“Mi pecado es ser la mamá de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro”, es la afirmación de María del Rosario Torres Sánchez, mamá de la influyente Laura Sarabia. Ella fue mencionada por un funcionario del Ministerio de Defensa como presunta responsable, en medio de un escándalo en el que se vieron comprometidos 25.000 millones de pesos de la nómina para 52.800 pensionados, de los cuales aún están embolatados más de 720 millones.
El nombre de Torres Sánchez apareció en una auditoría del Ministerio de Defensa Nacional que se desarrolló para encontrar a los responsables del presunto error humano que se cometió y que luego de cinco meses le costó el puesto a Alexánder Alberto Cruz Gutiérrez, líder del área de nómina, a quien sin mayores explicaciones y justo después de que se presentó el error, declararon insubsistente.
La mamá de la jefe de gabinete se encuentra mencionada en el informe de la oficina de control interno sectorial del ministerio, en donde Cruz Gutiérrez, superior (jefe) de Torres Sánchez, la menciona como la supuesta causante de la novedad que generó que a miles de pensionados les llegara dinero de más a sus cuentas y a otros, por el contrario, menos de lo que les tenían que pagar.
“Que efectivamente se debió generar nuevamente los Dips de pago de nómina del mes de noviembre de 2022, porque quien los había generado inicialmente fue su espejo, el servidor público María del Rosario Torres Sánchez, y al momento de verificar la carpeta compartida no se evidencia del archivo DIPS_NON_UGG_202211-003”, se lee en el documento en poder de SEMANA.
De este modo, puso sobre la mesa que presuntamente la acción de Torres Sánchez habría sido el motivo por el cual se presentó un desorden en el pago de las nóminas de los veteranos del Ministerio de Defensa, que a la fecha aún tiene repercusiones porque no se ha podido recuperar el 100 % del dinero de más que entró a las cuentas de algunos jubilados.
SEMANA habló en exclusiva con María del Rosario Torres Sánchez, quien aseguró que no tuvo nada que ver con la situación que generó la novedad con el pago de la nómina de los pensionados.
“Llevo 22 años en el Ministerio de Defensa y ahora quieren poner en entredicho mi nombre por un tema más mediático que cualquier otra cosa. Mi pecado es ser la mamá de Laura”, reiteró Torres Sánchez.
Asimismo, dijo: “Yo no tuve nada que ver con lo que sucedió, cumplí con mis funciones. No puedo decir qué pasó porque sería irresponsable, para eso hay unas investigaciones que finalmente dirán lo que ocurrió”.
Sobre las versiones de fuentes en el interior del Ministerio de Defensa que señalan que está siendo protegida por ser la mamá de la jefe de gabinete del presidente Petro, y que por eso no declaró en la auditoría de control interno, María del Rosario Torres Sánchez afirmó que está dispuesta a entregar su versión de lo sucedido, y que el motivo por el cual no lo hizo fue porque solo llamaron a las cabezas de los procedimientos.
En el documento de auditoría se lee que solo fueron citados a responder el entonces jefe de Torres, Alexánder Alberto Cruz Gutiérrez, líder del área de nómina; Juan Carlos Barrera, director de la Dirección de Veteranos del Ministerio; Diana Ruiz, coordinadora del grupo de prestaciones sociales; Luz Amanda Morales, directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Gloria Gutiérrez, tesorera de la Dirección de Veteranos.
SEMANA indagó en el Ministerio de Defensa, y Barrera, el director de Dirección de Veteranos, dijo que la oficina de la que forma parte Torres Sánchez está conformada por 11 personas y estaba liderada por Cruz Gutiérrez.
Barrera confirmó que el pasado 5 de mayo Cruz Gutiérrez fue declarado insubsistente, pero negó que la salida de quien fue el superior de la mamá de la jefe de gabinete haya sido por haberla nombrado en la auditoría de la oficina de control interno. Sin embargo, Barrera sí enfatizó que la persona “responsable” de realizar el proceso para el pago, para el momento de la novedad administrativa, era Cruz Gutiérrez. “Las funciones las tenía él. En el proceso de nómina intervienen varias personas, pero él era la persona que tenía la responsabilidad de enviar los archivos, revisados, para tesorería”, dijo Barrera.
Aseguró el funcionario que María del Rosario Torres no tuvo que ver con la acción, que era de responsabilidad de Cruz. “Yo solo quiero aclarar que la revisión y el envío de esos archivos Dips, como se le conoce, era del líder del área de nómina”, manifestó.
Luego de presentarse la novedad que comprometía miles de millones de pesos del sector Defensa, se comenzó a rumorar, y así se lo confirmaron fuentes a SEMANA, que se habían hecho movimientos de cargos para favorecer a María del Rosario Torres y evitar que se viera empapelada por estos hechos.
Sobre dichos rumores, ella aseguró que no necesita que nadie la proteja, que lleva trabajando más de 20 años en el ministerio y que, por el contrario, gracias a su trabajo es que ha podido sacar adelante a sus hijos y a su familia, “me siento acosada”, señaló.
Por su parte, el director Barrera confirmó que sí hubo un cambio laboral en el caso de María del Rosario Torres después del episodio. Aseguró que sus funciones no fueron modificadas, pero que su oficina fue trasladada al piso del director para poder trabajar en una modernización de los procedimientos. “Ella sigue trabajando en la misma dirección, solo que ahora realiza las mismas funciones en otro lugar físico, pero su actividad sigue siendo la misma que al momento de presentarse la novedad”, explicó.
Sobre la declaratoria de insubsistencia de Alexánder Cruz, Barrera negó que se trate de una retaliación por haber mencionado a María del Rosario Torres en la autoría o como consecuencia de la novedad que se presentó con el pago de la nómina de los pensionados.
“La declaratoria de insubsistencia es una facultad que se tiene para los funcionarios de libre nombramiento y remoción”, añadió, pero nunca explicó ni dijo el motivo de fondo para tomar la decisión.
Sobre qué fue lo que ocurrió con el pago de la pensión de 58.000 beneficiarios del Ministerio de Defensa en noviembre de 2022, que comprometió 25.000 millones de pesos de los recursos públicos, a la fecha aún no hay explicaciones ni resultados de las investigaciones que digan con claridad qué fue lo que pasó, pues en el informe de control interno del Ministerio de Defensa se establecieron cinco hallazgos como riesgo de confidencialidad, pérdida de información y una eventual pérdida fiscal.
En sus conclusiones solo hace recomendaciones como la necesidad de “mejorar los puntos de control definidos, a partir de las lecciones aprendidas, con el fin de garantizar controles para prevenir, eliminar o reducir riesgos en la gestión”.
Sobre los 25.000 millones de pesos que se pagaron a los veteranos de manera desordenada y sin control, el Ministerio de Defensa ha logrado recuperar el 96,68 %, quedando 2,89 % por reembolsar, que comprende una suma de 721 millones de pesos, dinero que algunos jubilados se han negado a reincorporar y contra quienes, según el director Barrera, se iniciaran acciones legales.
Lo que quedó en evidencia con esta novedad presentada, en la que aún no se conoce quién fue el responsable, es que el Ministerio de Defensa cuenta con un sistema obsoleto que debe ser manipulado manualmente en tablas de Excel y resulta altamente vulnerable ante un error humano.