La estremecedora imagen de las heridas en la espalda de un soldado profesional, víctima de un ataque terrorista de las disidencias de las Farc con drones cargados con explosivos, disparó esta semana las alarmas en Colombia. El atentado, ocurrido en la vereda Pepinal, en El Plateado (Cauca), es la prueba de que estos dispositivos aéreos no tripulados se convirtieron en la peor amenaza en medio del recrudecimiento de la guerra en el país durante el Gobierno Petro. Se trata de un plan macabro que recuerda lo que está pasando con los drones en Ucrania, donde colegios, ancianatos, hospitales y demás lugares protegidos por el derecho internacional humanitario son objetivo militar.
La utilización de drones por parte de las estructuras criminales tiene en máxima alerta a la fuerza pública, que ve cómo las disidencias están en una carrera de modernización y cambio de estrategia en la guerra para causar el mayor daño posible, a un menor costo, en sus acciones terroristas. Mientras tanto, a las Fuerzas Militares y de Policía les han recortado el presupuesto para las operaciones, muchas de sus aeronaves se encuentran en estado crítico y no pueden volar. La inteligencia también ha sido desmantelada y se ha mostrado incapaz de anticiparse, como en el pasado, para evitar los actos terroristas que se han visto, una y otra vez, especialmente en el Cauca y Valle del Cauca.
Mientras la fuerza pública frenó sus operaciones militares ofensivas contra estas organizaciones narcotraficantes, en medio del cese al fuego ordenado por el presidente Petro, las estructuras delincuenciales aprovecharon para fortalecerse. Hoy son más poderosas, el reclutamiento se disparó y regresaron a zonas donde habían perdido el control. Tienen más y mejores armas, y nuevas estrategias letales, como la de los drones.
El empoderamiento de los criminales es tan evidente que al ministro de Defensa, Iván Velásquez, no le quedó otro remedio que reconocer que el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo usaron la tregua militar para aumentar sus capacidades.
SEMANA contactó a múltiples fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y revela en qué consiste la implementación de esta nueva táctica terrorista que pone en jaque la seguridad nacional.
Reunión secreta
Este medio conoció un informe de inteligencia de las agencias de seguridad del Estado, en el que se documenta una reunión secreta que sostuvo Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de las Farc, reconocidas por el Gobierno Petro como Estado Mayor Central, quien convocó a los cabecillas de las estructuras más sanguinarias en el departamento de Caquetá, en medio del cese al fuego, con el fin de ajustar el plan criminal que incluía específicamente la introducción de drones al conflicto.
El encuentro se dio en mayo de 2023, en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá), con la mayor tranquilidad de los cabecillas, que sabían que no los iban a perseguir, gozaban de los beneficios del cese al fuego y no iban a ser atacados por la fuerza pública. Lo contrario significaría una grave violación de ese cese.
En una finca se reunieron Iván Mordisco, alias Antonio Medina, alias Alonso 45, alias Danilo Alvizú y alias Calarcá, la cúpula de las disidencias del Estado Mayor, para elaborar el plan de mediano y largo plazo para incorporar los drones en sus ataques terroristas.
Mordisco no llegó con las manos vacías a la reunión. Según el informe de inteligencia conocido por SEMANA, el jefe de las disidencias llevó dos técnicos, expertos en el manejo de drones y explosivos, a quienes les ordenó capacitar a los primeros 15 integrantes de la organización criminal para que aprendieran cómo se manipulaban estos equipos tecnológicos para fines de guerra.
El encuentro, además, tuvo como objetivo hablar sobre la creación de nuevos frentes en los que sería incorporada la terrible técnica de atacar a la fuerza pública con drones con explosivos, siguiendo el ejemplo de lo que está pasando en Ucrania, en donde un alto porcentaje de la guerra con Rusia se ha dado mediante el uso de estos aparatos no tripulados. Por ahora, la estrategia se ha concentrado en Cauca, que hoy parece tierra de nadie, y donde las Fuerzas Militares y de Policía han perdido todo el control.
