SEMANA: En la decisión más reciente de la JEP, les imputaron a diez ex-Farc más de 14 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en el caso 05 que aborda hechos ocurridos en el Cauca y Valle del Cauca. ¿Qué implicaciones tiene la decisión y qué significa una imputación de este calibre?
Roberto Vidal: Es la primera parte de unas investigaciones que cubren todos los actores armados que han estado en el territorio, incluyendo al Estado, y los crímenes que se hubieran podido cometer. Este primer auto es de las Farc, pero vendrá seguido por autos contra la fuerza pública y otros actores.
SEMANA: Las críticas a la JEP son porque no hay suficientes resultados ni sanciones drásticas contras las Farc. ¿Qué les responde a los detractores?
R.V.: Se han tomado decisiones importantes. No solo contra las Farc, sino contra miembros de la fuerza pública. Cuando la gente reclama si estas son suficientemente impactantes, yo les diría que con las imputaciones y acusaciones que hemos formulado, contra uno y otro bando, estamos diciendo que los crímenes que estas personas cometieron no solamente ofendieron a Colombia, fueron los más graves del mundo.
SEMANA: El acuerdo de paz es clarísimo en que la JEP no puede ser justicia transicional para desertores. Por ejemplo, Iván Márquez. ¿Qué pasa si se le da estatus político a la Segunda Marquetalia? ¿Volvería a la JEP?
R.V.: Es una decisión política del Gobierno y del Congreso, a ellos les corresponde tomar esas decisiones. Para efectos nuestros, la JEP tiene unas reglas de competencia que están fijadas en la Constitución y la ley, que establecen con claridad lo que nosotros podemos conocer y quién se puede someter. No es una decisión nuestra.
SEMANA: Entonces, ¿hoy en la JEP hay o no cabida para Iván Márquez?
R.V.: Con las normas actuales no hay posibilidad. Pero cosa distinta es si el Gobierno y el Congreso deciden hacer normas que abrieran una puerta para que esas personas puedan acudir a la JEP, a la justicia ordinaria o al tribunal que les parezca correcto.
SEMANA: Desde su punto de vista personal, ¿qué piensa de darles una oportunidad a personas que pasaron por encima del acuerdo de paz?
R.V.: La función de la JEP, más que el castigo, es la reconciliación. Para nosotros cada persona que salió de la JEP por reincidencia, cada persona que expulsamos o excluimos es una derrota. Mantener dentro del acuerdo a quienes honraron sus compromisos, que le cumplen no a la JEP, sino al país, ese es nuestro éxito.
SEMANA: Uno de los casos más reconocidos en la JEP es el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. ¿En qué van las investigaciones?
R.V.: Los miembros de la antigua guerrilla, en una diligencia que se llama aportes tempranos a la verdad y reconocimiento para las víctimas, mencionaron una serie de hechos que ustedes podrían llamar macrocrímenes o crímenes extraordinariamente graves, entre los cuales está el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. A nosotros nos corresponde investigarlos y, dentro de esas investigaciones que se adelantan contra las Farc, se ha abierto un capítulo, en el caso 10, que investiga el conjunto final de todos los crímenes, algunos contra la población civil, otros en clara violación de las normas de la guerra.
SEMANA: ¿La JEP sí está escuchando a las víctimas? Esa es una de las grandes críticas...
R.V.: Uno de los desafíos más grandes que tiene la jurisdicción es la participación de las víctimas. El horizonte es de nueve millones de personas. Solo en el caso de secuestro hemos recibido la acreditación de alrededor de 3.600 personas. Es un caso enorme.
SEMANA: ¿No encuentran reiteradas contradicciones y mentiras de los ex-Farc?
R.V.: Hemos aprendido en la jurisdicción que la verdad es un proceso. No es que usted se siente y me diga toda la verdad o todas las mentiras. Hay diferencias inmensas entre los comparecientes de las Farc, de los militares; entre lo que llegan a contar el primer día que creen que es la verdad, su aporte. Es el caso de los miembros del secretariado de las Farc, llegaron convencidos de que en la primera sentada habían contado todo y, cinco años después, entendieron el alcance de lo que habían hecho.
SEMANA: La reparación también es la condena de quien causó el daño. ¿Hasta dónde podrían llegar esas sanciones?
