La anunciada entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra, en Córdoba, en la que fueron protagonistas el presidente Gustavo Petro y el exjefe de los paramilitares Salvarote Mancuso, quienes incluso intercambiaron sombreros en la tarima, terminó desatando una polémica. El motivo: pobladores de la región denuncian que los predios que les fueron quitados a los sanguinarios paras alias Macaco y alias Cuco Vanoy están siendo entregados de manera irregular a gente que llega en buses de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que no son de la región. Se preguntan: ¿qué pasó con la tierra prometida?
SEMANA revela esta denuncia que fue entregada al presidente Petro, a la procuradora Margarita Cabello, a la fiscal Luz Adriana Camargo, a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la ONU y hasta al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Además, pobladores de la zona hablaron con este medio y advirtieron el temor por la presencia de “gente extraña que hace rondas en motos, en la zona de la hacienda La Argentina”, donde se dio la publicitada entrega.
La denuncia es muy delicada, pues pondría sobre el tapete que la promesa de devolver la tierra a sus verdaderos dueños, que habitan en la zona, no se estaría cumpliendo; las entregas se estarían haciendo a dedo, a criterio de la Agencia Nacional de Tierras, y a espaldas de las víctimas del terror paramilitar. Juan Felipe Harman, director de la entidad, se defiende y asegura que sí cumplió con la promesa, acogido a las normas y que las críticas provienen de un clan político de la región.
Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por el abogado y defensor de derechos humanos Álex Alberto Morales, quien representa a los pobladores que no fueron beneficiados y que están atemorizados por la presencia de personas extrañas en la región. No es para menos, ellos saben lo que es vivir en medio de la guerra.
“La sorpresa del campesino fue inmensa cuando empezó la ocupación de la finca por personas extrañas a la comunidad, que fueron traídas en vehículos de la ANT, lo que ocasionó inconformismo, zozobra y temor en la comunidad. Por eso solicitaron la presencia de líderes sociales y defensores de derechos humanos para que denunciaran las irregularidades”, se lee en el documento.
Lo que no mostraron las cámaras ese día en el que el presidente Petro, el exparamilitar Mancuso y el director Harman compartieron tarima y entregaron simbólicos azadones como reemplazo de fusiles, fue la molestia de los pobladores, que protestaron y fueron reprimidos. Califican el acto como una farsa.
“El inconformismo de las víctimas del conflicto, mujeres, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos se trasladó a otras fincas del sur de Córdoba, Las Vegas, Tierra Grata, Carcajada, convirtiéndose en una protesta campesina para que se revaluara el proceso de entrega. La respuesta fue la represión con el Esmad y la utilización de personas no uniformadas, agrediendo, estigmatizando y atropellando con fuerza física, gases y granadas aturdidoras”, se lee en la denuncia que ya está en poder de las autoridades.
Sin embargo, no se trata solo del documento. Personas que habitan la región, con temor, ponen la cara para reclamar su derecho a la tierra prometida en discursos de plazas llenas. Una de las campesinas, que se identificó como miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda 72, advirtió que le están vulnerando los derechos.
“Estamos en una lucha donde vemos que nuestros derechos han sido violentados. De un día para otro ha habido un cambio que nos tiene angustiados. ¿Por qué? Soy una persona que nació aquí, me he criado aquí, mi papá fue uno de los fundadores de esa vereda en el año 72, por eso lleva ese nombre, Vereda Colonia 72. Nuestro espacio, nuestro territorio, ha sido invadido”, dijo la angustiada líder.
La preocupación no es solo por lo que consideran una “invasión”. Para esta mujer, el principal temor es que les hace recordar tiempos de la guerra. Cuenta que, desde hace dos semanas, coincidiendo con la entrega, hay personas en moto que no son de la región y que patrullan la zona. Afirma que llegaron con la toma de la hacienda y bloquearon el camino de los pobladores hacia las fuentes de agua.
Por eso, en la denuncia señalan: “Desmentimos los pronunciamientos de la Agencia Nacional de Tierras. No es cierto lo aseverado por este organismo, donde hablan de la entrega para las comunidades campesinas del sector del sur de Córdoba, sabemos que es un proceso lleno de vicios, que toca líneas de la ilegalidad”.
Y agregan, haciendo un llamado al mismo presidente Petro: “Pedimos que el Gobierno, en cabeza del señor presidente, revise la política de ordenamiento social de propiedad rural y acceso a la tierra para las víctimas del conflicto armado y de los campesinos de protección especial”.
SEMANA se comunicó con Juan Felipe Harman, director de la ANT, por esta delicada denuncia y rechazó la acusación. “No, eso es falso. Todas las personas que recibieron tierra son parte del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista. Nosotros elegimos de la base de beneficiarios a partir de los comités municipales de reforma agraria, eso lo establece la Ley 160”, afirmó Harman.
Para el funcionario, encargado en buena medida de la promesa de reforma agraria del presidente Petro, detrás de las molestias están intereses políticos, en particular de un concejal, parte de un clan político que tenía el control de estas tierras. “Acá no había campesinos, eran 5.000 hectáreas con 4.000 cabezas de ganado manejadas por políticos que nunca pagaron un peso de arriendo al Fondo de Reparación”, aseguró Harman.
En sus redes, el director de la ANT publicó que “es fundamental que las autoridades de policía investiguen a David Jorge Márquez, concejal del Partido de la U, de Buenavista, Córdoba, y su relación con alrededor de 5.000 hectáreas que eran de Macaco y han sido explotadas económicamente sin contrato de arrendamiento”. La misma solicitud hizo el presidente Petro.
Pero una cosa es lo que se plantea desde Bogotá y en las redes sociales, y otra el temor que sienten los pobladores. Una campesina habitante de la zona que estuvo en la protesta está aterrorizada por la llegada de motorizados que no conocen, pero que están haciendo guardia.
“Mi hija estudia afuera de la vereda, se tiene que desplazar tipo seis de la mañana a estudiar. Veo esos cruces de motos, uno no conoce quién está pasando. Tengo miedo de mandarla al colegio porque son motos con hombres que jamás he visto, mujeres, carros”, manifestó la pobladora de la Vereda Colonia 72.
La polémica está servida y la denuncia es grave, pues son personas de la región quienes levantaron la mano para reclamar que “las promesas del cambio no se han cumplido y, por el contrario, se están beneficiando a personas escogidas desde un escritorio”. La simbólica entrega de herramientas para trabajar la tierra, que generó debate nacional por la aparición de Petro y Mancuso como aliados, podría convertirse en un enrarecido evento, con falsos beneficiados, tal como en el pasado hubo falsas desmovilizaciones.