Mario Castaño, el otrora todopoderoso congresista liberal, deberá seguir en la cárcel La Picota mientras se conoce la sentencia en su contra por 15 hechos de corrupción. Este viernes, la Corte Suprema de Justicia le notificó que no era viable la solicitud de detención domiciliaria, al considerar que no se cumplen muchos de los requisitos.
La defensa de Castaño había puesto de presente la modificación de la medida de aseguramiento por los graves problemas de salud que presenta, causadas por la “obesidad mórbida, hipertensión arterial estado tres (severa), diabetes mellitus tipo II, dislipidemia severa, tromboembolismos pulmonares asociados a embolismos”, hechos que lo han llevado a ser trasladado de urgencias e internado en unidades de cuidados intensivos en dos oportunidades, pues ha sufrido dos infartos dentro de la cárcel.
“De no ser tratadas de forma inmediata, pueden causar la muerte del paciente, debiendo además cumplir con terapias de rehabilitación cardiovascular”, precisó su defensa en la petición radicada en febrero. En el análisis del caso, la Corte Suprema manifestó que no se anexó un dictamen médico oficial del senador, por lo que no se pudo corroborar lo mencionado en la petición.
El alto tribunal le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorizar el respectivo protocolo de atención en la cárcel La Picota, de Bogotá. Igualmente, que el Instituto de Medicina Legal le realice los exámenes necesarios para un diagnóstico médico.
Castaño fue capturado en junio de 2022 luego que su nombre apareciera en el denominado escándalo de ‘Las Marionetas’, una organización liderada por él para obtener millonarios contratos en diferentes ministerios y entidades.
El 21 de septiembre de 2022, Mario Castaño reconoció su plena responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Con esta acción el congresista liberal recibirá una rebaja en su sentencia que podría fijarse en 15 años de prisión.
La Sala Especial de Instrucción remitió el voluminoso expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que emita el fallo correspondiente. En la diligencia judicial, que no duró más de dos horas, al senador Castaño se le pusieron de presente los beneficios que implica la aceptación de cargos contemplados en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000.
Castaño reconoció su participación en la estructura criminal que, con la complicidad de un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado.
El dirigente político caldense tomó la decisión de someterse a una sentencia anticipada después de sostener un careo con Nova Lorena Cañón, su mano derecha en la organización criminal encargada de obtener millonarios contratos en diferentes ministerios y entidades públicas.
En esa oportunidad, Cañón –quien negociaba un acuerdo con la Fiscalía– le manifestó al senador que tenía toda la evidencia para verificar la forma irregular en que se habían exigido sobornos para negociar los contratos y la obtención de una comisión del 10 % sobre el valor total de los mismos.
Castaño llegó a convertirse en la cabeza de una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, la cual fue puesta al descubierto y puso en serios problemas al senador liberal Mario Castaño, considerado uno de los grandes caciques políticos del Eje Cafetero, y quien se reeligió el pasado 13 de marzo con la nada despreciable suma de 68.351 votos.
SEMANA, precisamente, reveló en su momento en exclusiva el expediente en contra de Castaño. Según la justicia y el amplio expediente en poder de la Fiscalía, y ahora en manos de la Corte Suprema, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.
El pasado 15 de septiembre, el Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda que pide la muerte política de Castaño. Esto por no posesionarse el pasado 20 de julio para el período 2022-2026.