Entre 2021 y 2022, el Fondo Colombia en Paz (Fonpaz) avaló el pago de 12.800 millones de pesos a excombatientes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre de 2016. El dinero fue chequeado como “entregado” por el organismo encargado de administrar los recursos del acuerdo de paz, pese a que los firmantes beneficiados, según los registros oficiales, ya habían fallecido.
Esta es apenas una de las “falencias” con las que se topó la Contraloría General en la revisión de las cuentas del Fonpaz, en medio de una minuciosa auditoría que quedó reflejada en un informe de 419 páginas, conocido en su totalidad por SEMANA. Allí se expusieron las inconsistencias e incongruencias en la entrega de estos pagos, que generaron un “daño al patrimonio público”.
El desorden, las falencias y los pocos soportes fueron factores constantes en los hallazgos de auditoría del organismo de control fiscal al revisar las cuentas y líneas de ejecución de los gastos del fondo. Este fue creado exclusivamente para financiar la implementación del acuerdo de paz, firmado, tras la derrota del plebiscito en las urnas, en el Teatro Colón entre el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.
Pese a lo pactado, varios excombatientes recibieron mensualmente cinco salarios mínimos legales cuando lo establecido era uno (equivalente a 900.000 pesos para el año 2016). Registraron pagos cercanos a 10.635 millones de pesos para 12 combatientes durante estos dos años. El hueco no es de poca monta, pues, según se lee en el informe, “en cuanto a la gestión ineficiente e inefectiva (...) genera un daño al patrimonio público en cuantía total de 24.422 millones de pesos”.
Como si fuera poco, un exguerrillero condenado siguió recibiendo como si nada su salario, cuando se había hecho claridad absoluta en que aquel que continuara delinquiendo o tuviera un tropiezo con la justicia perdería todos los beneficios económicos, así como los jurídicos. “Como resultado del análisis se establecieron deficiencias en la aplicación de los controles y en el seguimiento ejercido por las entidades (...) en la verificación del cumplimiento de requisitos y/o condiciones de permanencia”, aseguró la Contraloría ante estas graves fallas.
Agrega el documento que “se mantiene entonces lo observado para pagos con diferencia de ocho días entre la fecha de fallecimiento y la realización del pago, considerando, más aún, que no se determina en los procedimientos términos precisos para el desarrollo de las verificaciones”.
Los pagos también fueron entregados, sin problema ni control alguno, a recolectores de hoja de coca que participaban en los programas gubernamentales y que, según los registros oficiales, ya habían muerto o estaban en la cárcel. Específicamente, 14 jornaleros ya fallecidos recibieron la suma de 60 millones de pesos. Estas acciones llevaron a concluir la existencia de “debilidades en la finalidad de los recursos de las subcuentas y la falta de articulación del Fondo Colombia en Paz con las entidades ejecutoras para activar los mecanismos contractuales para la resolución de conflictos”.
Todo esto se traduce para la Contraloría General en un “incumplimiento” de los principios que se debían proteger para que los destinatarios de estos dineros reunieran todos los requisitos. Evidentemente, esto no ocurrió, por lo que se advierte el “incumplimiento de los objetos contractuales determinado por la supervisión e interventoría de algunos contratos con afectación directa a los objetivos establecidos en el Plan Marco de Implementación –PMI– y del Acuerdo de Paz”.
La lista de irregularidades, que pareciera no tener fin, siguió con el hecho de que no se registró el ingreso de 3.615 millones de pesos de una partida especial para obras públicas, así como la retención y traslado de 773 millones de pesos en materia de contribuciones de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia. Esta irregularidad hace referencia a que cuando se firmó el acuerdo de paz se estableció que un porcentaje del dinero recaudado por esta estampilla tendría que llegar a Fonpaz.
También debía destinarse para el fondo una parte del dinero de los contratos ejecutados en las llamadas obras por impuestos, desarrolladas por empresarios en zonas de conflicto a través de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); en este caso, en Cauca y Antioquia. Por los malos manejos, se exponen a una sanción de la Dian, pues los registros documentales están mal sustentados y ejecutoriados. La auditoría también reflejó otro posible detrimento por 1.069.882.225 pesos para obras de baja escala y fortalecimiento comunitario en los Montes de María por incumplimiento en el objeto contractual.
Estos hechos, fuera de demostrar el descontrol del Fondo, reflejaron “falencias en la ejecución del proceso de pagos directos efectuados a los beneficiarios de las subcuentas de reincorporación y sustitución. Así como inoportunidad en el procedimiento de reprogramación de pagos que resultan rechazados, dejando saldos por ejecutar desde la vigencia 2018”.
Las respuestas de las entidades encargadas no fueron satisfactorias para la Contraloría, pues determinó que, en vez de aclarar el manejo de los recursos, permite concluir el grave desorden con las cuentas, el manejo de los contratistas, las fallas en la cancelación de los convenios incumplidos y aprobaciones de las pólizas.
¿Aplicando el espejo retrovisor?
SEMANA consultó al Fondo Colombia en Paz, que aseguró que estas fallas en el recaudo y los pagos tienen relación directa y clara con “acciones u omisiones” de los contratistas y entidades encargadas. Entre estas, la Fiduprevisora S. A., que, en el papel, es la responsable de la contribución Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales del país.
Tras revisar la documentación de la Contraloría referente al desorden administrativo, se señaló que la mencionada auditoría de cumplimiento intersectorial al Fondo Colombia en Paz se adelantó con corte al 31 de diciembre de 2022, “es decir que corresponde a actividades anteriores a la gestión del actual director del Fondo Colombia en Paz, Wilmer Leal Pérez, y en su mayoría del anterior gobierno”, o sea, el de Iván Duque.
Por esto, anunciaron, se tomaron medidas dirigidas a corregir los errores administrativos en medio de un plan de mejoramiento “con el objetivo de eliminar la causa raíz que dio origen a los hallazgos”. Con el propósito de que no se presente nuevamente una situación así, se estableció un plan para reajustar las actuaciones administrativas y, de ser necesario, tomar medidas jurídicas.