Para dicho entrenamiento, los técnicos llegaron con ocho drones básicos para mostrarles a los hombres de Mordisco las funciones, especificaciones, capacidades de los aparatos y la forma de utilizarlos como un arma letal. La idea era que los 15 elegidos se fueran familiarizando con los drones, aprendieran a volar las pequeñas aeronaves y fueran ellos los encargados de enseñar y expandir esa modalidad criminal en las disidencias.
La inteligencia logró detectar también que los dos técnicos habían sido trasladados desde la frontera entre Colombia y Venezuela, zona en donde por esos meses, a mediados del año pasado, las disidencias de las Farc sostuvieron crudos combates con el ELN que dejaron decenas de muertos tirados en las vías de Arauca. Ahí se confirmó que en los enfrentamientos hubo uso de drones.
“Entregaron ocho drones que estaban acondicionados con palancas, con lanzagranadas y otras piezas que se le adaptan al dron. Esas piezas adicionales que los convierten en armas letales las están elaborando en impresoras de tercera dimensión”, señala el informe de inteligencia.
La investigación también reveló que la orden a quienes recibieron los primeros entrenamientos en el manejo de drones era que los utilizaran para tareas de vigilancia del enemigo.
Pero ahora estas aeronaves se están utilizando para atentar contra la fuerza pública, según el informe, y como se observó recientemente en la vereda Pepinal, en El Plateado. Son equipos básicos, pequeños, de fácil acceso en el mercado de equipos de tecnología y, sobre todo, económicos, frente a su capacidad de daño.
La inteligencia logró extraer de la reunión de Mordisco con sus cabecillas y los técnicos que a los equipos les están acondicionando una especie de ganchos metálicos (las piezas diseñadas en 3D) y un interruptor que funciona con un control remoto para que libere el explosivo cuando se le da la orden desde tierra.
Además, se ha establecido en los operativos en zonas rurales contra las disidencias que ya crearon sus propios manuales para repartirlos en los campamentos ilegales entre los frentes que tienen la misión de atacar a la fuerza pública.
En los manuales se establecen tres propósitos fundamentales. El primero de ellos es que los equipos serán utilizados para hacer inteligencia delictiva a las unidades de policías y militares en tierra.
“El dron lo ponen a volar, la persona que lo manipula está a unos cinco kilómetros de distancia del objetivo a vigilar y así graban los movimientos de los integrantes de la fuerza pública (...) Los utilizan, por ejemplo, para vigilar la vía que conduce de San Vicente del Caguán a Puerto Rico, en Caquetá. Ven cómo están ubicados los soldados, qué seguridad tienen, cuántos son y si tienen refuerzos en la zona”, señala el informe.
El segundo propósito, que ya está en ejecución, consiste en realizar ataques contra militares y policías, como se ha venido evidenciando en el Cauca. La información que se recopiló luego de la reunión de Mordisco puso al descubierto que después de obtener los datos de inteligencia criminal se toma la decisión de ejecutar los ataques con precisión.
El tercer propósito, según información de inteligencia, consiste en el uso de los drones para proteger sus zonas y tapar los puntos vulnerables por donde les puede llegar la fuerza pública.
“Las disidencias ahora tienen la capacidad, al igual que la fuerza pública, de hacer descubiertas, es decir, tener visuales del área donde se encuentra el enemigo y anticipar los movimientos de la tropa. Están optimizando tiempo y recursos”, se puede apreciar en el informe de inteligencia.
Pero, al parecer, las disidencias de Mordisco no son las únicas que están usando drones para actuaciones criminales. SEMANA conoció con fuentes de la fuerza pública que en el operativo que se ejecutó en el municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, en febrero de este año, en contra de alias John Tiempos, cabecilla financiero de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, fueron decomisados tres drones que estarían siendo usados para extorsiones. Mientras tanto, el Gobierno está a días de iniciar el diálogo formal con esta organización criminal, teniendo a Venezuela como sede.