R.V.: Hemos hecho un gran avance al diseñar las primeras sanciones. No tienen el criterio solamente de ser drásticas, sino de ser efectivas. Es decir que garanticen que las personas sancionadas no reincidan y no haya repetición de los delitos. Que hagan un aporte a la reparación de los daños a las víctimas. Entonces, con esos criterios, lo que llaman sanciones son proyectos reparadores, proyectos restaurativos, que los hacemos de la mano.
SEMANA: ¿En algún momento la JEP va a pedir cárcel para los ex-Farc o el secretariado por los cientos de actos violentos en el conflicto y las víctimas que dejaron?
R.V.: Tenemos contemplado en nuestras normas la posibilidad de que un compareciente termine pagando cárcel. Eso se circunscribe a las personas que no reconocen responsabilidad, tienen el derecho de hacerlo. Eso lleva a que los acusemos, con nuestra propia fiscalía, y la Sección de Ausencia de Reconocimiento los condene. Si usted no reconoce responsabilidad, va a la cárcel, mucho menos que en la justicia ordinaria, hasta 20 años, pero cárcel. Por esa vía tenemos casos, sobre todo, de militares y exmilitares que no han querido reconocer responsabilidad.
SEMANA: ¿No habrá cárcel por el simple hecho de reconocer que cometieron delitos terribles?
R.V.: Claro, así es para las personas que reconocen su responsabilidad, haciendo un aporte sustancial a la verdad. Esto no es gratis, no es simplemente una concesión graciosa de la JEP diciendo es que los vamos a tratar pasito. No, son casos de personas que han hecho aportes sustanciales, y la sanción es pasar de cinco a ocho años de sus vidas haciendo proyectos para las víctimas. Sí, están fuera de la cárcel, pero sometidos a un sistema de restricción de derechos, que es el monitoreo de las Naciones Unidas. Estas personas serán observadas permanentemente. Hay una sanción que el contexto internacional, la CPI ha reconocido, una sanción genuina. Aquí no es que queramos ser suaves y no mandarlos a la cárcel. Yo, de hecho, creo que es mucho más fuerte ese proceso de aporte, verdad, reconocimiento y sanción propia que el reconocimiento, que no decir nada, yo no aporto a la verdad, usted demuéstreme lo que pueda, y yo me voy a la cárcel 20 años.
SEMANA: Ustedes han citado a los excomandantes paramilitares Jorge 40 y Salvatore Mancuso. ¿Qué buscan escuchándolos si no son sujetos de investigación de la JEP, incluso les han cerrado las puertas?
R.V.: Los tribunales tienen salas especializadas de Justicia y Paz creadas en el proceso de paz entre el Gobierno y los paramilitares. Esos tribunales siguen funcionando, han hecho aportes gigantescos a la investigación del conflicto y siguen teniendo la competencia. En ciertos casos, cuando se trata de personas de excepcional jerarquía o de una participación particular y específica de los paramilitares, creemos que nos podrían hacer aportes gigantescos en casos como los que estamos abriendo ahora de vínculos entre acción de la fuerza pública con paramilitares y terceros.
SEMANA: Alias Otoniel, por ejemplo, alcanzó a hablar en la JEP. ¿Seguirá entregándoles información o al estar en Estados Unidos ese proceso de aporte a la verdad se frenaría?
R.V.: Cuando una persona es extraditada, la relación judicial se vuelve muy compleja, pero nosotros en la JEP tenemos varios escenarios en los que personas que están privadas de la libertad, particularmente en los Estados Unidos, encontramos los mecanismos, como la justicia ordinaria, para que hagan aportes.
SEMANA: ¿Qué piensa de la paz total que propone el Gobierno Petro?
R.V.: Somos una institución de paz, que forma parte del sistema nacional de paz, y cuyo propósito es conseguir la reconciliación. Por supuesto que vemos con el mayor interés cualquier iniciativa que tenga el Gobierno o el Congreso respecto a la extensión de la paz y la profundización de los procesos.
SEMANA: ¿Qué mensaje envía la JEP a las víctimas que tienen dolor en el corazón, que no han sanado heridas y que no se sienten reparadas?
R.V.: Le agradezco esta pregunta. Las víctimas son el centro de la jurisdicción, que está hecha para garantizar sus derechos y encontrar los mecanismos para que los puedan ejercer. Nosotros los acompañamos y los ayudamos a llegar donde puedan, pero cada quien podrá hacer lo que pueda en este proceso tan duro del conflicto armado en Colombia.