Desde que estalló el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), que nació por la compra de 40 carrotanques por más de 46.000 millones de pesos para llevar agua a La Guajira, con un contrato direccionado con sobrecostos, y del cual supuestamente se usaron 4.000 millones para comprar la conciencia de los entonces presidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, los principales protagonistas han negado los señalamientos en su contra. Sin embargo, los chats, las fotos, el traslado del dinero, la ubicación exacta en el momento de las entregas y hasta las reuniones o cónclaves en que se dieron las órdenes, dejarían claro, como lo ha manifestado la Fiscalía, que se trató de una “empresa criminal”.
SEMANA conoció en exclusiva las grabaciones de las declaraciones del exdirector de la UNGRD Olmedo López, a la Fiscalía, los días 5, 6 y 15 de julio, y que ya reposan en el expediente que lleva la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Name y Calle, y resultan escandalosas. López no solo cuenta cómo se dieron las órdenes, quién le pidió entregar el dinero, cómo debía entregarse, sino que describe con claridad la forma como se definían las oscuras transacciones.
Aunque se dijo que Olmedo López, en la diligencia del pasado lunes en la Corte Suprema, no dio información clara de la participación de altos funcionarios del Gobierno, el exdirector de la UNGRD explicó con claridad el rol del exdirector del Dapre Carlos Ramón González; del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz y de los congresistas investigados. La diligencia tuvo de respaldo todo lo dicho y las pruebas entregadas a la Fiscalía.
“En el mes de septiembre, la orden la recibí directamente del doctor Carlos Ramón González, y esa otra reunión del 27 de noviembre se da en las oficinas del doctor Carlos Ramón González, en el espacio del salón de él, allí ya hay una explicación detallada del porqué era necesario entregar dádivas a los congresistas. En la orden recibida en septiembre, el doctor Carlos Ramón González fue directo: apoya Olmedo, hay que darles todo el respaldo. Para esa época, la situación de aprobación de las leyes en el Congreso estaba muy compleja, lo que llaman mayorías”, contó Olmedo, dejando claro cuál era la finalidad de los sobornos.
Agregó que el presupuesto se necesitaba para allanar el camino tanto en el Senado como en la Cámara. “La importancia también que no solamente fuera la Cámara, porque en el mismo día no solo recibí la orden de entregarle lo que finalmente terminaran siendo 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, sino 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name (…) se concreta el 22 con la resolución 2407, firmada por el doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda”.
¿Pero por qué la urgencia del dinero en el mes de octubre sin que aún se hubiera concretado el negocio de los carrotanques? Olmedo no se fue por las ramas: “El recurso se entregaba semanas antes de que iniciara la campaña, que era parte del proceso. Quedó claro que sí se entregaba el recurso para la campaña”.
Name y Ortiz
También se refirió a la exconsejera Sandra Ortiz, denominada en esta trama político judicial como “la mensajera”, su presunta participación en la entrega del dinero al senador Name, y la coincidencia con la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del expresidente del Senado.
“Ella me aborda, saluda muy cortés, me lleva de la mano, me corre un poquito más al rincón del salón y me dice: ‘Habló con el doctor Carlos Ramón’, yo le dije que sí, al doctor Name hay que darle unos recursos, unos apoyos para su campaña. La hija del doctor Name estaba de candidata al Concejo de Bogotá. Le dije: ‘Mira y para el doctor Calle,’ no me dejó terminar, ‘no, lo de Calle no es conmigo, pregúntele a Carlos Ramón”’, dejando claro que la cercanía era con su copartidario Name.
“Le dije (a Carlos Ramón), entonces lo del doctor Name es con Sandra, pero ella me dice que lo de Calle no es con ella. Él me dijo, ‘No, hágalo usted’, así, ya era una segunda orden, yo con lo de Calle”, explicó Olmedo sobre la entrega que, según las pruebas, se habría realizado en Montería, en el apartamento del entonces presidente de la Cámara, en el edificio K62.
Entre Name, Ortiz y González hay una coincidencia. Los tres son parte del Partido Verde que, como se sabe, ha sido manejado al antojo de González desde que era denominado Alianza Democrática M-19. Por eso, Olmedo también señaló: “Lo que noté ese día era que ella estaba acatando instrucciones y que tenía un inmenso respeto por el doctor Name, más que copartidarios, respeto y lógicamente en la estructura de su partido, su jefe superior, el doctor Carlos Ramón González”.
La plata de Calle
Olmedo contó cómo el dinero para el expresidente de la Cámara también tenía como destino las elecciones, en particular la de la Gobernación de Córdoba a la que aspiraba su hermano Gabriel Calle, y la alcaldía de Montelíbano, para la cual era candidato su papá, Gabriel Calle de Moya.
“Recibo la orden que tenía que darle al doctor Calle, que por esa época tanto su padre como su hermano eran candidatos: su padre, a la Alcaldía de Montelíbano; su hermano, a la Gobernación del departamento. Revisados los resultados electorales, prácticamente su padre ganó en un empate técnico, cerca de 48 por ciento contra 45 por ciento, en Montelíbano, contra su contendor. Unos días antes era probable que hubiera perdido las elecciones”, afirmó el exdirector de la UNGRD.
Luego hizo referencia al hermano, Gabriel Calle, excandidato a la Gobernación, de quien dijo: “Es derrotado casi que doblado, pero es que era el presidente de la Cámara, que hizo campaña con nosotros en el departamento de Córdoba para la Presidencia. Hubiera sido un desastre que quien presidiera la Cámara perdiera las elecciones a la Alcaldía y a la Gobernación”.
La Comisión de Crédito
El escándalo por el saqueo en la UNGRD tiene dos capítulos. El primero es el de los carrotanques de donde habría salido la plata para Name y Calle. Pero la segunda parte tiene que ver con la compra de los votos de los congresistas de la Comisión de Crédito Público, que se habría hecho a través de contratos por 92.000 millones de pesos en Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y la zona del río Bojaba, en Arauca.
En este capítulo, los salpicados son los congresistas Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bitar, Wadith Manzur y Julio Elías Chagüi.
Sobre este tema, Olmedo López dijo a la Fiscalía y ratificó en la Corte Suprema que “los hechos que sucedieron posterior a esa fecha del 27 de noviembre corresponden a hechos diferentes, pero similares a los carrotanques. Tienen que ver con beneficios aforados y con órdenes de ministros, que tuvieron que ver en el mes de septiembre, con la real posibilidad, que terminó siendo una realidad cierta, de la llegada de 700.000 millones de pesos a la UNGRD”.
Incluso salpica en este capítulo al exministro del Interior Luis Fernando Velasco. “Señora fiscal, todo dependía de quién para esa época se convirtiera en ministro del Interior, quien estuvo durante un mes como director encargado de la UNGRD y, en el mes de noviembre, nos hace la exposición de las negociaciones para lograr votos en las comisiones que él tramitaba y que él acordaba a cambio de contratación”.
Mientras desde la otra orilla, pese a todas las pruebas que se han entregado, afirman que lo dicho por los principales testigos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, es falso, en la misma diligencia el exdirector de la entidad se tomó un espacio para ratificar sus denuncias. “Señora fiscal, estoy hablando mirando aquí y no mirando al tablero donde están las diapositivas, porque estas diapositivas se construyeron con hechos que yo narré, nadie más, por eso la miro al rostro”, afirmó Olmedo, lanzando una sentencia para quienes desde el primer día han tratado de desmentirlo.