Los ataques con drones contra la fuerza pública se han dado en el departamento del Cauca, donde Mordisco tiene el fortín y sus hombres. Allí se han conocido videos de las disidencias entrenando el lanzamiento de explosivos desde las alturas.
Fotografías en poder de las Fuerzas Militares dejan ver cómo las disidencias de las Farc adecúan objetos cilíndricos de color verde y negro con explosivos que mezclan con “metralla”: puntillas, tornillos, balines, tuercas, alambres y metal oxidado, para que hagan mayor daño. Los cilindros son amarrados a un gancho metálico que es ajustado al dron.
“Lo que hacen es que ellos mismos (las disidencias) modifican los drones, les instalan una especie de pinza y ahí meten las granadas. Los elevan a una distancia imperceptible para el ojo humano y luego sueltan el artefacto. Es una forma de lucha para la cual aún no estamos preparados”, dijo a SEMANA uno de los militares que operan en Argelia.
Según datos entregados por el mismo Ejército, entre el primero de mayo y el 13 de junio van 16 ataques con drones contra soldados en el Cauca, lo que muestra una dinámica terrorista creciente. Producto de estas agresiones han resultado heridos seis uniformados en los municipios de Argelia y Suárez.
“Ellos (el frente Carlos Patiño) tienen un área copada desde hace muchos años, hasta ahora logramos avanzar a inmediaciones de El Plateado, de allí para arriba ellos están muy bien organizados”, dijo a SEMANA el general Federico Mejía, responsable del Ejército en el Cauca.
El reporte del Ejército sobre el ataque ejecutado por las disidencias de las Farc en la vereda Pepinal indica que contra los militares se lanzaron seis granadas bajo la modalidad de péndulo. Fueron liberadas en tres ataques simultáneos, lo que deja entrever que las disidencias están planeando con suficiente anterioridad los ataques que cometen contra los militares, pero las alertas de inteligencia no han sonado.
Precisamente en esta zona del sur del departamento se presentaron los primeros ataques con drones hacia la fuerza pública. Todo comenzó con improvisados artefactos aéreos cargados con granadas. Sin embargo, con el pasar de los días, los criminales de las disidencias han perfeccionado la técnica, a tal punto que hoy tienen elementos para realizar arremetidas teledirigidas con un porcentaje muy alto de acierto.
Otros métodos criminales
La estrategia viene acompañada con otras formas de violencia que combinan las disidencias cuando determinan que el dron no es el equipo más efectivo para un ataque. Los grupos criminales que forman parte de la paz total del Gobierno optaron por combinar diferentes métodos de guerra y armas. Hoy, en la región del Plateado y Argelia es casi imposible caminar.
Las disidencias, al tener las raíces vivas de la extinta guerrilla de las Farc, no abandonaron la repudiable práctica de instalar artefactos explosivos en la tierra, convirtiendo los caminos de herradura en verdaderos campos de la muerte para soldados, pobladores y animales.
“Nos pusieron unos 4.000 campos minados en las partes altas porque ellos no piensan permitir que nadie les llegue, las entradas al casco urbano están monitoreadas por cámaras de seguridad, las tres entradas vehiculares están llenas de explosivos controlados a control remoto”, le explicó a SEMANA el general Federico Mejía, comandante del Ejército en el Cauca, sobre la situación en Argelia.
El reciente ataque con una moto cargada con explosivos en Jamundí, Valle del Cauca, y el atentado con tatucos lanzados desde una volqueta a la Estación de Policía de Popayán, Cauca, ocurridos en menos de una semana, prueban que las disidencias están listas para utilizar cualquier método de terrorismo sin importar si mueren niños, civiles, policías o militares.
