El magistrado Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Gustavo Roa Avendaño envío un oficio al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, denunciando que tiene fuertes indicio de que él y su familia podrían ser víctimas de un atentado.
Según la carta, revelada por Caracol Radio, Roa Avendaño asegura tener indicios de que este presunto plan criminal estaría relacionado con sus más recientes decisiones en torno a los empresarios Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud.
Según Roa, ha recibido en su celular una advertencia sobre los supuestos planes para atentar contra su vida, los cuales estarían siendo adelantados por sicarios contratados por los mencionados empresarios.
“‘Los señores de nombre Rafael Matera y un tal ‘mono’ Macías… contrataron a varios sicarios’ para hacerme inteligencia y atentar contra mi vida y la de mi familia para silenciarme”, señaló Roa en la carta enviada a Rodríguez.
En el oficio, el magistrado indica que las labores de inteligencia no han sido dirigidas solo contra él, sino que también se ha visto involucrado su hijo, quien sorprendió a un hombre tomándole fotos al vehículo en el que se transportaba.
“Asimismo, el pasado viernes 8 de septiembre de 2023, cuando mi único hijo se encontraba ingresando en su camioneta Toyota Prado al sótano del parqueadero del edificio donde residimos en la ciudad de Barranquilla, sorprendió a un conductor (al servicio de la familia de Macías) de nombre Adalberto Ortiz, tomándole fotos desde su celular a la referida camioneta Toyota de nuestra propiedad”, señala el magistrado en su carta.
Estos hechos y el eminente peligro denunciado por Roa Avendaño sobre él y su familia, lo llevaron a pedirle a la UNP entregar un esquema de seguridad a su hijo para proteger su integridad y garantizar su vida.
Los empresarios señalados emitieron un comunicado de prensa. “Como ciudadanos, rechazamos cualquier amenaza contra la integridad física de una persona, más aún, cuando están dirigidas en contra de personas que tienen el rol de administrar justicia.
En consecuencia, solicitamos a las autoridades competentes que garanticen la seguridad del Magistrado Gustavo Roa Avendaño y de su familia, así como que se avance en las investigaciones en torno a estos hechos.
De igual manera y en relación con las publicaciones de prensa en las que se relacionan nuestros nombres como presuntos autores de las amenazas en contra del señor Roa Avendaño, nos permitimos informar que en uso de nuestros derechos fundamentales, adelantaremos diferentes acciones judiciales en contra del señor Gustavo Roa Avendaño, por sus manifestaciones injuriosas y calumniosas contra nosotros”, señala el documento.
¿Qué fue lo que sucedió con Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud?
Recientemente, el magistrado Roa Avendaño ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación en contra de los empresarios Macías Vargas y Matera, quienes han sido señalados por varios exparamilitares de ser auspiciadores de estos grupos ilegales en el norte del país.
Justamente, esta decisión es mencionada por Roa Avendaño en la carta enviada a la Unidad Nacional de Protección, como lo que habría motivado la planeación del presunto atentado en su contra.
“He recibido información referente a la posible configuración de un atentado en mi contra y mi familia, que presumo se origina por las compulsas de copias que he proferido mediante Auto del 29 de agosto de 2023, en el cual ordené compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, ‘de los soportes procesales respectivos, a efecto que la Dirección de Justicia Transicional de la FGN; la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la F.G.N.; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la F.G.N. y la Delegada para las Finanzas Criminales de la F.G.N. por ser de su competencia, investiguen las presuntas conductas penales renquee podrían estar incursos por cuenta de su posible vinculación con las AUC, de Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud; así como de sus bienes y sociedades en las que los mismos tienen participación’”, es el argumento expuesto por Roa en la comunicación enviada a la UNP.
Cabe señalar que el magistrado no solo pidió investigar a estos dos empresarios, sino a un grupo de 40 personas, “terceros civiles como presuntos auspiciadores, determinantes y/o financiados del conflicto armado y de actuar criminal de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de 8 bienes inmuebles, en los que se efectuaron atroces crímenes con la facilitación de sus propietarios”.