de Extinción de Dominio.
La defensa de Montoya insistía, tratando de aferrarse a los elementos y dinero decomisados, que “la diligencia de allanamiento que fue declarada ilegal por violar los derechos fundamentales de los niños, hecho que tiene relevancia constitucional y legal trascendental”.
El Tribunal no encontró lógica la respuesta y el escrito de 28 páginas al que tuvo acceso SEMANA le dio la razón: “ninguna irregularidad se presentó por el hecho de que la Fiscalía de Lavado de Activos, que tramitaba la investigación penal, dejara los bienes a disposición de la Fiscalía de Extinción de Dominio, pues, al contrario, esa era su obligación legal”.
El juez incluso acudió a la pedagogía ante la insólita intención de devolver los bienes al narco, a través de un ejemplo señaló que “piénsese en que lo hallado en un vehículo o una vivienda es un cadáver o una importante cantidad de estupefacientes, o bien un lugar que es utilizado para la práctica de actividades sexuales en las que participan menores de edad, eventos en los que la diligencia ilegal declarada en el proceso penal no conduce a que deba ordenarse su devolución de todo ello”.
Para el Tribunal es claro que las abundantes pruebas fueron obtenidas de forma legal y ponen sobre la mesa el enriquecimiento de Montoya con actividades relacionadas al narcotráfico, lo que nada tiene que ver con que en la diligencia de incautación se encontraran menores de edad. Con todos esos argumentos, la decisión fue clara, “declarar legales las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro impuestas”.
Lo más sorprendente de esta novela está por escribirse. Resuelto el enigma de si había que devolverle los bienes a Montoya, hay un asunto mucho más grave. La orden del Tribunal es llevar a extinción de dominio estos lujosos elementos, pero lo primero sería encontrar quién se los robo o hizo un cambiazo en la diligencia que fue realizada en la casa del presunto narco, el 9 de julio de 2019.
Los lingotes de oro no habían sido registrados siguiendo los trámites exigidos por la ley, por lo que no existía ningún documento que estableciera su peso, autenticidad y dictamen de originalidad. Lo peor sería que los elementos que están actualmente en poder de las autoridades serían latas comunes pintadas de color oro. Los relojes no se salvaron, al parecer dejaron réplicas chimbas de los costosos elementos incautados, algunos de ellos eran de oro y con incrustaciones de diamantes.
Las autoridades siguen la pista de los negocios ilegales de Pipe Montoya, quien estuvo detenido nueve años en Estados Unidos y habría regresado para continuar delinquiendo. Rastrean a sus socios y sus movidas relacionadas con el narcotráfico, pero, al parecer, la misión más difícil es hacer que aparezca el millonario botín incautado, porque lo que se tiene no es más que latas y baratijas. Esa es otra historia.