Para el caso de Jamundí atacaron con el terrible método usado por Pablo Escobar para sembrar terror entre la población, vehículos con explosivos que dejaban abandonados en determinados puntos para que exploten al paso de las patrullas de los militares o de los policías.
De manera inexplicable, las disidencias lograron ubicar una volqueta cerca al comando de Policía de Popayán, desde donde lanzaron varios tatucos (cilindros bomba) con el fin de acabar con el mayor número de vidas de uniformados, por fortuna el hecho solo dejó heridos y daños materiales.
El asunto es tan grave que parece que Colombia hubiera retrocedido unas dos décadas en materia de violencia, nuevamente se están viendo las tomas a los pueblos por parte de las organizaciones armadas, como sucedía en la época más dura del conflicto, cuando actuaban con todo el poderío las Farc y las AUC.
Se volvieron a registrar las escenas que tanto daño le hicieron al país y que se pensó eran cosa del pasado, cuando guerrilleros fuertemente armados ingresaban a los pueblos a tomarse las estaciones de Policía, las bases militares y hasta los bancos. Así ocurrió en Jambaló, en septiembre del año pasado; y hace apenas un mes en el municipio de Morales, donde los criminales camuflados parapetados en un bingo y una fiesta hostigaron por sorpresa y durante más de dos horas la estación de Policía. Una de las imágenes que más causó impresión fue ver un disidente de las Farc con un poderoso fusil Barrett M82 tratando de derribar un helicóptero de la fuerza pública que sobrevolaba en ese municipio del Cauca, en medio de la toma de las disidencias.
La gravedad del caso es que el fusil que tenía el disidente de las Farc es similar al que usan los francotiradores de la fuerza pública que, para su manipulación, se debe contar con entrenamiento especial. Y es que el uso de los drones es una nueva y peligrosa forma de causar terror que se suma a las viejas prácticas y al abastecimiento con fusilería, ametralladoras, morteros, misiles antiaéreos y hasta con armas hechizas.
El suministro de armas para los grupos criminales se sigue dando, como ha ocurrido en las últimas décadas: intercambio de armas por cocaína, militares y policías corruptos que les venden las armas oficiales y hurtos de los equipos a los uniformados en terreno.
El poderoso inventario
Según informó inteligencia, las armas se intercambian por cocaína y se concretan en las fronteras porosas. La principal es la de Venezuela, les siguen Brasil, Ecuador y Panamá. Son de origen israelí, americano, venezolano, ruso, entre otros.
Cuentan en su inventario con lanzacohetes RPG antitanque y antiaéreo, de fabricación rusa; lanzagranadas sudafricanos; fusiles Barrett, de fabricación estadounidense; fusiles Galil, con culata plegable, de fabricación israelí; fusiles Galil ACE, de fabricación de Indumil; fusiles rusos y búlgaros AK-47; fusiles FAL, de fabricación belga; fusil Barrett .50; fusil M-16, de fabricación estadounidense; lanzagranadas Miklor MGL, de fabricación sudafricana; y fusil AKM-MPi KM, soviético.
Además, los criminales cuentan con pistolas Pietro Beretta 9 milímetros; revólveres y pistolas marca Browning; ametralladoras y subametralladoras M97-PKM- M63A, y la conocida escopeta Smith & Wesson.
El caballo de Troya
En medio del recrudecimiento del conflicto hay un tema muy preocupante y que pone sobre la mesa el desmonte de la inteligencia y contrainteligencia del país. Esta semana pasó al retiro el general Óscar Vera, el último oficial que quedaba en el Ejército, de su grado, experto en dicha especialidad. Si bien lo habían trasladado a la Quinta Brigada, y algunos lo consideraban un general acomodado en el Gobierno, otros lamentan su salida por lo que significó Vera en las mejores épocas de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. El nuevo comandante de la institución, el general Luis Emilio Cardozo, le pidió en privado que solicitara la baja. Hoy no hay un solo general experto en inteligencia en el Ejército, en medio de tantos desafíos que impone la criminalidad.
Cardozo es muy cercano al coronel en retiro Juan Carlos Mazo, hombre de confianza del ministro de Defensa, Iván Velásquez. De hecho, Mazo fue jefe de Cardozo en Indumil. Como si lo que está sucediendo con la inteligencia fuera poco, la venta ilegal a organizaciones criminales de parte de miembros de la fuerza pública, se convierte en una tragedia. SEMANA indagó en la Fiscalía, en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, donde advirtieron la gravedad de estos hechos, que no son aislados, “por lo menos semanalmente son capturados militares o policías que hacen estas transacciones y no generan relevancia porque parecen casos aislados en diferentes regiones del país”.
Para estas transacciones, que se resumen en la ilógica ecuación de militares dando armas para asesinar a sus propios compañeros, se utilizan, según explicaron, dos modalidades: desviación y armas incautadas. La primera advierte que las armas del Estado terminan en manos de los grupos al margen de la ley como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. En las seccionales del país se capturan de forma constante a militares que desde los armerillos sacan la munición, las partes y las armas completas, de inventarios en desuso, para traficarlas.
Con las armas incautadas funciona diferente. Los responsables son algunos de los encargados de las divisiones militares y almacenes de evidencia. Algunos aprovechan el desorden en los inventarios para sacar la munición y el armamento que se supone debe destruirse. Lo dan por destruido, hacen videos, toman fotos y realmente lo venden al mejor postor.
Solo por citar uno de los casos que lleva la Fiscalía, en mayo fueron capturados el capitán Gustavo Bayter Jiménez, la subteniente María Fernanda González Gamboa, el cabo tercero Thaysir Hernando Vergara y los sargentos segundos Yesith Bernardo Campo Maradiaga y Lorenzo Segura Arcos, por esta práctica ilegal. La caída de estos militares se dio por hechos que presuntamente ocurrieron en Cali, entre marzo y abril de 2023, y se conocieron cuando un supuesto integrante de las disidencias de las Farc, de la columna Jaime Martínez, inició su proceso de sometimiento y contó todo.
Semanas después, fueron capturados el soldado profesional Esinhawer Romero Moreno, el suboficial en retiro Harold Alejandro Ráquira García y el soldado profesional en retiro Sergio Lozano Morales. Todos integraron las Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento de la Cuarta y la Sexta División del Ejército y vendían las armas a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que delinquen en Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Antioquia, Meta y Chocó.
No convencionales
Otra línea con la que sostienen la guerra en el país, prohibida por el derecho internacional de la guerra, son los métodos no convencionales: cilindros bomba, balones bomba, drones, minas antipersona, granadas artesanales, minas antitanque, minas “fantasma o borradoras”, trampas bajo tierra, cañón artesanal tipo antiaéreo, artefactos explosivos improvisados tipo sombrero chino y granadas trampeadas.
El asunto es preocupante y así lo pone sobre la mesa una voz calificada como la del general en retiro del Ejército Jorge Enrique Mora, quien afirma que “el cese al fuego bilateral, que va a completar ya más de un año y medio, les ha permitido a estos grupos armados mover con facilidad y traer desde Venezuela armamento y municiones de alto calibre. Hay que recordar que para 2013 ya había información de que las extintas Farc habían adquirido misiles tierra-aire de fabricación rusa y la información que tiene actualmente la inteligencia es que se han dotado de estos equipos que son una grave amenaza para los helicópteros”.
El general (r) Mora puso el dedo en la llaga y explicó que otro de los factores críticos es el narcotráfico. “Así como sale cocaína del país, entran armas ilegales. Es un ejercicio de trueque que se da entre criminales”.
“El negocio de las armas es monstruoso y, en este caso, los proveedores las cambian por cocaína, oro, coltán, contrabando y trata de personas. Las movilizan por las rutas fluviales y terrestres que hay en Arauca, Vichada, Guainía, Meta, Putumayo, Caquetá, Nariño, por el Pacífico, y por el tapón del Darién”, agregó el general (r). Por su parte, el coronel retirado del Ejército Fabián Giraldo, experto en temas de seguridad y defensa, alertó por la gravedad que puede significar que en el país los criminales adopten la estrategia de llevar la guerra al nivel de los drones, como ocurre en Ucrania.
“Todo va en decadencia desde que surgieron los drones porque son muy precisos y tienen bajo costo. En Ucrania se están usando en una alta proporción, a tal punto que se plantea que ese país se convirtió en un laboratorio en el mundo en el uso de estos artefactos no tripulados para ataques”, señaló el oficial retirado. Dijo que las características de los drones permiten generar graves daños cuando se utilizan de forma criminal, como lo vienen haciendo las disidencias de las Farc. “Lo particular es que en Colombia las Fuerzas Militares no están preparadas para esto, ni siquiera Estados Unidos, y esto es una amenaza importante en el presente y futuro”, añadió.
El coronel (r) Giraldo indicó que los drones están clasificados en cinco categorías, pero la que le debe preocupar a Colombia es la número 1, la de los drones más pequeños, que pueden soportar pesos de hasta dos kilogramos. Eso los convierte en un arma sumamente destructiva y barata. “Con dos kilogramos de explosivos se puede afectar una patrulla, matar varias personas y, al compararlos con otros artefactos explosivos improvisados, estos tienen mayor capacidad de daño y pueden llegar a zonas de difícil acceso, como la infraestructura crítica del país”, añadió. Los drones de categoría 1 son los que están usando las disidencias de las Farc para atacar a la fuerza pública, son equipos que se consiguen en el mercado tecnológico entre 500.000 pesos y 4 millones de pesos. No se requiere ser un experto para su manipulación, basta tener buena práctica y en algunos casos, por ser de esta categoría, no tienen limitaciones para volar en zonas donde habitualmente son prohibidos.
Durante el anterior Gobierno se advirtió sobre los riesgos que generaría para la región la amistad de Irán con Venezuela, pues el país de Medio Oriente estaba entregando drones de alta tecnología al país vecino. Los iraníes le entregaron al Gobierno de Nicolás Maduro los Mohajer-2, equipos que fueron rebautizados por las fuerzas venezolanas como Antonio José de Sucre-100 (ANSU-100), tras su llegada, el 6 de julio de 2022.
El Gobierno de Maduro los presentó como el gran poderío aeroespacial y destacó que el ensamble de los sofisticados drones se hiciera en Venezuela. Los equipos fueron modernizados y artillados en ese país por la Empresa Aeronáutica Nacional S. A. (Eansa), filial de Conviasa, dedicada a la fabricación de aeronaves. De estos drones se destacan sus capacidades de reconocimiento, ataque, capacidad antitanque y personal. La situación de orden público que vive el país muestra que fracasó la política de seguridad de Petro y de su ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Pese a que la inteligencia está alarmada por el uso de los drones, en las últimas horas, desde Suecia, Petro intentó minimizar la gravedad de lo que está sucediendo. “Cualquier persona hoy usa drones, se venden en el supermercado, y pueden lanzar explosivos desde el aire. Sin embargo, también hay formas de destruir los drones y de impedir que arrojen explosivos. Estamos entrando a un nuevo escenario, pero ese escenario no representa que este tipo de organización logre o represente un reto para el Estado o para la sociedad colombiana”.
Lo cierto es que el Gobierno no ha podido contener la escalada terrorista de los grupos criminales, mientras la inteligencia de la fuerza pública empieza a mostrar un grave deterioro. Por ejemplo, en el atentado en Popayán, a pocas cuadras de la estación de Policía, las disidencias parquearon una volqueta desde donde lanzaron cilindros con explosivos y nadie se dio cuenta. En cambio, los criminales, apalancados en el cese al fuego, se han modernizado y hoy son más poderosos y peligrosos.